El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está estudiando recurrir, de manera excepcional, a magistrados de la Sala de lo Militar para que cubran plazas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo para evitar el colapso que prevén en el funcionamiento del tribunal que se encarga de resolver, entre otros asuntos, los recursos contra el Gobierno. La medida es un parche ante el bloqueo del Poder Judicial, que impide el nombramiento de jueces en estamentos claves de la Justicia.

El Tribunal Supremo, que integran cinco salas (civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar) con 80 magistrados, perderá este año una decena de sus jueces (ocho por jubilación y dos que han fallecido) y, debido al bloqueo del Poder Judicial, no se han podido cubrir esas vacantes. La mitad de las bajas se ha producido en la Sala de lo Contencioso-administrativo, la que tramita más asuntos y también la que tiene más magistrados.

Advierten de dificultades serias en el ejercicio de la Justicia

Fuentes del Poder Judicial han advertido, según El País, que en estos momentos no hay grandes problemas para resolver los recursos que tramitan cada una de las secciones del Supremo, pero que en los próximos seis meses surgirán dificultades serias. Por ello, ante el bloqueo de la Justicia por la negativa del PP a negociar con el PSOE la renovación del CGPJ, esté órgano está valorando una solución de emergencia que podría aplicar a partir de los primeros meses de 2022 y que consistiría en que magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, la que menos carga de asuntos soporta en la actualidad, puedan compatibilizar su trabajo con el de la Sala de lo Contencioso-administrativo, donde podrán ir destinados en comisión de servicio como medida excepcional para evitar el colapso de este órgano por falta de jueces.

Entre las distintas posibilidades barajadas por el CGPJ ha estado el fichaje de magistrados de lo contencioso-administrativo del Supremo que estuvieran jubilados o de jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Naciona, pero ambas opciones han sido descartadas y se ha preferido que magistrados de la Sala de lo Militar, que son especialistas en el área de lo contencioso-administrativo, puedan realizar esas tareas.

Ocho bajas y 40 cargos con el mandato caducado

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, con 31 magistrados, terminará este año con seis bajas (por fallecimientos o jubilaciones). Además, hay otros 40 cargos judiciales con el mandato caducado que siguen en sus puestos en audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia sin poder ser renovados. Esas vacantes no pueden ser cubiertas por la falta de consenso entre los dos principales partidos y por la reforma legal vigente que impulsó el Gobierno y sus socios en el Parlamento, que prohíbe al CGPJ hacer nombramientos cuando tiene su mandato caducado, como sucede desde hace ya más de dos años.

La Sala de lo Contencioso-administrativo debe pronunciarse en los próximos meses sobre dos recursos que piden anular decisiones con connotaciones directas para el Gobierno: los indultos a los independentistas condenados por el procés y el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. 

Poer el momento no parece que la situación de bloqueo vaya a superarse debido a las posiciones encontradas el Gobierno y el PP. La pretensión del líder popular, Pablo Casado, es que Unidas Podemos quede fuera de los nombramientos y que, por otra parte, sean los propios jueces, y no los grupos políticos, los que elijan a los miembros del Consejo. Para ello esgrime las directrices del Consejo de Europa y de la Unión Europea que defienden dar el poder del voto a los togados para asegurar la separación de poderes, lo que en España requeriría cambiar la ley vigente. Una propuesta que no respalda el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que rechaza cambiar la ley para que los magistrados se elijan a sí mismos y defiende la fórmula parlamentaria actual.