Hoy en el Parlamento extremeño se celebraba una sesión plenaria para que la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, explicara dónde va a aplicar los recortes para cumplir la cifra de 3.000 millones que ha exigido el ministro José Ignacio Wert.

Recortes en Educación
Después de anunciar los ya típicos aumentos de la jornada laboral para profesores o el incremento de la ratio de alumnos por aula, Nogales ha defendido que se haga una "reflexión en profundidad" sobre "qué universidad necesita Extremadura" y ha invitado a la UEx a participar en dicha "reflexión sobre su futuro".

A las puertas
Gestos de diálogo para la galería mientras fuera del Parlamento de todos los extremeños seis estudiantes, representantes de la asociación Alcampus, se quedaban fuera, sin poder escuchar los recortes con que les castigaba la consejera. La semana pasada avisaron a los servicios de la Cámara de su intención de acudir al Pleno, a pesar de que no es necesario, pues se puede asistir a las sesiones con sólo identificarse en la entrada.

Informes policiales
Sin embargo, cuando han acudido hoy se les ha impedido la entrada alegando que no había sitio suficiente. Lo que era falso, como han podido comprobar gracias a las imágenes tomadas en el interior por los periodistas. Lo sorprendente ha llegado cuando, según ha narrado a ELPLURAL.COM el presidente de Alcampus, Felipe González, les han dicho que no podían entrar porque el presidente de la Cámara tenía "informes policiales" de ellos en los que se asegura que son "violentos y provocadores de altercados".

"Actos ilegales"
Mientras, en Madrid, el principal instigador de la criminalización de los opositores, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advertía de que no permitirá acampar al 15-M en la Puerta del Sol porque "las acampadas son actos ilegales". El movimiento reivindicativo había anunciado su intención de volver a la emblemática plaza entre los días 12 y 15 de mayo para conmemorar las protestas que hace un año hicieron que decenas de miles de ciudadanos salieran a la calle para pedir una sociedad más justa.

Las acampadas que Rajoy no veía
Parecía difícil pero el Gobierno de Mariano Rajoy se está empeñando en ser más autoritario que el de José María Aznar. Las "acampadas" que ahora pretende disolver el ministro del Interior no parecían tan dañinas con el anterior Ejecutivo del PP. A finales de enero del año 2001, cerca de 1.500 exempleados de Sintel plantaron sus tiendas en el Paseo de la Castellana. Allí estuvieron durante más de seis meses, exigiendo los salarios que se les debían. A los pocos meses de iniciarse la acampada, se convirtió en ministro del Interior el mismo Mariano Rajoy que ahora echa mano de medidas represivas. Pero en aquel entonces nadie se atrevió a desalojar a los despedidos de Sintel.