La titular del Juzgado número 8 de Valencia que instruye el 'caso Erial', María Isabel Rodríguez, rechazó una oferta de colaboración del exministro Eduardo Zaplana para agilizar la investigación y contrarrestar así uno de los principales argumentos por los que continúa en la cárcel, el riesgo de destrucción de pruebas.

El expresidente de la Generalitat valenciana hizo su ofrecimiento a la jueza en octubre pasado, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido en el escrito, en el que Zaplana decía estar dispuesto a firmar "cuantos documentos sean necesarios" para autorizar el acceso del juzgado a la información contenida en "cualesquiera entidades financieras, agencias o sociedades de valores, agencias inmobiliarias, registros públicos o privados, despachos de abogados, gestorías o cualquier oficina" sobre cuentas bancarias, bienes y otros productos financieros.

La Justicia no necesita la colaboración de Zaplana

La defensa de Zaplana expone en su escrito que con esta oferta, los investigadores podrían acceder "en cuestión de días" a los datos para confirmar o descartar las sospechas, cuando el procedimiento habitual de auxilio judicial para lograr información internacional demora las respuestas durante "muchos meses, años e incluso se han conocido casos en los que nunca se ha llegado a contestar".

El exministro de Aznar asegura que no cuenta con patrimonio en el extranjero, pero expresa su "voluntad de colaborar" con los investigadores para que comprueben las sospechas y agilizar los trámites "habida cuenta que el secreto de las actuaciones y la privación de libertad puede prolongarse en el tiempo excesivamente".

En un auto fechado el 15 de noviembre, la jueza rechaza la oferta de Zaplana porque, según le recuerda, su autorización para la obtención de datos "no es necesaria para la investigación", porque los órganos judiciales "tienen potestad para solicitarlos directamente".

"Hay un riesgo evidente de fuga"

La jueza reprocha al exministro que quiera "dar la imagen" de colaboración, a pesar de que "es sabedor de la presunta utilización que ha hecho de personas y sociedades interpuestas para llevar a cabo los delitos que se le imputan". Además, subraya que Zaplana sigue en prisión por el "riesgo evidente de fuga ante el anuncio de penas elevadas", a pesar de que padece leucemia, una enfermedad que requiere de seguimiento médico. "Hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales", zanja la magistrada.

Los investigadores afirman que en las últimas semanas han visitado varios países, fundamentalmente en Sudamérica, donde presuntamente Eduardo Zaplana oculta un patrimonio oculto de alrededor de 10 millones de euros procedente de comisiones cobradas durante su etapa como presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002. 

El exministro de Trabajo permanece en prisión desde el pasado 24 de mayo, acusado de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.