Este jueves la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha atribuido a Lucía Figar, quien fuera consejera de Educación de la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Parece que la sombra de Fígar es alargada, pues horas después los invstigadores han vincula al director de Comunicación del Ministerio de Educación, Pablo Balbín Seco, con el caso Púnica y le atribuye delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias cuando era jefe de prensa de Figar.
En un informe enviado por la UCO al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, se reiteran las sospechas sobre Figar y sobre el exviceconsejero de Educación Manuel Pérez, quien la sustituyó tras su dimisión por este caso en junio de 2015.Para la UCO, "queda patente" que en la Consejería que dirigía Figar "se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería", que realizó la empresa EICO, vinculada a la trama Púnica de Francisco Granados.
La Guardia Civil llega a estas conclusiones en el citado informe sobre "supuestas irregularidades cometidas en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid relacionadas con Alejandro de Pedro", considerado "conseguidor" de contratos para la red Púnica.
En sus conclusiones finales, la UCO cree que los informes mensuales de reputación online que hacía EICO para Figar y que se pagaban con dinero público "eran entregados directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín", y además afirma que de diversos correos electrónicos se deduce que Figar "no era ajena al contenido de los informes".
