Una sentencia firme
La Fiscalía entiende que “admitir como objeto de este procedimiento el interés que dichos vagones podían tener para la investigación de la Audiencia Nacional no deja de ser una revisión de la instrucción judicial que ya fue objeto de enjuiciamiento y de sentencia firme”.
La Gaceta dice que Cillán mantiene viva la instrucción
Pero La Gaceta insiste, en su edición de este miércoles, en que Cillán “mantiene viva la instrucción de los atentados del 11-M” y “está dispuesta a llegar hasta el final para esclarecer una cuestión crucial: quién ordenó destruir, desguazar y, en su caso, reparar los trenes explosionados en ese día fatídico”.
Cillán pretende tomar declaraciones a cargos de Renfe y la Policía
La polémica magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, pretende tomarle declaración a los que participaron en el desguace de los vagones, a directivos de Renfe y del Cuerpo Nacional de Policía, entre otros cargos. Cillán menciona en su informe al director general de Emfesa, que es la empresa que ejecutó el desguace; Carlos Simón Fernández, director general de Remimfer, la empresa encargada de realizar el presupuesto de reparación general de trenes e instalaciones después de los atentados; y a Mariano Garrido García, director gerente de Renfe Cercanías, entonces.
En diciembre, La Gaceta acusó a la Fiscalía de acosar a la juez
El pasado 8 de diciembre La Gaceta acusó a la Fiscalía de acosar a la juez por intentar reabrir el caso del 11-M, con motivo de una inspección del Consejo General del Poder Judicial al Juzgado del que es titular Cillán. El director del diario de Intereconomía, Carlos Dávila, en su columna escribió: “Hay una juez que ha reabierto, por un vericueto legal, la mayor matanza terrorista de la historia de España, y esta juez, de la que se cuenta y no se acaba, pero que los tiene donde hay que tenerlos, ha empezado a descubrir cosas que no le gustan nada a Rubalcaba y, desde luego, a aquel juez, Gómez Bermúdez (…) La juez está siendo cercada, acosada, porque se ha vuelto curiosa”.
El caso de la discoteca Moma
Al día siguiente se supo que detrás de la inspección del Consejo General del Poder Judicial no había ningún acoso relacionado con el 11-M, sino una denuncia presentada por una secretaria de la magistrada por “irregularidades en un determinado procedimiento penal”, como reconoció el propio diario de Intereconomía. El procedimiento en cuestión trataba del cierre de la discoteca madrileña Moma y la queja de la secretaria judicial se basaba en que la juez no le pasaba los autos del caso.
Pedro J. también la mostró como heroína
Coro Cillán ha sido convertida por parte de la derecha mediática en la heroína de la teoría conspiranoia sobre el 11-M. En marzo del año pasado, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, llegó a afirmar que la juez es la que iba a cabar con la carrera de Rubalcaba por su empeño en reabrir este caso.
La trayectoria franquista de Cillán
Sin embargo, no parece que su trayectoria política ni profesional la eleven a la condición de heroína. Como contó ELPLURAL.COM, en 1979 Coro Cillán se presentó como número dos de las listas de Unión Foral del País Vasco por Guipúzcoa, una coalición que integraron conocidos ministros de Franco.
Irregularidades en su trayectoria profesional
En cuanto a su trayectoria profesional, según informaciones publicadas en El País, Coro Cillán fue sancionada por retrasos injustificados en el año 1999, y en 2001 volvió a cometer esta misma falta. El Poder Judicial reflejó 34 retrasos graves en procesos civiles y 14 en penales.
Reiteradas faltas
Según la citada fuente, en algunos casos, la juez celebraba las vistas y se tardaba luego más de tres años en redactar las sentencias. Y en calidad de oponente, Cillán escribía borradores de sentencia que luego no entregaba a sus compañeros de tribunal o que eran rechazados por éstos por no recoger los argumentos acordados durante la deliberación del asunto del que se tratara.
Se le suspendió por dos años
Una de estas faltas de la juez provocó que el instructor y el fiscal solicitaran su separación definitiva de la judicatura debido a reiteradas sanciones anteriores, pero el pleno del Consejo consideró que los hechos no tenían entidad suficiente para la máxima sanción que se le puede imponer al juez”, y se le aplicó la suspensión de funciones durante dos años.
