La extrema derecha española impone su mazo y dicta sentencia. En Murcia, los alumnos deberán contar con el consentimiento expreso de sus progenitores para recibir charlas en materia de inclusión LGTBIQ+. Si bien PP y Ciudadanos forzaron a los de Abascal a retirar cualquier mención expresa a la retirada de fondos a asociaciones del colectivo, en materia educativa consiguieron imponer su versión levítica de la situación.
De hecho, basta echar un vistazo al documento de requisitos que la formación de extrema derecha puso sobre la mesa a PP y Ciudadanos para apoyar la investidura de Fernando López Miras en una región convertida en feudo popular tras 24 años de gobernanza ininterrumpida.
“Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. Para ello, se reforzarán las labores de la Inspección de la Consejería de Educación de la CARM para evitar el adoctrinamiento político en las aulas”, reza una de sus medidas. Pero no es la única.
El tan mencionado Pin Parental de Vox, creado para luchar contra el “adoctrinamiento de género”, llevado a las aulas murcianas: “Los padres tienen derecho a ser informados y poder elegir el tipo de educación moral que reciban sus hijos. Se garantizará la obligatoriedad de consentimiento expreso con el objeto de que los padres puedan decidir la asistencia o no de sus hijos a enseñanzas, charlas, talleres o actividades escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos morales, o sexuales”.
Es una de las medidas fetiche de la extrema derecha española. Punto cúspide de su programa electoral que no han dudado en defender cada vez que han tenido voz y voto. Andalucía en los Presupuestos, Madrid y Murcia en las negociaciones, por no contar las regiones en las que, desde la oposición, han pedido el nombre de todos aquellos activistas que den charlas en los centros públicos, saltándose a la torera que se trate de datos de carácter personal y reservados.
Un ejercicio que tiene como fin estigmatizar la imagen del colectivo LGTBIQ+. Ahora, en Murcia, el moralismo de los padres primará sobre el programa educativo de los centros públicos.
