La macroperación policial de la Guardia Civil contra la corrupción en el Canal de Isabel II, que ha desembocado en la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, arrancó con una denuncia presentada ante la Fiscalía por el propio Consejo de Administración del Canal contra el anterior consejo. Es decir, una denuncia de la etapa de Cristina Cifuentes contra el legado de su predecesor, Ignacio González.

En dicha denuncia se apuntaba a la compra en 2013 de una empresa brasileña, Emissao Engenharia e Construccoes, por valor de 21,4 millones de euros. La empresa, se considera, no valdría en realidad más de 5 millones de euros.

La denuncia fue presentada el 1 de julio de 2016, aunque ELPLURAL.COM informó un mes antes de que se estaba preparando esta ofensiva del Gobierno de Cifuentes. Una iniciativa que deja en muy buen lugar a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que en el fondo también lava su imagen. La nueva lideresa se presenta así como una luchadora contra la corrupción que rompe con el pasado del Partido Popular, aunque en realidad ella también estuvo allí.

Porque la denuncia presentada que nos ha traído hasta hoy parte desde un Consejo de Administración que está controlado por miembros del actual Gobierno, como son los consejeros de Presidencia, Ángel Garrido; Medio Ambiente, Jaime González Taboada; Transportes, Pedro Rollán; Economía, Engracia Hidalgo y otros altos cargos también designados por la voluntad de Cifuentes.

Pero tampoco se puede obviar que, en el Consejo de Administración que aprobó la presunta compra fraudulenta que se investiga, también estaba Cristina Cifuentes. Porque la adquisición de la empresa brasileña se realizó en 2013, mientras que Cifuentes formaba parte del Consejo desde marzo de 2012, como se ve en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y siguió en el cargo hasta 2014.

Desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid explicaron a este periódico que “precisamente” entre otras cosas lo que se denuncia es que la compra (realizada siendo presidente de la Comunidad Ignacio González, y del Canal su hombre de confianza, Salvador Victoria) se llevó a cabo ocultando información al Consejo. O sea, los consejeros fueron engañados. No sabían. Es más, que de haber sabido todo, la compra no se hubiera hecho.