Francisco Correa, el gran capo de la trama de corrupción política Gürtel, que supuestamente pagó los caprichos de distintos líderes del PP, comisiones, regalos y viajes (diputados, senadores, eurodiputados, presidentes de CC AA, consejeros, alcaldes, entre los perceptores), también organizó una gran cacería en la finca ciudadrealeña “El Gargantón” donde se dieron cita gran parte de la flor y nata de la llamada escopeta nacional, según recoge la Cadena Ser, que cita como fuente principal la documentación hallada en  las cajas inéditas del sumario del caso Gürtel que investiga todavía el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, y a las que ha tenido acceso la emisora del Grupo Prisa.

Medio centenar de invitados de postín
Documentación en la que consta la relación provisional de invitados, entre los que se encuentran, además del propio Francisco Correa, destacados empresarios y conseguidores del mundo financiero y del ladrillo. Miguel Blesa y Luis Bárcenas, primer y último invitado, respectivamente, integran esta interesante lista en la que también figura Alejandro Agag, el exministro Eduardo Zaplana, Plácido Arango, Alberto Cortina o Emilio Ybarra. (Ver relación).



Agag y Zaplana lo desmienten
Sin embargo, siempre según la emisora de Prisa, el yerno del expresidente José María Aznar ha negado haber participado en esa cacería. Negativa suscrita también por Eduardo Zaplana, quien, incluso, asegura que en esa fecha, entre el 14 y el 16 de febrero de 2002, se encontraba de viaje en el extranjero. El resto de invitados, con mujeres incluidas, recibieron un trato especial, regalos, traslados en vehículos todo terreno de alta gama propiedad de la casa Land Rover, empresa que en principio corría con los gastos ocasionados en la cacería, según la factura girada por Special Events a esta marca de coches, que desembolsó 62.719 euros por el fin de semana montero. (Ver facturas 1-2)

Hoja de ruta
Está claro que estas cacerías/negocio tienen lugar todos los fines de semana en Ciudad Real, provincia que alberga la gran mayoría de las fincas de caza de la élite española (El Rincón de los Cachos, La Garganta, El Castañar, La Salceda, La Dehesa del Lobillo, Las Navas…). Grandes latifundios propiedad de Botín, Abelló, Conde, Cortina, Agudo, Entrecanales o Lord Casvendish, entre otros. Y eso lo sabía perfectamente Francisco Correa, por lo que no es casual la elección de esta provincia para organizar la citada cacería,  que contaba con una detallada hoja de ruta que recogía hasta el último detalle del prolongado  fin de semana cinegético (de jueves a domingo), según consta en el “boceto del programa” (ver boceto).

Protesta ecologista y alcaldes
Propietarios de Fincas de caza en constante enfrentamiento con ecologistas y alcaldes por la decisión de los dueños de estos terrenos de vallar caminos, acotar ríos, cerrar puentes o apropiarse de pueblos abandonados, como ya ha informado ELPLURAL.COM en varias ocasiones. Denuncias que lejos de ser atendidas por la administración regional que preside la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, fomenta la práctica de la caza, protege a los dueños de estos enormes cortijos, desatiendo al mismo tiempo a la fauna autóctona con el cierre de importantes centros de investigación cinegética y el despido de sus empleados.



Un negocio de 600 millones de euros
El caso es que la presidenta de Castilla-La Mancha ha dicho recientemente que propondrá a Ciudad Real como sede de una conferencia anual sobre turismo cinegético, ya que la región cuenta con más de siete millones de hectáreas, 1.500 fincas y 150.000 licencias de caza, y, eso sí, un negocio de 600 millones de euros, que a juicio de la lideresa manchega sirven para “dar trabajo a 6.500 personas”, cuando en realidad la mayoría de esos trabajadores no tienen como principal tarea laboral la caza, y solo se dedican a ella los fines de semana, obteniendo ingresos opacos que difícilmente son controlados por el fisco.

A favor de los cazadores
Está claro que María Dolores Cospedal se ha decantado por los cazadores y no por la conservación de la naturaleza y el mantenimiento de una actividad cinegética selectiva y sostenible. Prueba de ello es que el pasado mes de diciembre anunciaba que su Gobierno está trabajando en una nueva ley de caza que a buen seguro perjudicará a la fauna autóctona castellano-manchega y primará los intereses privados latifundistas, según denuncian los ecologistas. Y es que Ciudad Real no es provincia para viejos gamos, corzos o ciervos.