La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revisará este miércoles en vistas diferentes los recursos de apelación contra el auto de prisión provisional de cinco miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

Concretamente, el tribunal ha fijado para el miércoles, a partir de las 10.45 horas, las vistas sobre los recursos de las defensas de Eduard Garzón, Xavier Buigas, Ferran Jolis, Alexis Codina y Guillem Xavier Duch.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los imputados han eludido recurrir en reforma ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que fue quien ordenó la medida de prisión provisional el pasado 26 de septiembre y han acudido directamente a la Sala de lo Penal para solicitar que se revise su situación.

Las defensas de los investigados han pedido en sus recursos la aplicación del artículo 766.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la revisión del auto de prisión se haga en una vista en la que los abogados expongan sus argumentos al tribunal, que conforman tres magistrados. En todo caso, en estas vistas, que no son públicas, no estarán presentes los imputados, sino sólo sus letrados y el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.

La Sección Segunda también revisará la situación personal de otro de los investigados, Jordi Ros, aunque en su caso no se celebrará vista, ya que su defensa no lo ha solicitado en su recurso de apelación, según han precisado fuentes jurídicas.

Mes y medio en la cárcel

Siete de los nueve detenidos en la que se conoció como 'Operación Judas' llevan ya casi mes y medio en prisión preventiva por formar parte supuestamente de una organización denominada ERT (Equipo de Respuesta Táctica), una facción de los CDR con una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta", según el auto de prisión del magistrado instructor.

"En la instrucción constan conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precintado día 'D', con el fin último de subvertir el orden constitucional", explica el magistrado.

Ese día 'D' sería, según los investigadores, una fecha entre el pasado 1 de octubre, por el segundo aniversario del referéndum ilegal, y la publicación de la sentencia sobre los políticos procesados por organizar el 'procés', que finalmente se hizo pública el 14 de octubre.

Precisamente, uno de los investigados cuya situación se revisará el miércoles, Ferran Jolis, confesó en su declaración judicial que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, conocía los planes del grupo para entrar en el Parlament, pero se trataba en todo caso de manifestaciones de referencia.

Jolis, según la investigación, era uno de los expertos en informática del grupo y fue el que propuso la creación del ERT. Formaba parte del 'núcleo ejecutor' y su rol era una pieza clave en el éxito de la organización, pues permitía garantizar la permanencia de la misma en el tiempo a través de la securización de las comunicaciones. Participó además en la reunión 'in itinere' con Montse Puigdemont, hermana del expresidente catalán.

Red de comunicación segura

Jolis recibió del también encarcelado Xavier Buigas el encargo de establecer una red de comunicación segura e indetectable para poder mantener comunicaciones desde el interior del Parlament, cuya instalación se realizaría en establecimientos y restaurantes cercanos mediante la usurpación de puntos wi-fi públicos y privados.

Jordi Ros, quien junto a Jolis fue uno de los investigados que 'tiró de la manta', el Instituto Armado le sitúa en multitud de acciones delictivas que ido evolucionando conforme su compromiso con respecto a la causa secesionista era mayor, "llegando a un estadio final donde las acciones que se estaban preparando podían llegar a causar víctimas mortales y grandes daños materiales, en aras de desestabilizar gravemente el funcionamiento del Estado español en Cataluña alterando gravemente la paz pública".

Ros compró y adquirió sustancias químicas consideradas precursores de explosivos y para ello utilizaba una identidad supuesta o bien mentía en su profesión para poder adquirirlas. Junto a otros investigados, realizaba actividades de confección y posterior ensayo de materiales que generaban fuertes destellos seguidos de una abundante humareda, fenómenos que encajan de forma evidente con la reacción de la ignición de termita.

El domicilio habitual de Alexis Codina, según el sumario, ha servido como "laboratorio clandestino" para la célula terrorista en la preparación, confección y práctica de diversos compuestos explosivos. A su vez, el domicilio ha servido como almacenamiento y depósito para terceros de las diferentes sustancias peligrosas.

También tenía fotografías de torres de alta tensión cerca de Mollet del Vallés (Barcelona) e imágenes aéreas obtenidas desde Google del cuartel de la Guardia Civil de Canovelles (Barcelona) o de nudos de carreteras y autopistas. En internet hizo búsquedas sobre óxido de cobre o de aluminio, además de precursores, y también tenía en un disco duro fotografías de los guardias civiles que registraron la Consejería de Economía antes del referéndum del 1-O.

Xavier Buigas, según los atestados que obran en el sumario, era la persona designada para planificar, desarrollar y dar los pasos necesarios para llevar a efecto las acciones del grupo. Fue quien comunicó a Jolis que un grupo secreto, denominado 'CNI catalán', se había puesto en contacto con él para que aportase la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament y defenderlo posteriormente.

Por su parte, Guillem Xavier Duch era el encargado de la adquisición de tarjetas sin registrar, así como de la "guarda y custodia de los equipos utilizados por el ERT para mantener comunicaciones seguras durante la realización de sus acciones".

Habría estado involucrado en todos los planes y participó en la que se considera una de sus primeras acciones: el vertido de aceite en la C-55 el 1 de febrero de 2019 al paso del convoy que trasladaba a los presos del 'procés' de la cárcel de Lledoners (Barcelona) a Madrid para ser enjuiciados.

Dos células dentro del ERT

En este episodio también estuvo Eduard Garzón, quien sería "el segundo integrante con mayor preso dentro de la organización criminal", según se desprende del sumario, pues se encargaba de la logística, la economía y la coordinación entre las "dos células" en las que se divide el ERT, la denominada 'núcleo ejecutor' (producción de explosivos) y el 'núcleo productor' (obtener dinero para adquirir material).

Se ofreció para facilitar a Jordi Ros 250 euros para comprar diverso material, concretamente un destilador para aumentar la pureza del ácido nítrico del 60 al 65%, lo que apuntaría a la elaboración de nitrocelulosa. También se ofreció a mediar ante empresarios afines al movimiento independentista para que contribuyeran a la financiación.