Tras salir a la luz la declaración de bienes y rentas de los diputados, uno de los dirigentes que más ha llamado la atención ha sido Juan José Cortés. Según el documento que alberga la web oficial del Congreso, Cortés ha ingresado 25.780 euros en concepto de “pensión por incapacidad permanente absoluta”.
ElPlural.com, tras la publicación de la declaración particular de Cortés, ha querido conocer de primera mano el motivo de la incapacidad, si la susodicha se puede compaginar con su actual cargo como diputado popular y la situación en la que se encuentra el dirigente onubense.
En declaraciones exclusivas, Cortés ha confirmado que fue diagnosticado con esta incapacidad desde “hace 6 o 7 años”. Posteriormente, “se me volvió a diagnosticar hace 2 o 3 años”. “Tengo cinco hernias discales y además pasé una fuerte depresión reconocida en un informe clínico. Se trata de una situación "crónica y que no tiene cura", según las palabras del propio diputado popular.
La delicada situación que Cortés nos confirma pone en duda que, finalmente, uno de los fichajes más sonados de la directiva de Casado y principal exponente de la defensa de la prisión permanente revisable pueda ocupar su escaño en la Cámara Baja: “Será la Mesa quien decida si definitivamente es compatible mi condición con mi enfermedad. Nosotros ya hemos remitido toda la información y ahora será turno de la Mesa del Congreso decidir si puede ocupar un puesto en el hemiciclo o no”, ha confirmado el dirigente a ElPlural.com.
La incapacidad permanente absoluta es incompatible con el desarrollo de un trabajo. En este sentido, fuentes del Congreso explican a ElPlural.com que el cargo de diputado no es un trabajo, sino un cargo representativo. De hecho, la actividad parlamentaria no se rige por el Estatuto de los Trabajadores. Por ello, la situación de Cortés es totalmente compatible con su cargo en el hemiciclo.
Desde el Partido Popular matizan que lo que sí que deberá valorar el Congreso es si el onubense puede compatibilizar su subvención con el sueldo de diputado, y la decisión le corresponde a la Comisión del Estatuto. Este órgano aún no está constituido. Una vez se conforme, “se dan unos plazos y se decide si se quedan con la prestación, con el sueldo o con los dos”.
