Que Marruecos reclame Ceuta y Melilla no constituye ninguna novedad. Lo lleva haciendo desde hace décadas y forma parte de una concepción territorial que Rabat ha mantenido prácticamente desde que obtuvo su independencia en 1956. Lo novedoso está en otro lugar: en el momento en el que vuelve a hacerlo, en los aliados que hoy rodean al reino alauí y en una correlación de fuerzas que poco tiene que ver con la que existía hace veinte o treinta años.
La última voz ha sido la del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, quien ha vuelto a reivindicar los supuestos “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre ambas ciudades y ha defendido la creación de un mecanismo de diálogo con España que permita abordar su futuro. Una declaración especialmente significativa porque llega apenas unas semanas después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 y 31 de julio, todavía lejos de estar completamente resuelta. El Gobierno español respondió rechazando “tajantemente” cualquier cuestionamiento de la soberanía española y recordando que Ceuta y Melilla forman parte tanto de España como del territorio de la Unión Europea.
No es la primera vez. Ya Hassan II propuso en 1987 crear con España una “célula de reflexión” sobre el futuro de las dos ciudades y el propio Mohamed VI, después de la crisis del islote de Perejil de 2002, recordó públicamente que Marruecos no había dejado de reclamar Ceuta, Melilla y los territorios españoles del norte de África desde su independencia.
La diferencia es que aquel Marruecos y el de hoy no ocupan exactamente el mismo lugar en el tablero internacional.
Un viejo conflicto en un Marruecos distinto
La reivindicación territorial se produce ahora después de uno de los mayores saltos diplomáticos experimentados por Rabat durante las últimas décadas. Y buena parte de ese cambio lleva el nombre de Donald Trump.
En diciembre de 2020, durante su primer mandato, Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo con décadas de política estadounidense sobre el territorio. La decisión estuvo vinculada al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel dentro de los Acuerdos de Abraham.
El movimiento no quedó enterrado con el cambio de Administración en Washington. Trump ha vuelto a respaldar durante su segundo mandato la posición de Rabat, defendiendo el plan marroquí de autonomía como la única base viable para resolver el conflicto.
El mensaje tiene una importancia que va más allá del propio territorio saharaui. Marruecos ha comprobado cómo una aspiración territorial sostenida durante décadas puede pasar de contar con importantes resistencias internacionales a recibir el respaldo de la primera potencia mundial. No significa que Washington haya reconocido la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla —no lo ha hecho—, pero sí crea un precedente político que Rabat difícilmente puede ignorar.
España, además, terminó modificando también su posición en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Aquel giro permitió recomponer las relaciones con Rabat después de una de sus peores crisis diplomáticas, aunque abrió al mismo tiempo una profunda brecha con Argelia.
Mientras tanto, la relación entre Marruecos e Israel ha añadido otra dimensión al ascenso estratégico del reino. La normalización diplomática ha abierto la puerta a una cooperación política, económica y de seguridad con uno de los principales aliados estadounidenses en Oriente Próximo. Rabat ha logrado así reforzar una red de relaciones que conecta Washington, Jerusalén y el norte de África, precisamente mientras España intenta mantener su propio equilibrio entre Marruecos, Argelia, la Unión Europea y Estados Unidos.
Y en ese tablero, Ceuta y Melilla han dejado de aparecer únicamente en los discursos marroquíes. Quizá uno de los acontecimientos más significativos se produjo antes incluso de la última crisis migratoria. En abril, un informe que acompañaba a un proyecto presupuestario del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos describió Ceuta y Melilla como ciudades “administradas por España” pero “situadas en territorio marroquí” y respaldó un eventual compromiso diplomático entre Madrid y Rabat sobre su “estatuto futuro”.
El texto no equivale a una posición oficial de Estados Unidos ni supone que la Casa Blanca haya modificado su política hacia las dos ciudades. Tampoco afirmaba, como llegó a difundirse en redes sociales, que se tratara de “territorios ocupados”. Pero el hecho de que esa formulación apareciera siquiera en un documento del Congreso resulta políticamente relevante.
En ElPlural.com también se abordó aquel episodio y el eco que tuvo posteriormente con la crisis fronteriza, precisamente porque introduce una variable hasta hace poco prácticamente inexistente: que determinadas voces con influencia en Washington empiecen a asumir parte del marco discursivo utilizado durante décadas por Rabat.
No implica que España esté ante un cambio de posición estadounidense ni mucho menos ante un reconocimiento inminente de las aspiraciones de Marruecos. Sí muestra, sin embargo, que Rabat dispone hoy de interlocutores internacionales más poderosos y receptivos a algunas de sus posiciones. Y es en ese contexto en el que debe leerse la insistencia de Ouahbi.
La frontera que expone la asimetría
Al escenario diplomático se suma una realidad mucho más inmediata: la geografía. La crisis de finales de julio ha vuelto a demostrar la extraordinaria vulnerabilidad de Ceuta ante cualquier alteración de los controles del lado marroquí. Más de 70.000 personas cruzaron la frontera durante aquellos días, según los datos manejados posteriormente por las autoridades y los medios internacionales.
El episodio mantiene diferencias importantes con la crisis de mayo de 2021, cuando la entrada de miles de personas se produjo en plena confrontación diplomática provocada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Esta vez el Gobierno español ha evitado responsabilizar directamente a Rabat e insiste en que Marruecos no alentó la entrada masiva, mientras investiga el papel de mafias, redes sociales y campañas procedentes de distintos países.
Esa distinción es importante. No existen elementos suficientes para presentar la última entrada masiva como una operación ordenada por el Gobierno marroquí. Pero tampoco elimina el problema estructural que la crisis ha vuelto a dejar al descubierto: España necesita a Marruecos para controlar eficazmente una parte especialmente sensible de su frontera exterior.
Es una relación inevitablemente asimétrica. Madrid puede reforzar policías, construir infraestructuras, aumentar la vigilancia o reclamar una mayor implicación europea, pero al otro lado de la valla se encuentra un Estado cuya colaboración resulta determinante para impedir que decenas de miles de personas lleguen hasta ella.
La presión migratoria se convierte así en una variable de poder incluso cuando no existe una orden política explícita de utilizarla. Marruecos controla una llave que España necesita que permanezca cerrada, y esa realidad condiciona inevitablemente cualquier negociación bilateral.
La frontera ha demostrado también algo todavía más incómodo. Ceuta tiene alrededor de 83.000 habitantes y recibió en cuestión de horas un flujo humano de una magnitud comparable a buena parte de su propia población. Semanas después, la ciudad continúa tratando de absorber las consecuencias sociales, económicas y humanitarias de aquella entrada.
Por eso la discusión sobre Ceuta y Melilla ya no puede reducirse a una sucesión de declaraciones diplomáticas. Marruecos lleva décadas reclamándolas. España lleva décadas respondiendo que no existe nada que negociar. Es la posición que ha reiterado nuevamente Exteriores después de las palabras de Ouahbi.
Lo que ha cambiado es todo lo que rodea esa discusión. Rabat cuenta hoy con una relación privilegiada con Washington, ha tejido una alianza estratégica con Israel, ha conseguido que Estados Unidos respalde su posición sobre el Sáhara Occidental y ha logrado que España modifique también su postura sobre ese conflicto. A ello se añade una frontera cuya última crisis ha recordado hasta qué punto la estabilidad española depende de la cooperación marroquí.
No se trata, por tanto, de preguntarse si Marruecos ha comenzado ahora a querer Ceuta y Melilla. Nunca dejó de reclamarlas. La cuestión que empieza a resultar más relevante es otra: si Rabat considera que el equilibrio internacional que durante décadas convirtió esa reivindicación en prácticamente inamovible comienza, aunque sea lentamente, a ofrecerle más espacio para plantearla.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.