El Gobierno de Estados Unidos ha elevado la presión sobre España en el largo conflicto judicial derivado del recorte retroactivo a las primas de las energías renovables aprobado en 2013. El Departamento de Justicia estadounidense ha emitido un dictamen en el que recomienda al Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazar definitivamente el recurso presentado por España para evitar el pago de los laudos arbitrales dictados a favor de inversores internacionales perjudicados por aquel cambio normativo.
El escrito al que ha podido acceder EFE, firmado por el Procurador General, John Sauer, junto a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia, sostiene que España está obligada a cumplir con los compromisos adquiridos con los inversores cuando impulsó el desarrollo renovable mediante sistemas de primas que posteriormente fueron eliminados de forma retroactiva.
El origen del litigio se remonta a la reforma energética impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que modificó el sistema retributivo de las instalaciones renovables y redujo la rentabilidad prevista inicialmente para numerosos proyectos solares y eólicos. Aquella reforma desencadenó decenas de arbitrajes internacionales promovidos por fondos e inversores extranjeros al amparo del Tratado de la Carta de la Energía.
El documento del Departamento de Justicia estadounidense responde al recurso planteado por la Abogacía del Estado española en el denominado caso Blasket, uno de los procedimientos abiertos en Estados Unidos para ejecutar los laudos contra España. El Gobierno español había solicitado al Supremo norteamericano revisar las sentencias previas alegando la denominada “inmunidad soberana”, con el objetivo de evitar tanto el pago de las indemnizaciones como posibles embargos de bienes y activos españoles en el exterior.
Sin embargo, el Ejecutivo estadounidense considera que la petición española no reúne las condiciones necesarias para ser revisada por el alto tribunal. El dictamen subraya que España otorgó un “consentimiento incondicional” a los procedimientos de arbitraje internacional al adherirse al Tratado de la Carta de la Energía y aceptar los mecanismos de resolución de disputas previstos en su artículo 26.
Además, el Departamento de Justicia rechaza el argumento español basado en la posición de la Comisión Europea sobre los arbitrajes intraeuropeos. Según Washington, las obligaciones asumidas mediante tratados internacionales no pueden quedar anuladas posteriormente por normas internas o interpretaciones comunitarias.
El escrito cita expresamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para recordar que un Estado no puede utilizar su legislación nacional como justificación para incumplir compromisos internacionales previamente aceptados. Para el Gobierno estadounidense, el razonamiento planteado por España encaja precisamente en el tipo de prácticas que la Convención pretende impedir.
El dictamen también cuestiona otro de los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado, relacionado con la doctrina jurídica conocida como forum non conveniens, mediante la cual un tribunal puede rechazar un caso si considera que existe otra jurisdicción más adecuada para resolverlo. El Departamento de Justicia entiende que no existen razones suficientes para desplazar estos procedimientos fuera de Estados Unidos.
La decisión definitiva corresponde ahora al Tribunal Supremo estadounidense, aunque tradicionalmente suele seguir el criterio marcado por el Procurador General y el Departamento de Justicia.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
