La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) que propondrá la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación comercial entre la UE e Israel, una decisión que dependerá del apoyo de los Veintisiete. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos y demasiado poco para otros", ha reconocido durante su intervención ante los eurodiputados.
La líder comunitaria ha avanzado también la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la paralización de todos los pagos en esas áreas, precisando que estas restricciones no afectarán a los proyectos con la sociedad civil israelí. Además, confirmó su intención de proponer sanciones contra ministros extremistas y colonos violentos.
El anuncio cosechó aplausos en las bancadas progresistas y del grupo de la Izquierda. Una treintena de eurodiputados, entre ellos Irene Montero, escucharon el discurso de Von der Leyen de pie y vestidos de rojo, en un gesto de apoyo a Gaza.
Von der Leyen, en el alambre
El anuncio de Ursula von der Leyen llega en un momento especialmente delicado para su propia figura política. La presidenta de la Comisión Europea está bajo un fuerte escrutinio internacional por la gestión de la crisis en Gaza y por su tibieza inicial frente a las violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Desde hace meses, juristas y organizaciones de derechos humanos advierten de que su silencio prolongado podría acarrear responsabilidades legales y no descartan llevar a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la obligación comunitaria de prevenir un genocidio. El señalamiento no es menor: se trataría de la primera vez que un organismo comunitario es acusado de connivencia pasiva en un crimen de estas dimensiones.
Internamente, su viaje a Israel al inicio de la ofensiva fue considerado una torpeza geopolítica que dañó gravemente la imagen de la Unión como actor neutral. En aquel momento, Von der Leyen fue criticada por no coordinar su posición con el alto representante Josep Borrell, quien no dudó en calificar la visita de unilateral y de reflejo de una política exterior incoherente. Aquella decisión alimentó la percepción de que Bruselas alineaba su discurso con Tel Aviv, debilitando la capacidad de la UE para presentarse como mediadora en un conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos.
La presidenta de la Comisión también se enfrenta a un malestar creciente en su propio equipo. Más de 800 funcionarios comunitarios firmaron una carta interna en la que denunciaban que la posición de Von der Leyen había dado “carta blanca a la aceleración y legitimación de un crimen de guerra en Gaza”. Ese texto advertía, además, de que la línea política adoptada por la Comisión estaba socavando la credibilidad europea como garante de los derechos humanos y como actor fiable en el tablero internacional. En paralelo, la vicepresidenta española Teresa Ribera se desmarcó públicamente al calificar lo ocurrido en Gaza como genocidio, un gesto que dejó en evidencia las profundas divisiones internas en el seno del Ejecutivo comunitario.
El antecedente español y la presión sobre la UE
La decisión comunitaria se produce apenas unos días después de que el Gobierno de España aprobara un paquete de nueve medidas contra Israel, convirtiéndose en el primer Estado miembro en dar un paso tan contundente frente a la ofensiva en Gaza. Entre las medidas adoptadas destacan el embargo de armas, la prohibición de tránsito por puertos y espacios aéreos españoles de naves o aeronaves que transporten material militar o combustible destinado a las fuerzas israelíes, y el veto de entrada a personas implicadas en violaciones de derechos humanos. El Ejecutivo también anunció que España no participará en ninguna operación de cooperación militar con Israel mientras continúe la ofensiva.
El presidente Pedro Sánchez defendió públicamente estas acciones en una comparecencia solemne, asegurando que España debía situarse “en el lado correcto de la historia”. En sus palabras, las decisiones responden a un “genocidio en Gaza”, un término que ha generado un terremoto diplomático en Bruselas y que ha marcado una diferencia respecto a la ambigüedad mantenida por otros líderes europeos. Con este movimiento, el Gobierno español buscó enviar un mensaje doble: un aviso claro a Israel y, al mismo tiempo, un desafío al silencio cómplice de sus socios comunitarios.