El futuro político de la Unión Europea comienza a jugarse en España. Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre inauguran un ciclo de convocatorias que, durante el siguiente año, llevará a las urnas a cuatro de los cinco países más poblados del bloque comunitario. Después de España llegará el turno de Francia y, ya en la segunda mitad de 2027, de Polonia e Italia. La coincidencia no es menor: en todos ellos, con situaciones políticas muy diferentes, la derecha radical aspira a conquistar el poder, conservarlo o ampliar su influencia. El resultado de esta sucesión de elecciones puede modificar los equilibrios sobre los que Bruselas ha construido buena parte de sus decisiones durante las últimas décadas.
El escenario llega en un momento particularmente delicado para el proyecto europeo. La guerra de Ucrania, las tensiones comerciales con Estados Unidos y China, la presión migratoria y los conflictos presupuestarios han abierto importantes diferencias entre los Estados miembros. A ellas se añade el avance de fuerzas nacionalistas que cuestionan distintos aspectos de la integración comunitaria y que han dejado de conformarse con ejercer la oposición desde el Parlamento Europeo.
El diario británico Financial Times ha dedicado este martes un amplio análisis a este nuevo ciclo político, con una advertencia de fondo: la coincidencia de varias victorias de partidos conservadores y de extrema derecha en las principales economías europeas podría desplazar el centro de gravedad de la UE. No se trata necesariamente de abandonar las instituciones comunitarias, sino de modificar sus prioridades desde los propios gobiernos nacionales, con consecuencias sobre la inmigración, las políticas climáticas, las reglas fiscales y el respaldo a Ucrania.
España, la primera parada de un calendario decisivo
La primera cita será el 29 de noviembre, después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral el pasado 5 de octubre. La decisión, adoptada tras el bloqueo parlamentario de varias iniciativas y en plena crisis política por la vivienda, ha colocado a España en el centro de una discusión que va bastante más allá de la continuidad del actual Ejecutivo.
Las encuestas conocidas hasta ahora dibujan una ventaja conjunta del Partido Popular y Vox. Según las estimaciones recogidas por diferentes medios, ambas formaciones podrían alcanzar entre 198 y 200 diputados, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Son proyecciones demoscópicas, no resultados, pero plantean la posibilidad de que Vox acceda al Gobierno central y traslade a la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno europeos posiciones que actualmente defiende desde la oposición.
La dimensión europea de la campaña española ya ha comenzado a hacerse visible. Este martes, Santiago Abascal y Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional y dirigente del grupo Patriotas por Europa, han compartido un desayuno informativo en Madrid. El encuentro se produce apenas un día después de que ambos participaran en actos en Ceuta con motivo del 12 de octubre.
Abascal ha defendido una “alianza en lo esencial” con la Francia de Marine Le Pen y ha asegurado que un eventual Gobierno de Agrupación Nacional supondría una oportunidad para España. Bardella, por su parte, ha aprovechado su presencia en Madrid para presentar las propuestas económicas de su partido y reivindicar el precedente de Giorgia Meloni en Italia como ejemplo de una derecha radical capaz de asumir responsabilidades de gobierno.
La imagen de ambos dirigentes tiene una lectura política evidente. Vox busca presentar las elecciones españolas como parte de un movimiento europeo más amplio, mientras Agrupación Nacional trata de consolidar una red de aliados antes de las presidenciales francesas. Esa cooperación convive, sin embargo, con intereses nacionales que no siempre coinciden, especialmente cuando se trata de agricultura, industria, comercio o reparto de fondos comunitarios.
Francia, el gran premio político de la ultraderecha
Si España abre el calendario, Francia concentra una parte fundamental de las expectativas de la derecha radical europea. El país celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 18 de abril de 2027 y, en caso de ser necesaria, la segunda el 2 de mayo. Emmanuel Macron no podrá aspirar a un tercer mandato consecutivo y el desenlace determinará quién ocupará el Elíseo durante los siguientes cinco años.
Agrupación Nacional afronta la convocatoria con la aspiración de acceder por primera vez a la Presidencia de la República. Las encuestas sitúan a Marine Le Pen y a su espacio político en una posición destacada, aunque su situación judicial introduce incertidumbre sobre su posible candidatura. Jordan Bardella aparece como la principal alternativa dentro del partido.
El eventual acceso de Agrupación Nacional al Elíseo tendría una dimensión especialmente relevante por el peso institucional de Francia. París es uno de los principales motores de la integración europea, dispone de asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y constituye, junto con Alemania, uno de los grandes centros de decisión económica y diplomática del continente.
La organización fundada por Jean-Marie Le Pen ha ido modificando parte de su discurso europeo durante los últimos años. Ha relegado sus antiguas propuestas de salida del euro y abandono de la Unión, sustituyéndolas por una defensa de la soberanía nacional frente a las competencias de Bruselas. El objetivo político es disponer de mayor margen para establecer restricciones migratorias, aplicar criterios de preferencia nacional y revisar determinados compromisos comunitarios.
La dimensión económica tampoco es secundaria. Bardella ha defendido este martes un programa presupuestario que contempla 140.000 millones de euros en recortes del gasto público y pretende reducir el déficit francés por debajo del 3% del PIB en 2030. Se trata de propuestas todavía sujetas a debate y cuestionadas por sus adversarios, pero que permiten anticipar algunas de las prioridades económicas con las que Agrupación Nacional pretende presentarse como alternativa de gobierno.
Polonia e Italia, dos pruebas para la derecha europea
La siguiente etapa de este ciclo llegará en otoño de 2027. Polonia e Italia celebrarán elecciones parlamentarias, salvo que sus respectivos calendarios se alteren mediante convocatorias anticipadas. Ambos países tienen una importancia considerable para la orientación política de la Unión, aunque parten de situaciones prácticamente opuestas.
En Polonia, el primer ministro Donald Tusk gobierna después de haber desplazado del Ejecutivo al partido nacionalconservador Ley y Justicia (PiS), que dirigió el país entre 2015 y 2023. La derecha radical conserva una importante presencia política y mantiene su influencia sobre el debate nacional, especialmente en cuestiones relacionadas con la soberanía, la inmigración y las relaciones con las instituciones comunitarias.
El país desempeña, además, un papel fundamental en la política de seguridad europea por su proximidad a Ucrania y por su condición de miembro de la OTAN. Una alteración de las mayorías parlamentarias podría cambiar el equilibrio interno sobre las políticas económicas y judiciales, aunque no cabe dar por hecho que un eventual gobierno de derechas modificaría automáticamente el respaldo polaco a Kiev. El fuerte rechazo a Rusia constituye un elemento compartido por amplios sectores del espectro político polaco.
Italia presenta una realidad distinta. Giorgia Meloni ya gobierna desde octubre de 2022 al frente de una coalición encabezada por Hermanos de Italia. Su continuidad o sustitución dependerá de unas elecciones en las que también estará en juego el grado de influencia de sus socios y competidores a la derecha.
Meloni ha combinado posiciones muy restrictivas sobre inmigración con una política exterior generalmente alineada con la OTAN y el apoyo europeo a Ucrania. Al mismo tiempo, ha intentado consolidar un papel de interlocutora entre la derecha tradicional europea y los partidos nacionalconservadores, sin romper completamente con las principales instituciones de Bruselas.
La evolución italiana resulta especialmente significativa porque demuestra que la derecha radical europea no constituye un bloque homogéneo. Meloni y Le Pen mantienen posiciones diferentes sobre Rusia, la política económica y la relación con las instituciones comunitarias, aunque coincidan en parte de su discurso sobre soberanía e inmigración. Estas diferencias condicionan la posibilidad de construir alianzas estables entre los gobiernos que puedan surgir del nuevo ciclo electoral.
Qué puede cambiar realmente en Bruselas
El principal interrogante es cómo se traduciría una nueva distribución del poder nacional en el funcionamiento de las instituciones europeas. Las elecciones previstas para 2027 no renovarán directamente el Parlamento Europeo, cuyo mandato se extiende hasta 2029, pero sí pueden modificar la composición del Consejo Europeo, donde se sientan los jefes de Estado y de Gobierno, y del Consejo de la UE, en el que los ministros nacionales negocian y aprueban legislación comunitaria.
La distinción es importante. Una mayor presencia de gobiernos nacionalconservadores no supondría automáticamente la capacidad de imponer todas sus propuestas. Sin embargo, sí podría facilitar la creación de alianzas para frenar decisiones, renegociar normas o modificar las prioridades de la agenda europea.
El sistema de votación del Consejo de la UE establece que numerosas decisiones requieren una mayoría cualificada: el respaldo de al menos 15 de los 27 Estados miembros, que representen como mínimo al 65% de la población europea. Para constituir una minoría de bloqueo es necesario reunir al menos cuatro países que representen más del 35% de esa población. España, Francia, Italia y Polonia tienen un peso demográfico suficiente para desempeñar un papel determinante en estas negociaciones si sus gobiernos lograsen coordinar posiciones.
No todas las materias se deciden del mismo modo. La política exterior y las sanciones internacionales siguen sometidas, con carácter general, a la unanimidad. Eso concede a cada Gobierno una capacidad de presión mucho mayor, como ya han demostrado las negociaciones comunitarias sobre Rusia. En cambio, buena parte de la legislación sobre inmigración, medioambiente o mercado interior se tramita mediante procedimientos que combinan las mayorías del Consejo con el respaldo del Parlamento Europeo.
La inmigración aparece como uno de los principales terrenos de coincidencia entre estas formaciones. Vox, Agrupación Nacional y Hermanos de Italia comparten la defensa de mayores restricciones fronterizas y una política de retornos más severa, aunque mantienen diferencias sobre los mecanismos concretos de reparto de responsabilidades entre países. Los partidos nacionalconservadores también cuestionan determinadas exigencias medioambientales de la UE, especialmente aquellas que consideran perjudiciales para la agricultura, la industria o la competitividad empresarial.
En el terreno económico, las discrepancias son mayores. Francia e Italia tienen intereses industriales y presupuestarios propios, mientras que Polonia mantiene una relación diferente con los fondos comunitarios y la política energética. Esas diferencias podrían limitar la capacidad de coordinación de una hipotética alianza de gobiernos de derecha radical.
El papel del PP y el cambio de equilibrios en la derecha tradicional
El otro factor decisivo será la posición de los partidos conservadores tradicionales. En el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo continúa ocupando el espacio central de las negociaciones legislativas, pero el crecimiento de la derecha radical ha abierto nuevas posibilidades de acuerdos, especialmente en materia migratoria y regulatoria.
La fragmentación de este espacio político sigue siendo considerable. Vox y Agrupación Nacional comparten el grupo Patriotas por Europa, mientras que Hermanos de Italia forma parte de los Conservadores y Reformistas Europeos. Las diferencias de pertenencia no impiden acuerdos puntuales, pero dificultan hablar de una estrategia única de toda la ultraderecha continental.
El PP español se encuentra en una posición distinta. Su principal referencia internacional es el Partido Popular Europeo, del que también forman parte la CDU alemana y otras grandes organizaciones de centroderecha. Un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo apoyado por Vox tendría que conciliar esa pertenencia con las exigencias de un socio situado en otra familia política europea.
La relación entre ambas derechas será una de las cuestiones que determinen la proyección exterior del próximo Ejecutivo español. Un acuerdo parlamentario, una coalición formal o un Gobierno en minoría no producirían necesariamente el mismo resultado en Bruselas. Tampoco es indiferente qué responsabilidades pudiera asumir Vox ni hasta dónde estaría dispuesto a llegar el PP en materias como inmigración, clima o política exterior.
Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue siendo uno de los principales dirigentes socialdemócratas presentes en el Consejo Europeo y mantiene posiciones diferenciadas de las de varios gobiernos conservadores en cuestiones como Gaza, vivienda o determinadas políticas sociales. Su continuidad o salida de la Moncloa modificaría, por tanto, la representación española en las negociaciones comunitarias, aunque no alteraría por sí sola la composición de las demás instituciones.
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