Donald Trump ha vuelto a colocar a Cuba en el centro de su retórica militar. El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes que su Administración investiga la posible presencia de drones iraníes en territorio cubano y advirtió de que Washington actuará en caso de confirmar sus sospechas. Una acusación formulada sin aportar pruebas y que llega después de meses de amenazas, sanciones y preparativos militares dirigidos contra el Gobierno de La Habana.
“Podría ser que haya drones iraníes en Cuba”, afirmó Trump ante los periodistas en el Despacho Oval. El mandatario reconoció, no obstante, que se trata de una información todavía sin confirmar: “Puede que estén almacenando algunos. Lo estamos investigando ahora mismo”. Pese a esa falta de certezas, prometió que su Gobierno “se ocupará” del asunto y aseguró que no permitirá que se consolide esa supuesta presencia militar.
La cautela expresada por Trump al admitir que los hechos podían ser ciertos “o puede que no” contrasta con la contundencia de su amenaza. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha difundido imágenes, informes desclasificados, ubicaciones concretas ni datos técnicos que demuestren que Irán controla o almacena aeronaves militares no tripuladas en Cuba. Tampoco consta públicamente que esos aparatos sean operativos o que exista un plan de ataque contra Estados Unidos.
Una amenaza construida sin pruebas públicas
La acusación parece apoyarse en una información publicada en mayo por Axios a partir de documentos clasificados y testimonios de funcionarios estadounidenses anónimos. Aquella noticia sostenía que Cuba había adquirido más de 300 drones militares de distinta capacidad procedentes de Rusia e Irán desde 2023. No afirmaba, sin embargo, que Teherán hubiera establecido un arsenal propio bajo su control en la isla, como sugieren ahora las palabras del presidente estadounidense.
El propio relato de los servicios estadounidenses contiene elementos que rebajan considerablemente la alarma lanzada desde Washington. Según Axios, los responsables de inteligencia no consideraban que Cuba estuviera preparando una agresión inminente ni que representara una amenaza militar comparable con la crisis de los misiles de 1962. Las supuestas conversaciones sobre el uso de drones se habrían producido como parte de una planificación defensiva para el caso de que estallara un conflicto con Estados Unidos. El medio llegó a señalar que esa información podría convertirse en un pretexto para una intervención militar estadounidense.
Las declaraciones de Trump, por tanto, no aparecen de manera aislada. Se integran en una campaña de presión que ha ido desplazándose desde las sanciones económicas y el bloqueo energético hacia la amenaza abierta del uso de la fuerza. En marzo, el republicano afirmó que esperaba tener el “honor” de tomar Cuba “de alguna forma” y llegó a sostener que podía hacer lo que quisiera con el país vecino. Días después proclamó que “Cuba es la siguiente” mientras presumía de las operaciones militares de su Gobierno en Venezuela e Irán.
La posibilidad de un ataque ha sido tomada lo suficientemente en serio en el Congreso como para que varios senadores demócratas hayan tratado de limitar los poderes presidenciales. Tim Kaine, Adam Schiff y Rubén Gallego presentaron en mayo una resolución destinada a impedir que Trump utilice las Fuerzas Armadas contra Cuba sin autorización parlamentaria. Los promotores citaron las reiteradas amenazas del presidente y las informaciones según las cuales el Mando Sur habría recibido instrucciones para preparar posibles planes de ataque.
Del bloqueo económico a la amenaza militar
A esa presión militar se suma el objetivo político declarado de provocar un cambio de régimen en La Habana. Reuters ha informado de que la Administración Trump pretende sustituir al actual Gobierno cubano, mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reconocido que considera poco probable una salida negociada. Rubio sostiene que las actuaciones estadounidenses responden a razones de seguridad nacional y rechaza que Washington esté preparando una operación de construcción institucional.
El Gobierno estadounidense también ha intensificado el castigo económico sobre la población cubana. La amenaza de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla ha restringido la llegada de combustible y agravado los apagones, los problemas de transporte y las dificultades de los servicios públicos. Expertos independientes de Naciones Unidas calificaron esa política como una forma de “asfixia energética” con graves consecuencias para los derechos humanos.
El mismo día en que Trump habló de los supuestos drones, el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra el Ministerio de Turismo cubano y otras estructuras estatales, una nueva vuelta de tuerca dentro de la estrategia de aislamiento financiero de la isla. Washington justifica las medidas acusando a esas instituciones de financiar mecanismos de vigilancia y represión.
Cuba, por su parte, ha denunciado que Estados Unidos fabrica amenazas con el propósito de legitimar una agresión. Tras la publicación de Axios, la Embajada cubana defendió el derecho del país a prepararse para una eventual defensa y acusó a los sectores partidarios de una intervención de crear falsedades y convertir los preparativos defensivos en una amenaza excepcional. La respuesta no negó expresamente la existencia de drones, pero sí rechazó que la isla planee una ofensiva contra territorio estadounidense.
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