El Gobierno de Pedro Sánchez intenta cerrar uno de los episodios más costosos y controvertidos de su política exterior: la crisis con Argelia provocada por el giro español sobre el Sáhara Occidental. Tras años de desencuentro, Madrid y Argel han vuelto a activar sus canales diplomáticos, económicos y energéticos, pero la reconciliación se construye sobre una paradoja difícil de ocultar: España pretende recuperar plenamente a su principal socio del sur del Mediterráneo sin modificar la decisión que originó la ruptura.
La visita de Sánchez a Argel y el anuncio de una nueva Reunión de Alto Nivel simbolizan la voluntad de dejar atrás la crisis abierta en 2022. Ambos Gobiernos buscan reforzar su cooperación en energía, comercio, seguridad, migración y lucha contra el terrorismo. El acercamiento responde también a una necesidad concreta: España quiere garantizar nuevos suministros de gas argelino en un contexto europeo marcado por la reducción de las compras a Rusia y la inestabilidad de los mercados energéticos.
Sin embargo, la normalización no equivale a una resolución del conflicto político que enfrentó a los dos países. Sánchez no ha retirado su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, ni ha recuperado la posición tradicionalmente más prudente de España, basada en una solución negociada bajo el marco de Naciones Unidas.
El Gobierno aspira así a que Argelia acepte una relación pragmática, separando la cuestión saharaui del resto de intereses compartidos. Es una estrategia posible, pero también una forma de evitar una explicación completa sobre las decisiones que llevaron a cuatro años de deterioro diplomático.
Un giro anunciado por Marruecos y explicado a posteriori
El origen inmediato de la crisis se encuentra en marzo de 2022, cuando salió a la luz una carta de Sánchez al rey Mohamed VI en la que el presidente español calificaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como la propuesta “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto.
La comunicación del cambio resultó tan controvertida como su contenido. La nueva posición española fue anunciada inicialmente por el Palacio Real marroquí, no por el Gobierno de España. La Moncloa tuvo que explicar después una decisión que alteraba décadas de política exterior, que no había sido previamente consensuada con el Parlamento y que generó divisiones dentro del propio Ejecutivo de coalición.
El giro llegó después de una etapa de fuertes tensiones con Marruecos. La acogida en España por razones médicas del dirigente del Frente Polisario, Brahim Gali, había provocado la ira de Rabat. En mayo de 2021, miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta mientras las fuerzas marroquíes relajaban los controles, en una crisis migratoria que fue interpretada como una forma de presión sobre Madrid.
La respuesta de Sánchez fue reconstruir la relación con Marruecos mediante una nueva hoja de ruta. El propio presidente llegó a reconocer que la dependencia bilateral en distintos ámbitos era una “realidad incontestable”.
Esa dependencia incluye el control migratorio, la cooperación policial, la lucha antiterrorista, el comercio, la pesca y la estabilidad de las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero aceptar esa realidad no elimina las preguntas sobre el modo en que se produjo el cambio: ¿hasta qué punto la política española sobre el Sáhara fue modificada bajo la presión de Rabat? ¿Qué contrapartidas concretas obtuvo Madrid? ¿Y por qué no se articuló una posición de Estado con respaldo parlamentario?
Cuatro años después, esas preguntas siguen sin una respuesta plenamente satisfactoria.
Argelia respondió donde más podía doler
Para Argelia, principal apoyo regional del Frente Polisario, la nueva posición española supuso una alineación con su gran rival estratégico. Marruecos y Argelia compiten por el liderazgo del Magreb, mantienen cerrada su frontera terrestre y sostienen posiciones irreconciliables sobre el futuro del Sáhara Occidental.
Argel retiró a su embajador y suspendió en junio de 2022 el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, vigente desde hacía dos décadas. También se produjo un bloqueo de buena parte del comercio bilateral, con graves consecuencias para las empresas españolas que exportaban al mercado argelino.
Los suministros de gas no quedaron completamente interrumpidos, pero la crisis puso de manifiesto la fragilidad de la estrategia española. El Gobierno había resuelto el conflicto con Marruecos a costa de abrir otro con Argelia, precisamente cuando la invasión rusa de Ucrania convertía la seguridad energética en una prioridad para toda Europa.
Madrid se encontró entonces atrapado entre dos dependencias. Por un lado, necesitaba la colaboración marroquí para controlar los flujos migratorios y garantizar la estabilidad en sus fronteras africanas. Por otro, dependía de Argelia como proveedor energético y como actor esencial en la seguridad del Mediterráneo y el Sahel.
El resultado no fue una política más autónoma, sino un equilibrio condicionado por la capacidad de presión de sus dos principales vecinos del Magreb.
El gas facilita una reconciliación sin autocrítica
La recuperación de las relaciones comenzó lentamente. Argelia envió de nuevo a su embajador a Madrid a finales de 2023, las restricciones comerciales fueron levantándose de manera progresiva y las exportaciones españolas experimentaron una fuerte recuperación durante 2025. En marzo de 2026, ambos países reactivaron el Tratado de Amistad suspendido cuatro años antes.
Ahora, el factor energético acelera el deshielo. Argelia vuelve a presentarse como una pieza indispensable para España ante el objetivo europeo de reducir o eliminar las importaciones de gas ruso. Madrid pretende aumentar las compras mediante el gasoducto Medgaz y mediante cargamentos de gas natural licuado. La presencia de representantes de Naturgy, Repsol y Enagás en los contactos políticos revela hasta qué punto la reconciliación tiene una dimensión económica inmediata.
La cooperación responde a intereses legítimos de ambos países. España necesita energía, mercados para sus empresas y colaboración frente a la inestabilidad regional. Argelia necesita compradores, inversiones y una relación más fluida con la Unión Europea.
Pero presentar este acercamiento únicamente como un éxito diplomático oculta una parte esencial de la historia. La normalización llega después de años de pérdidas comerciales, desconfianza política y debilitamiento de la posición española en el Magreb. El Gobierno repara ahora una relación que él mismo contribuyó decisivamente a deteriorar mediante un cambio de postura abrupto y deficientemente explicado.
Rabat conserva lo esencial
La principal victoria de Marruecos es que España no ha rectificado. El respaldo al plan de autonomía continúa siendo la base de la relación bilateral y el Gobierno evita cualquier gesto que pueda interpretarse en Rabat como una marcha atrás.
Sánchez pretende demostrar que la cooperación con Argelia no se dirige contra Marruecos. La estrategia consiste en tratar ambos vínculos como relaciones independientes: con Rabat, migración, seguridad, fronteras y comercio; con Argel, energía, inversiones y estabilidad regional.
Sin embargo, esa separación es más sencilla sobre el papel que en la realidad. El Sáhara Occidental sigue siendo el núcleo del enfrentamiento entre los dos países norteafricanos. Argelia alberga y respalda al Frente Polisario, mientras Marruecos considera que cualquier cuestionamiento de su soberanía sobre el territorio constituye una línea roja.
España, antigua potencia administradora del Sáhara, no es además un actor neutral ni ajeno al conflicto. Mantiene una responsabilidad histórica y política que no desaparece por el hecho de adoptar el lenguaje diplomático de Rabat.
El Gobierno ha optado por una solución pragmática: mantener a Marruecos satisfecho, recuperar a Argelia como socio y relegar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui a un segundo plano. Esa política puede ofrecer estabilidad a corto plazo, pero también consolida una dependencia exterior en la que Madrid parece reaccionar a las presiones de sus vecinos en lugar de definir una estrategia propia, transparente y respaldada por un amplio consenso.
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