El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a la Comisión Europea que actúe frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra figuras clave del sistema internacional de justicia, entre ellas la relatora de la ONU Francesca Albanese. En una carta remitida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el jefe del Ejecutivo español advierte de que estas medidas ponen en riesgo la independencia de instituciones esenciales para la defensa de los derechos humanos.
Las sanciones, promovidas por la Administración de Donald Trump, afectan desde febrero de 2025 a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, y desde julio de ese mismo año también a Albanese por su trabajo en los Territorios Palestinos Ocupados. Entre las restricciones se incluyen la cancelación de cuentas bancarias, limitaciones de viaje y obstáculos operativos que dificultan su labor investigadora.
Ante esta situación, España ha solicitado la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, el Reglamento (CE) nº 2271/1996, diseñado para contrarrestar los efectos de sanciones extraterritoriales. Sánchez plantea que este instrumento vaya más allá de su uso tradicional, centrado en la protección económica, y sirva como escudo frente a medidas que amenacen el sistema internacional basado en el Derecho Internacional.
En su escrito, el presidente subraya que estas sanciones constituyen “un precedente muy preocupante” que compromete el funcionamiento independiente de la Corte Penal Internacional, clave en la persecución de delitos como el genocidio o los crímenes de guerra. Asimismo, destaca el papel de los relatores de Naciones Unidas en la investigación de violaciones de derechos humanos, alertando de que estas medidas erosionan el marco normativo global. Tal y como expresaba en su perfil de la red social 'X', Pedro Sánchez apunta que "España no mira hacia otro lado... La UE no puede ser permanecer de brazos cruzados ante esta persecución".
El Gobierno español trabaja ya para recabar apoyos entre los Estados miembros y promover una respuesta coordinada en el seno de la Unión Europea. Además, impulsará la inclusión de este asunto en el próximo Consejo Europeo con el objetivo de lograr un mandato político claro. Sánchez concluye que la UE debe actuar con firmeza para defender el Derecho Internacional y reforzar el sistema multilateral.
La labor de Albanese y el origen de las sanciones
La relatora especial de Naciones Unidas Francesca Albanese ha desempeñado en los últimos años un papel central en la denuncia de violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. Desde su nombramiento en 2022, su mandato consiste en investigar la situación sobre el terreno, elaborar informes independientes y trasladar sus conclusiones a organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En ese marco, Albanese se ha convertido en una de las voces más críticas con la actuación de Israel en Gaza y Cisjordania. Sus informes han documentado prácticas que califica como apartheid, ocupación ilegal e incluso genocidio, además de señalar la responsabilidad de empresas internacionales en el sostenimiento de ese sistema. Asimismo, ha reclamado medidas concretas como embargos de armas, sanciones internacionales y la activación de mecanismos judiciales para perseguir posibles crímenes de guerra.
Uno de los documentos más controvertidos fue el presentado en 2025, en el que detallaba cómo decenas de compañías, incluidas firmas estadounidenses, se habrían beneficiado de la ocupación y de la ofensiva militar israelí. También ha instado a la Corte Penal Internacional a investigar a responsables políticos y empresariales, reforzando así su papel como figura incómoda para varios gobiernos.
Este conjunto de actuaciones está en el origen de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La Administración de Donald Trump justificó la medida acusando a Albanese de liderar una supuesta “campaña de guerra política y económica” contra Washington e Israel, así como de promover acciones judiciales internacionales contra ambos países. En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que sus iniciativas eran “ilegítimas” y atentaban contra la soberanía de Estados Unidos y su aliado israelí.
Las sanciones incluyen la congelación de bienes, la prohibición de entrada en territorio estadounidense y restricciones financieras que dificultan su trabajo como experta independiente de la ONU. Para Albanese y numerosas organizaciones internacionales, estas medidas responden a un intento de intimidar y silenciar su labor, centrada precisamente en la defensa del Derecho Internacional y la rendición de cuentas por posibles crímenes en Palestina.
