El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha planteado públicamente la posibilidad de destinar mil millones de dólares de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la creación y funcionamiento de una Junta de Paz para la Franja de Gaza. La propuesta, anunciada este miércoles en una reunión del Consejo de Seguridad ruso, se produce en un contexto de intensas maniobras diplomáticas en torno al futuro del enclave palestino y en medio de la guerra en Ucrania, que sigue marcando las relaciones entre Moscú y Occidente.
Putin ha señalado que esta iniciativa podría ponerse en marcha incluso antes de que se resuelva formalmente la participación de Rusia en dicha Junta de Paz, una propuesta impulsada desde Washington y que Moscú todavía está estudiando. “Dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos enviar mil millones de dólares de los activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense”, ha afirmado el mandatario, según ha informado la Presidencia rusa.
La referencia a los activos congelados remite directamente al régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, decenas de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado ruso, al Banco Central y a entidades vinculadas al Kremlin permanecen bloqueados en jurisdicciones occidentales, en lo que Moscú considera una expropiación encubierta. El debate sobre el destino de estos fondos se ha intensificado en los últimos meses, especialmente ante las propuestas occidentales de utilizarlos para financiar la reconstrucción de Ucrania. En este contexto, la iniciativa de Putin introduce un giro significativo: plantea emplear parte de ese dinero para fines humanitarios y de estabilización internacional, como Gaza, desafiando el relato dominante en Occidente y reabriendo una discusión de fondo sobre la legalidad, la legitimidad y el uso político de los activos soberanos congelados.
El dirigente ruso ha explicado que abordará esta cuestión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, con quien tiene previsto reunirse este jueves en Moscú. La visita oficial de Abbas, que se prolongará durante dos días, se enmarca en los esfuerzos de Rusia por mantener un papel activo en Oriente Próximo y reforzar su imagen como actor alternativo a Estados Unidos en los grandes conflictos internacionales.
En paralelo, Putin ha encargado al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que analice la invitación formulada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Rusia se sume a la Junta de Paz para Gaza. El mandatario ruso ha trasladado su agradecimiento a Trump por la iniciativa y ha subrayado que Moscú “siempre ha apoyado y sigue apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional”.
No obstante, Putin ha introducido una condición clave: que la iniciativa tenga un impacto real y positivo en la resolución del conflicto palestino-israelí. En este sentido, ha insistido en que cualquier salida duradera debe basarse en las resoluciones de Naciones Unidas y en una solución a largo plazo que garantice derechos y seguridad tanto para palestinos como para israelíes. Este énfasis conecta con la tradicional posición rusa de defensa del marco multilateral y del papel de la ONU, en contraste con los enfoques más unilaterales impulsados en distintas etapas por Washington.
La Franja de Gaza atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia tras meses de ofensiva militar israelí, destrucción masiva de infraestructuras y desplazamientos forzosos de la población civil. En este contexto, la idea de una Junta de Paz busca sentar las bases de una administración transitoria que facilite la reconstrucción, garantice la ayuda humanitaria y prepare el terreno para un proceso político más amplio. La eventual aportación rusa de fondos podría suponer un balón de oxígeno financiero para una iniciativa que, de momento, carece de un respaldo económico claro.
El pulso por los activos congelados
Sin embargo, la propuesta de Putin también tiene una clara lectura geopolítica. Al ofrecer dinero procedente de activos congelados en Estados Unidos, el Kremlin lanza un mensaje político directo a Washington y reabre el debate sobre la legitimidad y el uso de esos fondos. Moscú lleva meses denunciando lo que considera un “expolio” de sus recursos y advirtiendo de que cualquier intento de utilizarlos sin su consentimiento sentaría un precedente peligroso en el sistema financiero internacional.
En la misma comparecencia ante el Consejo de Seguridad, Putin ha ido más allá y ha sugerido que los fondos rusos que queden tras la hipotética donación a la Junta de Paz para Gaza podrían destinarse a la reconstrucción de territorios afectados por la guerra con Ucrania. Según ha señalado, esta opción se contemplaría una vez firmado un tratado de paz entre Moscú y Kiev, y serviría para restaurar regiones dañadas por más de cuatro años de combates.
“El dinero restante de nuestros activos congelados en Estados Unidos también podría utilizarse para la reconstrucción de territorios destruidos durante los combates”, ha afirmado Putin, vinculando así dos escenarios aparentemente distantes —Gaza y Ucrania— bajo una misma lógica: el uso de fondos bloqueados por Occidente para fines que Rusia presenta como humanitarios y de estabilización.
Este planteamiento será abordado, según el propio Putin, con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y con Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno de Trump, tras su llegada a Moscú. La mención a Kushner, figura clave en la política estadounidense hacia Oriente Próximo durante la presidencia de Trump, subraya la voluntad del Kremlin de interlocutar con distintos actores del entorno republicano en un momento de redefinición de alianzas y estrategias globales.