Los primeros efectos de la gran reforma social impulsada por Donald Trump ya son visibles en Estados Unidos. Millones de personas han perdido el acceso al principal programa federal de ayuda alimentaria y, en estados como Arizona, los bancos de alimentos atienden ya a más familias que el propio sistema público. Así lo recoge una investigación de Reuters, que pone cifras al impacto de los cambios introducidos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos.
Según los datos citados por la agencia, más de 4,7 millones de personas han dejado de recibir esta ayuda desde que la ley fiscal y presupuestaria de Trump entró en vigor el pasado julio. Es cerca del 11% de los beneficiarios del programa en todo el país. Detrás de esa caída hay una decisión política de calado: reducir el gasto social, endurecer los requisitos de acceso y trasladar más responsabilidad económica a los estados.
El gran recorte social de Trump
La reforma reduce la financiación de SNAP en 187.000 millones de dólares durante la próxima década, alrededor de un 17% del presupuesto previsto. No se trata solo de un ajuste técnico. Es uno de los recortes sociales más importantes de la agenda de Trump y encaja con su discurso de limitar el gasto público, reforzar los requisitos laborales y restringir el acceso de determinados colectivos inmigrantes a las prestaciones.
La Casa Blanca defiende que la medida busca priorizar a los ciudadanos estadounidenses y combatir el fraude, el abuso y el despilfarro. Pero el resultado inmediato, según los datos recopilados por Reuters, es que millones de personas han quedado fuera del programa que les permitía comprar alimentos básicos cada mes.
La nueva ley también cambia el equilibrio entre Washington y los estados. Hasta ahora, el Gobierno federal asumía el coste total de las prestaciones. Con la reforma, los estados pueden verse obligados a cubrir parte del gasto si no cumplen determinados estándares de gestión. Eso ha llevado a algunas administraciones a endurecer los controles, pedir más documentación y revisar expedientes con mayor rigidez para evitar sanciones millonarias.
Arizona, el espejo del nuevo modelo
Arizona se ha convertido en el caso más extremo. El número de beneficiarios de SNAP se ha reducido aproximadamente a la mitad, la mayor caída registrada en Estados Unidos. Más de 457.000 personas han perdido la ayuda, entre ellas casi 196.000 menores, según datos del Departamento de Seguridad Económica del estado citados por Reuters.
La administración de la gobernadora demócrata Katie Hobbs sostiene que no tiene margen para aplicar la ley de otra manera. Si Arizona no cumple los nuevos requisitos federales, podría enfrentarse a multas de cientos de millones de dólares. Esa presión explica que el estado haya acelerado la aplicación de los cambios y haya endurecido los procesos de verificación.
El resultado es una paradoja: una reforma presentada como un mecanismo para ordenar el sistema está dejando fuera a familias que siguen necesitando ayuda. No porque hayan dejado de ser pobres, sino porque no consiguen atravesar el nuevo laberinto administrativo.
Cuando el hambre se queda atrapada en el papeleo
Reuters recoge el caso de Angelica Garcia, madre soltera de tres hijos en Tucson. Intentó renovar su ayuda esta primavera, rellenó la solicitud, llamó una y otra vez al departamento estatal y acudió a una oficina con poco personal. La respuesta llegó dos meses tarde. Durante ese tiempo, su familia sobrevivió con donaciones y productos baratos como arroz, judías y tortillas.
También aparece el caso de Myriam Flores, madre de siete hijos en Phoenix, que perdió una ayuda mensual de 1.100 dólares tras no lograr renovar el acceso al programa. Mientras esperaba una respuesta, acudía casi a diario a un banco de alimentos para poder alimentar a sus hijos.
Este es uno de los efectos menos visibles del recorte: la pobreza administrativa. No hace falta eliminar una ayuda para que muchas personas dejen de recibirla. Basta con multiplicar los formularios, exigir más justificantes, saturar las oficinas, cortar las llamadas o dejar expedientes sin resolver durante semanas. El derecho sigue existiendo sobre el papel, pero se vuelve mucho más difícil de ejercer.
Los bancos de alimentos llenan el hueco
Mientras cae el número de beneficiarios de SNAP, crece la presión sobre las organizaciones benéficas. La Arizona Food Bank Network registró en abril unas 843.000 personas atendidas en despensas solidarias, un 8% más que un año antes. La cifra supera al número de personas que todavía reciben cupones de alimentos en el estado.
En mayo, la demanda bajó ligeramente hasta unas 790.000 personas, pero siguió en niveles muy altos. Para las organizaciones sociales, el cambio es evidente: familias que antes completaban la compra con una tarjeta pública ahora dependen de bolsas de comida repartidas por entidades caritativas.
Arizona no es el único estado afectado. Reuters señala descensos importantes en otros territorios: un 17,4% en Luisiana, un 13,7% en Virginia y un 11,6% en Wyoming. La reforma apenas ha empezado a desplegarse y ya está redibujando la red de protección alimentaria de Estados Unidos.
El recorte de Trump no solo reduce una partida presupuestaria. Cambia la filosofía del sistema: menos ayuda directa, más requisitos, más control y más peso sobre los estados. En Arizona, esa transformación ya se mide en cifras muy concretas: cientos de miles de personas fuera de SNAP y bancos de alimentos convertidos en el último recurso para miles de madres y niños.
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