Recuperar la libertad no devuelve los años perdidos. Tampoco repara las consecuencias de una detención arbitraria, los empleos que desaparecieron durante el encarcelamiento o las familias que quedaron rotas. Esa es la cuestión que ha quedado fuera del anuncio de Nayib Bukele, que esta semana abrió la puerta a excarcelar de manera anticipada y condicional a miles de personas detenidas durante su ofensiva contra las pandillas. Después de cuatro años y medio de régimen de excepción, el presidente de El Salvador contempla ahora la puesta en libertad de una parte considerable de los encarcelados, pero sin reconocer las detenciones arbitrarias denunciadas por las organizaciones de derechos humanos ni presentar un mecanismo de reparación para sus víctimas.
El anuncio supone un cambio relevante en la gestión de una política que Bukele ha convertido en la principal seña de identidad de su Gobierno. Desde marzo de 2022, más de 93.000 personas han sido detenidas bajo un régimen extraordinario que ha permitido restringir garantías constitucionales y ampliar los poderes de las fuerzas de seguridad. El presidente aseguró el martes que su Ejecutivo estudia conceder la libertad anticipada a aproximadamente la mitad de los presos acusados de colaborar con las pandillas, aunque no concretó cuántas personas podrían beneficiarse, cuándo comenzarían las excarcelaciones ni bajo qué requisitos definitivos se producirían.
La iniciativa, sin embargo, no contempla por sí misma una revisión general de la responsabilidad del Estado en los encarcelamientos denunciados como injustos. Bukele mantiene que los posibles beneficiarios cometieron delitos, aunque ahora distingue entre los dirigentes de las organizaciones criminales y quienes colaboraron con ellas bajo distintas circunstancias. Su argumento es que no puede atribuirse idéntica responsabilidad a quienes controlaban los territorios y a quienes vivían sometidos a su autoridad. Una distinción que introduce matices en su política penitenciaria, pero que no resuelve la situación de quienes, según las organizaciones de derechos humanos, fueron encarcelados sin pruebas suficientes de haber cometido delito alguno.
Salir de prisión no significa que se haya hecho justicia
La abogada salvadoreña Bertha Deleón, exiliada tras sus enfrentamientos con el poder político, ha reclamado que las víctimas de detenciones arbitrarias reciban una compensación por los perjuicios ocasionados durante su encarcelamiento. En una declaración difundida en X, Deleón defendió que recuperar la libertad no basta para reparar el daño causado por el Estado. Entre las consecuencias que enumeró figuran las lesiones físicas y psicológicas, el sufrimiento de las familias, la pérdida del empleo, la interrupción de los estudios y el deterioro de la reputación personal.
Las víctimas de detenciones arbitrarias no solo merecen recuperar la libertad, también merecen ser indemnizadas por los daños causados por el Estado de El Salvador: el daño físico y mental que causa el encierro, sufrimiento familiar, pérdida de trabajo o estudio, daño reputacional, entre otros. Quien va a responder por esto ?
— Bertha María Deleón (@berthamariaD) October 14, 2026
Su reclamación sitúa el debate en un terreno que va más allá de la política de seguridad. Una excarcelación condicional no equivale a una absolución, del mismo modo que una liberación anticipada no implica necesariamente reconocer que el encarcelamiento fue ilegal. Para quienes hayan sufrido una detención arbitraria, la reparación exigiría también esclarecer las circunstancias de su arresto, determinar las posibles responsabilidades institucionales y establecer las medidas correspondientes para compensar los daños acreditados.
La distinción resulta especialmente importante en El Salvador, donde el régimen de excepción ha permitido detener a personas bajo procedimientos que las organizaciones internacionales consideran incompatibles con las garantías del debido proceso. La ausencia de una revisión individualizada suficiente, las dificultades para acceder a una defensa efectiva y la prolongación de la prisión preventiva han sido algunos de los problemas documentados durante estos años.
El anuncio de Bukele tampoco aclara cómo se abordarán los casos de quienes sostienen que nunca pertenecieron a una pandilla ni colaboraron con ella. El presidente ha presentado su propuesta como una oportunidad para las personas con menor implicación en las actividades criminales, pero no ha anunciado un procedimiento específico de reparación para los inocentes encarcelados.
Miles de denuncias y centenares de muertos bajo custodia
Las dimensiones de la ofensiva penitenciaria explican por qué las organizaciones de derechos humanos consideran insuficiente una medida limitada a conceder libertades condicionales. Según los datos recopilados por entidades de defensa de los derechos humanos y recogidos por Associated Press, durante el régimen de excepción se han registrado más de 6.000 denuncias de abusos y al menos 575 muertes bajo custodia estatal. Estas cifras no significan que todos los fallecimientos respondan a una misma causa ni que todas las denuncias hayan sido judicialmente acreditadas, pero reflejan la magnitud de los hechos que reclaman investigación.
El pasado julio, Amnistía Internacional publicó un informe que documenta un patrón de detenciones arbitrarias masivas, torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y muertes en prisión. La organización advirtió de que algunas de estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión que fundamenta en la posible existencia de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
La investigación, basada en entrevistas, documentación judicial y el examen de casos individuales, describe un sistema en el que la apariencia física, el barrio de residencia o las denuncias anónimas no verificadas han servido en determinados casos para justificar arrestos. También recoge testimonios de agentes policiales sobre presiones para alcanzar cuotas de detenciones y de abogados que denuncian procesos sin una valoración suficiente de las pruebas.
El impacto ha sido particularmente intenso en las comunidades empobrecidas, que ya soportaban buena parte de la violencia y la extorsión ejercidas por las pandillas antes de la implantación del régimen de excepción. Según Amnistía Internacional, personas sin vínculos criminales comprobados han terminado encarceladas en un sistema que ha debilitado las garantías necesarias para examinar individualmente las acusaciones.
La posible salida de miles de presos abre así un nuevo escenario, pero deja pendientes cuestiones esenciales: qué ocurrirá con quienes hayan sido detenidos injustamente, cómo se investigarán las muertes en prisión y qué mecanismos existirán para exigir responsabilidades al Estado.
Un régimen excepcional que continúa vigente
Bukele defiende los resultados de su ofensiva contra las pandillas y reivindica la fuerte reducción de la violencia homicida en El Salvador. Según las cifras oficiales, la tasa de homicidios pasó de superar los 100 por cada 100.000 habitantes en 2015 a situarse en 1,3 en 2025. La evolución ha transformado la vida cotidiana en numerosos barrios durante décadas sometidos al control de las organizaciones criminales, aunque las estadísticas del Ejecutivo han sido cuestionadas por los cambios en los criterios empleados para contabilizar determinadas muertes.
El presidente ha utilizado esos resultados para justificar la continuidad de las medidas extraordinarias y rechazar las críticas nacionales e internacionales. Tras anunciar su plan de excarcelaciones, defendió nuevamente la necesidad de mantener el régimen de excepción, aunque expresó su intención de ponerle fin en algún momento.
La decisión coloca a El Salvador ante una situación singular. El Gobierno estudia revisar miles de encarcelamientos mientras conserva el marco legal excepcional que hizo posibles las detenciones masivas. Las personas que eventualmente recuperen la libertad podrían hacerlo bajo vigilancia y con condiciones, sin que ello suponga una revisión de la legalidad de su arresto o de las actuaciones de las autoridades.
Por ahora, el Ejecutivo no ha presentado un calendario definitivo ni ha explicado de qué manera las decisiones de excarcelación se articularán con las garantías judiciales ordinarias. Tampoco ha anunciado un programa general de indemnizaciones destinado a quienes acrediten haber sufrido detenciones arbitrarias.
En marzo de 2022, el régimen de excepción se justificó como respuesta a una oleada de asesinatos perpetrados por las pandillas. Cuatro años y medio después, las autoridades reivindican la reducción de la criminalidad y preparan posibles excarcelaciones, pero sigue sin resolverse qué responsabilidad corresponde al Estado por los abusos documentados durante ese periodo. Para quienes fueron encarcelados injustamente, salir de prisión sería el primer paso. La reparación sigue pendiente.
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