La Policía federal belga ha registrado este martes las oficinas del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas en relación a una investigación por corrupción iniciada en Alemania -en concreto en el estado de Turingia- en el que están participado tanto autoridades alemanas como belgas.
En concreto, según apuntan diferentes fuentes, se investiga unas presuntas mordidas que recibió el responsable de la campaña digital, Mario Voigt (ahora al frente del grupo parlamentario en Turingia), en las pasadas elecciones europeas.
Tras conocerse la noticia, el PP europeo ha sacado un comunicado en el que señalan que “el partido está cooperando con total transparencia con las autoridades” y está “proporcionando toda la información y documentación relevante”.
Sin embargo, el PPE ha evitado dar más detalles sobre el asunto: “El Partido Popular Europeo confirma que representantes de las autoridades policiales belgas y alemanas visitaron su sede en Bruselas el martes 4 de abril. La visita está relacionada con una investigación en curso en Turingia, Alemania”.
Mario Vogt en el ojo de la polémica
Por otra parte, cabe recordar que, pese a que Vogt actualmente no ocupa ningún cargo orgánico en el Partido Popular Europeo, sí que fue contratado para dirigir las operaciones digitales durante la campaña electoral para los comicios de 2019. Una contratación [la de Vogt] que la prensa alemana atribuye a Manfred Weber, actual presidente del PPE.
Para ser más precisos, según la prensa alemana, como parte de esta campaña en internet, el PPE contrató a una agencia de publicidad digital en la ciudad de Jena, en Turingia. Las autoridades alemanas sospechan que Voigt cobró una comisión ilegal de la compañía a cambio de adjudicarle el contrato.
Por todo ello, en la redada de este martes el principal cometido de la policía ha sido el de encontrar pruebas para saber hasta qué punto Voigt estuvo implicado en la adjudicación, así como descubrir cuál fue el modus operandi del mismo.También pretendían recabar información sobre cuánto tiempo trabajó esta persona para el PPE y cuánto dinero recibió como remuneración.
El PPE niega ninguna relación con los escándalos de los sobornos de Catar y Marruecos
Por otra parte, las fuentes del PPE han descartado que este registro de su sede tenga alguna relación con la trama de sobornos en el Parlamento Europeo vinculada presuntamente a Catar y Marruecos desvelada el pasado mes de diciembre y por el que siguen en prisión tres diputados y un exeurodiputado, todos ellos socialdemócratas.
Unos sobornos en los que el Parlamento Europeo quiere llegar hasta el fondo del asunto. De hecho, a mediados de febrero la Eurocámara aprobaba adaptar su comisión sobre injerencias extranjeras para que pueda investigar también la trama de corrupción.
En concreto, tras las revelaciones de supuesta injerencia extranjera y las investigaciones sobre el mayor caso de corrupción en el Parlamento Europeo, el comité especial tendrá nuevas tareas para identificar las deficiencias y lagunas en la normativa de transparencia, integridad y rendición de cuentas de la Eurocámara.
En su informe previsto para el mes de julio, la comisión de investigación propondrá medidas de medio y largo plazo y recomendaciones para acometer reformas que mejoren el funcionamiento de la institución. Estas se basarán en las resoluciones del Parlamento Europeo y las buenas prácticas de otros parlamentos e instituciones.
Esto forma parte de la respuesta interna del Parlamento Europeo después de que a finales de 2022 estallara el caso de corrupción que involucraba a varios eurodiputados incluida la cesada vicepresidenta Eva Kaili.
La socialista griega, su pareja y asesor europarlamentario, Francesco Giorgi, y otras dos personas han sido imputados por participar en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción.
Uno de los imputados y considerado cabecilla, el exeurodiputado Antonio Panzeri, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para confesar todos los detalles de la trama y señalar a quienes cobraron los sobornos a cambio de una reducción en las penas que se solicitan contra de él de cinco a un año de prisión.
