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La Amazonia esconde bajo su vegetación una riqueza que lleva décadas despertando el interés de empresas mineras, buscadores de oro y grandes propietarios. Para las comunidades indígenas, esas mismas tierras constituyen su hogar y una parte inseparable de su identidad. El enfrentamiento entre ambas realidades está a punto de entrar en una nueva etapa en Brasil. El avance del bolsonarismo en las elecciones legislativas del 4 de octubre ha reforzado a los sectores políticos que defienden ampliar la explotación de los recursos naturales, precisamente cuando el Congreso deberá abordar una regulación pendiente sobre la actividad minera en territorios indígenas.
La paradoja es que esta batalla no depende exclusivamente de quién gane las elecciones presidenciales. Mientras Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se preparan para disputar la segunda vuelta del 25 de octubre, el Partido Liberal (PL), la formación de la familia Bolsonaro, ya ha conseguido convertirse en la primera fuerza de las dos cámaras legislativas. Sus 121 diputados y 28 senadores le darán una capacidad de influencia considerable a partir de febrero de 2027, aunque necesitará acuerdos con otras formaciones para sacar adelante sus propuestas. Entre los asuntos que esperan al nuevo Parlamento figura uno especialmente delicado: determinar en qué condiciones puede autorizarse la explotación de minerales en las tierras reconocidas a los pueblos originarios.
El momento elegido por las urnas no es casual en términos políticos, aunque sí responde a procesos independientes. En agosto, el Tribunal Supremo Federal dio al Congreso un plazo de 24 meses para elaborar una regulación sobre la participación indígena en la explotación de recursos minerales. La resolución parte de una reclamación de organizaciones del pueblo Cinta Larga, en el estado de Rondônia, y pretende resolver una omisión legislativa que se arrastra desde la aprobación de la Constitución de 1988. Sin embargo, la obligación de legislar abre una disputa sobre quién podrá extraer esas riquezas, bajo qué condiciones y con qué garantías para las comunidades.
La extrema derecha toma posiciones en el Congreso
El resultado de las legislativas ha modificado el equilibrio de fuerzas en Brasilia. El Partido Liberal obtuvo 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados, 24 más que en las elecciones anteriores, mientras la federación encabezada por el Partido de los Trabajadores quedó como segunda fuerza, con 88 representantes. En el Senado, el PL dispondrá de 28 de los 81 asientos. Su crecimiento refuerza a una derecha que ya mantenía una presencia importante en el Parlamento y que comparte algunas prioridades económicas con los sectores agroindustriales y extractivos.
La preocupación de las organizaciones ambientalistas no se limita a los representantes que pertenecen formalmente al partido de Bolsonaro. La influencia de las bancadas vinculadas al agronegocio y a la explotación de recursos naturales atraviesa distintas formaciones, lo que puede facilitar acuerdos parlamentarios para modificar las normas de protección territorial. La futura regulación minera será uno de los escenarios en los que se comprobará la fortaleza de esas alianzas.
Un estudio del Observatorio do Clima advierte de que una parte ampliamente mayoritaria de los parlamentarios elegidos o reelegidos presenta, según su metodología, un compromiso bajo o muy bajo con las cuestiones ambientales. La organización identifica al Partido Liberal entre las formaciones con peor historial en esta materia y señala el riesgo de que prosperen iniciativas para reducir áreas protegidas, facilitar actividades extractivas y flexibilizar las exigencias ambientales. Se trata de la evaluación de una organización especializada, no de una conclusión oficial sobre cómo votará cada parlamentario.
El resultado también afecta al margen de actuación del próximo presidente. Una victoria de Lula no eliminaría la necesidad de negociar con un Legislativo más conservador, mientras que una eventual presidencia de Flávio Bolsonaro podría encontrar mayores coincidencias programáticas con los grupos favorables a ampliar la actividad minera. En cualquier caso, el nuevo Congreso no podrá modificar por sí solo todas las protecciones constitucionales, y sus decisiones estarán sujetas a los procedimientos legislativos y al control de los tribunales.
El precio del oro y la presión sobre los territorios indígenas
La importancia económica de esta disputa se comprende mejor al mirar hacia el subsuelo. El oro es uno de los recursos que despiertan mayor interés en distintas zonas de la Amazonia, donde la minería ilegal lleva años causando daños ambientales y conflictos con las comunidades indígenas. El aumento de su cotización internacional incrementa los incentivos económicos para su extracción, especialmente en regiones donde el control administrativo resulta difícil y las actividades clandestinas cuentan con redes de intermediación y comercialización.
La minería aurífera puede provocar daños que van mucho más allá de la deforestación. El uso de mercurio para separar el oro contamina ríos y cadenas alimentarias, compromete la pesca y expone a las poblaciones cercanas a graves riesgos sanitarios. La apertura de caminos y asentamientos en zonas remotas también facilita la entrada de otras actividades ilegales y modifica territorios de los que dependen comunidades enteras.
El caso del pueblo yanomami constituye uno de los antecedentes más graves. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, la expansión de la minería ilegal coincidió con el deterioro de la atención sanitaria y una crisis de desnutrición, malaria y enfermedades evitables en su territorio. El Gobierno de Lula declaró una emergencia sanitaria en enero de 2023 y desplegó operaciones para expulsar a los mineros ilegales y restablecer la asistencia. Aquella intervención mostró hasta qué punto la explotación clandestina de los recursos puede convertirse en una amenaza directa para la supervivencia de las comunidades.
El problema no se reduce, sin embargo, a una oposición automática entre minería y población indígena. La reclamación que dio lugar a la intervención del Supremo fue presentada precisamente por representantes Cinta Larga que exigían una regulación que reconociera su participación en los beneficios de la explotación mineral. La Constitución brasileña contempla la posibilidad de aprovechar esos recursos bajo condiciones específicas, entre ellas la autorización del Congreso y la consulta a las comunidades afectadas.
Ahí reside uno de los aspectos más complejos de la futura legislación. Regular la actividad minera no equivale necesariamente a autorizar una explotación indiscriminada, pero el contenido concreto de la ley determinará las garantías ambientales, la participación de los pueblos indígenas y el grado de intervención de las empresas. Las organizaciones defensoras de los derechos territoriales temen que la nueva correlación de fuerzas permita aprobar una regulación favorable a los intereses extractivos.
La Amazonia vuelve a entrar en la disputa por el poder
El temor a un retroceso ambiental tiene antecedentes recientes. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, el Gobierno impulsó una política favorable a ampliar las actividades económicas en la Amazonia, cuestionó restricciones ambientales y mantuvo una relación conflictiva con organizaciones indígenas y organismos de protección. Su mandato estuvo marcado por un aumento de la deforestación y por las denuncias sobre el avance de actividades ilegales en territorios protegidos.
Desde su regreso al poder en enero de 2023, Lula ha intentado reconstruir parte de la política ambiental brasileña, fortalecer la vigilancia y recuperar el protagonismo internacional del país en la lucha contra el cambio climático. La reducción de la deforestación ha sido uno de los principales resultados que reivindica su Ejecutivo, aunque la minería clandestina, los conflictos territoriales y la presión agroindustrial siguen presentes.
La antigua ministra de Medio Ambiente Marina Silva ha advertido de que Flávio Bolsonaro podría dar continuidad a las políticas ambientales de su padre. En declaraciones recogidas por The Guardian, expresó su preocupación por el futuro de las áreas protegidas y por la posibilidad de que la nueva composición del Congreso facilite reformas que reduzcan las garantías existentes. Las organizaciones indígenas comparten parte de esos temores, especialmente ante el debate legislativo que se avecina.
Las mujeres yanomami también han intervenido en la campaña. Un manifiesto firmado por 60 representantes de 30 comunidades ha recuperado el recuerdo de la crisis humanitaria sufrida durante el anterior Gobierno de Bolsonaro para reclamar atención a las consecuencias de las decisiones políticas sobre sus territorios. Su intervención recuerda que detrás del debate sobre permisos, minerales y competencias administrativas existen poblaciones cuyas condiciones de vida dependen directamente de la protección de la selva.
Brasil concentra aproximadamente el 60% de la Amazonia, el mayor bosque tropical del planeta y uno de los ecosistemas más importantes para la regulación del clima. Lo que ocurra con su legislación ambiental tendrá consecuencias que trascienden las fronteras nacionales, aunque las decisiones sobre sus recursos corresponden a las instituciones brasileñas y deben respetar los derechos de las comunidades afectadas.
El próximo 25 de octubre se conocerá quién ocupará la Presidencia. El nuevo Congreso comenzará su legislatura el 1 de febrero de 2027 y tendrá por delante la regulación minera exigida por el Supremo. La disputa por el futuro de la Amazonia no terminará con el recuento presidencial. Continuará en los debates parlamentarios sobre qué actividades pueden desarrollarse en los territorios indígenas, quién participa en sus beneficios y qué límites establece la ley para protegerlos.
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