España ha ido un paso más allá del veto a las bases de Rota y Morón. El Gobierno ha cerrado también el espacio aéreo nacional a los aviones que participen en la guerra contra Irán. La decisión alcanza a bombarderos, aeronaves de apoyo y aviones cisterna vinculados a la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel, según la información publicada este lunes por diferentes medios. El cierre solo contempla excepciones de emergencia.
El movimiento sitúa a Madrid en una posición más nítida de la que había trascendido en un primer momento. No se trata solo de negar el uso de dos enclaves estratégicos en suelo español. La Moncloa ha querido impedir que el territorio español sirva de plataforma aérea para una ofensiva que el Ejecutivo considera ajena al derecho internacional. En términos prácticos, eso significa bloquear tanto el despegue desde instalaciones españolas como el simple sobrevuelo de aeronaves implicadas en la campaña militar.
La medida llega después de varias semanas de tensión con Washington. Antes del ataque del 28 de febrero, Estados Unidos sondeó la posibilidad de emplear infraestructuras españolas para sus despliegues. Entre las opciones figuraban Morón para bombarderos como los B-52 y B-1, y las bases andaluzas para sostener operaciones de repostaje. España lo rechazó. Ese portazo obligó a trasladar parte del dispositivo a otras localizaciones europeas, en especial a Fairford, en Reino Unido, y a recolocar medios de apoyo fuera de territorio español.
Ahí está una de las claves políticas de la decisión. El Gobierno no ha querido repetir una imagen conocida en la política española: bases estadounidenses en Andalucía al servicio de una guerra cuestionada desde el punto de vista legal y rechazada por una parte amplia de la opinión pública. Pedro Sánchez ya defendió en el Congreso el “no a la guerra” y cargó contra PP y Vox por no condenar con claridad una intervención que el Ejecutivo enmarca fuera de la legalidad internacional.
Madrid corta también la ruta aérea de la ofensiva
La restricción del espacio aéreo endurece ese mensaje. Porque una cosa es impedir el uso directo de Rota y Morón y otra, bastante más incisiva, cerrar el cielo español a cualquier vuelo relacionado con la ofensiva. Con ese gesto, España intenta cortar la cadena logística que hace posible una operación militar de este tamaño. Los aviones cisterna resultan especialmente sensibles. Sin ellos, los bombarderos de largo alcance pierden margen, rutas y capacidad de permanencia. De hecho, la negativa española al repostaje forzó a Estados Unidos a buscar otras bases en Europa para sostener su puente aéreo.
La decisión, sin embargo, no equivale a una neutralidad plena ni a una retirada del tablero regional. España sigue comprometida con misiones defensivas dentro de la OTAN y la UE. Mantiene, por ejemplo, el despliegue de sistemas Patriot en Turquía y ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre en el marco de la protección y evacuación de ciudadanos europeos. También activó medios del Ejército del Aire para sacar a españoles de la zona de riesgo. El Ejecutivo trata así de trazar una frontera política: no colaborar con una guerra ofensiva, pero sí sostener operaciones de defensa, protección y evacuación.
En ese equilibrio hay también un componente jurídico. El convenio bilateral entre España y Estados Unidos obliga a solicitar autorización previa para determinados usos de las bases conjuntas. Ese mecanismo ha permitido a Madrid vetar el empleo de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán. Con el cierre del espacio aéreo, el Gobierno amplía ese control sobre otra pieza esencial del engranaje militar. Aun así, existen límites. España no puede bloquear de forma discrecional el paso por el estrecho de Gibraltar, una vía internacional sometida a otro marco legal.
La medida abre, además, una derivada diplomática. No es habitual que un aliado de la OTAN cierre su espacio aéreo a aeronaves de otro aliado en plena operación militar. Tampoco pasa inadvertido que el veto español afecte a medios clave de Estados Unidos mientras otros países europeos facilitan el despliegue. El mensaje de fondo es claro: Madrid no quiere verse arrastrado a una guerra que considera ilegítima, aunque eso complique su relación con Washington y lo sitúe en una posición incómoda dentro del bloque atlántico.
