El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vuelto a su senda de acción vetando la ley aprobada por el Congreso argentino que contemplaba una subida del 7,2 % en todas las pensiones de jubilación, argumentando que la medida es fiscalmente insostenible. La decisión, que se oficializará este lunes, marca el inicio de una batalla legislativa: la oposición podría intentar revertir el veto, pero necesitaría los dos tercios de los votos en ambas cámaras.
La norma rechazada buscaba aliviar el golpe que vienen sufriendo los jubilados bajo la política de ajuste del Gobierno. Además del aumento general, contemplaba un incremento del bono para las jubilaciones mínimas, llevándolo de 70.000 a 110.000 pesos (unos 5.000 euros al cambio actual).
El Fondo Monetario Internacional (FMI) había avisado que ambas leyes habrían generado un gasto público adicional del 1,5 por ciento del PIB, "costosas iniciativas" que surgen en un contexto de "presión electoral", y ponían en peligro el acuerdo para un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares (más de 18.500 millones de euros) firmado en abril.
Pero Milei no se quedó ahí. También ha vetado otra ley, esta vez orientada a la población con discapacidad, que aseguraba el acceso a prestaciones esenciales, transporte y atención integral. Entre otras cosas, establecía que las pensiones no contributivas por invalidez se elevaran al 70 % del haber mínimo y pudieran compatibilizarse con empleos formales, siempre que no superaran los dos salarios mínimos.
Según el diario 'Clarín', ambas normas habrían generado un gasto adicional equivalente al 1,5 % del PIB, algo que el Gobierno considera inaceptable en el contexto actual. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también había levantado la voz de alarma, calificando las propuestas como “costosas iniciativas” nacidas de la “presión electoral” que ponían en riesgo el acuerdo firmado en abril para un rescate de 20.000 millones de dólares (más de 18.500 millones de euros).
Pedir nacionalidad si realizan "inversiones relevantes"
El Gobierno de Argentina ha aprobado un decreto mediante el cual los extranjeros que acrediten haber realizado "inversiones relevantes" en el país pueden solicitar la ciudadanía argentina. Según se incluye en el decreto 524/2025, el Ministerio de Economía del país será el organismo encargado de establecer qué inversiones serán consideradas relevantes para el territorio a través de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.
Si bien el Gobierno no ha especificado la cuantía mínima para considerar una inversión como "relevante", el medio local 'La Nación' adelantó que el límite podría situarse en 500.000 dólares (436.822 euros). De esta manera, y ante la solicitud de un inversor, esta agencia evaluará el proyecto realizado y emitirá un informe recomendando a la Dirección Nacional de Migraciones la aprobación o rechazo de la petición.
Además de dictaminar si la inversión es suficiente para calificarla de relevante, el informe tendrá en cuenta otros precios, procedentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a todo otro organismo público o privado, para determinar si el otorgamiento de la ciudadanía al interesado no representa un riesgo para la seguridad o intereses nacionales.
