Isabel Díaz Ayuso quiso reconocer este lunes la defensa de la libertad de José Antonio Kast. La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió al mandatario chileno en la Real Casa de Correos y le entregó la Medalla Internacional de la región, una distinción que anteriormente habían recibido Javier Milei y Daniel Noboa. No escatimó elogios. Destacó su compromiso con la seguridad, la prosperidad y las instituciones, y aseguró que ambos gobiernos comparten una misma manera de entender la política. "Te entregamos esta medalla por todo lo que has hecho hasta el momento y todo lo que tienes por delante", le dijo. La ceremonia apenas duró veinte minutos, pero permitió reunir bajo una misma fotografía a dos dirigentes que han encontrado en la defensa de la libertad uno de sus principales argumentos políticos.
La trayectoria del homenajeado, sin embargo, invita a detenerse en el significado de esa palabra. Kast votó en 1988 a favor de que Augusto Pinochet continuara gobernando Chile, ha expresado públicamente su simpatía por el antiguo dictador y construyó buena parte de su carrera política dentro de la derecha surgida durante el régimen militar. Su familia también estuvo vinculada a aquella etapa de la historia chilena. El reconocimiento de Ayuso llega, además, cuando su Gobierno atraviesa una grave crisis por las rebajas de condena concedidas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, una controversia que ha puesto en cuestión su promesa de aplicar mano dura contra la delincuencia.
A sus 60 años, José Antonio Kast Rist es el presidente de Chile desde el pasado 11 de marzo. Llegó a La Moneda después de derrotar a la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, con el 58,16% de los votos en la segunda vuelta de diciembre de 2025. Su victoria puso fin al Gobierno progresista de Gabriel Boric y confirmó el ascenso de una derecha que había hecho de la inseguridad, la inmigración irregular y el rechazo a determinadas transformaciones sociales sus principales asuntos de campaña. El abogado que había perdido las presidenciales de 2017 y 2021 consiguió finalmente llegar al poder con un discurso de orden, autoridad y recuperación económica.
Su historia política comienza mucho antes de aquella victoria. Nació el 18 de enero de 1966 en Santiago de Chile, en una familia numerosa de origen alemán. Fue el menor de diez hermanos y creció en un entorno católico acomodado, ligado a la actividad empresarial de su padre, Michael Kast Schindele, y de su madre, Olga Rist. Los dos habían emigrado a Chile después de la Segunda Guerra Mundial y se establecieron en la zona de Paine, al sur de la capital. Allí levantaron un negocio familiar que prosperó con el paso de los años.
Pero el pasado de Michael Kast regresaría décadas después para convertirse en uno de los episodios más controvertidos de la biografía de su hijo. En diciembre de 2021, una investigación de Associated Press examinó documentación conservada en los archivos federales alemanes que vinculaba al padre del político con el Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler. La ficha registraba la afiliación de un Michael Kast cuyos datos de nacimiento coincidían con los del padre del entonces candidato presidencial. El documento contradecía la explicación que José Antonio Kast había ofrecido durante años, según la cual su progenitor había sido únicamente un recluta del Ejército alemán. La investigación no acreditó su participación en los crímenes del nazismo, pero sí aportó pruebas documentales de su pertenencia al partido.
El episodio no sirve por sí solo para explicar las convicciones políticas del presidente chileno. Estas deben examinarse a partir de su propia trayectoria, que también está estrechamente relacionada con la historia del pinochetismo. Su hermano Miguel Kast ocupó importantes responsabilidades durante la dictadura, entre ellas la dirección de la Oficina de Planificación Nacional, el Ministerio de Trabajo y la presidencia del Banco Central. Fue uno de los economistas vinculados a las reformas de mercado impulsadas durante aquellos años. La familia, por tanto, no fue ajena al poder militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990.
El hombre que votó por Pinochet
José Antonio Kast estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, un centro universitario tradicionalmente ligado a las élites políticas y económicas del país. Allí comenzó a desarrollar su actividad pública y conoció a María Pía Adriasola, con quien se casó en 1991 y tuvo nueve hijos. La religión católica ha ocupado desde entonces un lugar central en su vida personal y política. Ambos se vincularon al movimiento de Schönstatt, mientras Kast consolidaba una visión conservadora de la familia y de las relaciones sociales.
En 1988, cuando los chilenos acudieron a las urnas para decidir si Pinochet debía prolongar su mandato, Kast votó por el Sí. La opción fue derrotada y abrió el camino hacia el retorno de la democracia, pero el futuro presidente nunca ocultó aquella decisión. En 2017 llegó a afirmar que, si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. También bromeó con la posibilidad de haber compartido un té con el antiguo dictador en el Palacio de La Moneda. Son declaraciones que ayudan a entender por qué su llegada a la Presidencia ha reabierto un debate que continúa atravesando la política chilena: el lugar que ocupa la dictadura en la memoria de la derecha.
Su carrera institucional empezó como concejal de Buin entre 1996 y 2000. Después dio el salto al Congreso, donde permaneció 16 años como diputado, entre 2002 y 2018. Durante buena parte de ese periodo militó en la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los principales partidos de la derecha chilena, fundado por Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución aprobada durante la dictadura.
Kast terminó rompiendo con la UDI en 2016, convencido de que la derecha tradicional había cedido demasiado terreno en cuestiones sociales y culturales. Se presentó como independiente a las elecciones presidenciales de 2017, obtuvo alrededor del 8% de los votos y comenzó a construir un espacio político propio. En 2019 fundó el Partido Republicano, desde el que articuló una oposición conservadora tanto a la izquierda como a los sectores de centroderecha que consideraba demasiado moderados.
Su segunda candidatura presidencial llegó en 2021, en un Chile todavía marcado por las protestas sociales de 2019 y por el debate sobre una nueva Constitución. Ganó la primera vuelta, pero perdió la segunda frente a Gabriel Boric. Aquella derrota no supuso su retirada. Durante los años siguientes, su partido creció electoralmente y reforzó su presencia en el debate público, especialmente alrededor de la seguridad, las fronteras y las políticas migratorias. Su evolución está documentada en la extensa biografía política elaborada por el CIDOB.
En materia social, Kast ha mantenido posiciones contrarias al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Presidió además la red internacional provida Political Network for Values entre 2022 y 2024. En la campaña de 2025 optó por dar menos protagonismo a esas cuestiones y concentrarse en la delincuencia, la inmigración y la economía. No fue una renuncia pública a sus convicciones anteriores, sino un cambio en las prioridades de su mensaje electoral.
La tercera candidatura terminó llevándolo a La Moneda. En diciembre de 2025 derrotó a Jeannette Jara, antigua ministra del Trabajo de Boric y candidata de una amplia coalición de izquierdas. Consiguió más de 7,2 millones de votos, según los resultados publicados por el Servicio Electoral de Chile, y se impuso en todas las regiones del país. El resultado fue incontestable en términos electorales, aunque también dejó abiertas las preguntas sobre cómo trasladaría sus promesas a la gestión diaria.
La mano dura y las contradicciones del poder
Kast llegó a la Presidencia con una propuesta centrada en recuperar el control de las fronteras, reforzar las atribuciones de las fuerzas de seguridad, combatir el crimen organizado y estimular la inversión privada. Su programa incluía medidas para endurecer la respuesta frente a la inmigración irregular y reducir determinadas partidas del gasto público. La promesa de restablecer el orden fue una de las principales herramientas con las que consiguió atraer apoyos más allá de los votantes tradicionales de la derecha.
Los primeros meses de Gobierno, sin embargo, resultaron más complejos. Las dificultades económicas, el encarecimiento de los combustibles asociado a la guerra de Irán y las controversias dentro de su Ejecutivo deterioraron rápidamente sus índices de aprobación. En junio, una información de Reuters recogía que su popularidad había pasado del 57% al comienzo del mandato al 38%, según la encuestadora Cadem. El presidente trató de recuperar la iniciativa anunciando reformas económicas, mayor control migratorio y nuevas medidas contra la delincuencia.
La contradicción más grave llegó desde el Ministerio de Justicia. En octubre se conoció que, entre marzo y septiembre, el Ejecutivo había tramitado decretos que beneficiaron con rebajas de condena a 56 personas condenadas por abusos sexuales y pederastia. También se habían concedido beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. La controversia resultaba especialmente delicada para un presidente que había hecho de la protección de las familias, la seguridad y el castigo a los delincuentes algunas de sus principales promesas.
El Gobierno defendió que las decisiones respondían a criterios legales y a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Sin embargo, distintos pronunciamientos judiciales cuestionaron que existiera una obligación general de conceder aquellas rebajas. La presidenta del máximo tribunal chileno recordó que el Ministerio de Justicia había actuado en ejercicio de sus propias competencias. La oposición exigió responsabilidades y las críticas también llegaron desde sectores del oficialismo.
El pasado viernes, 30 de octubre, Kast destituyó al subsecretario de Justicia, Luis Silva, pero mantuvo en su puesto al ministro Fernando Rabat, pese a las peticiones de dimisión. Según informó la Agencia EFE, el escándalo afectaba a más de medio centenar de condenados por delitos sexuales y a personas sentenciadas por crímenes de lesa humanidad. La crisis sigue abierta y supone una prueba para un Ejecutivo que prometió reducir la delincuencia mediante una política de tolerancia estricta.
En ese contexto llegó la visita oficial a Madrid. Ayuso defendió que Kast había situado la seguridad en el centro de su Gobierno y elogió su determinación para recuperar la confianza de los ciudadanos. También reivindicó la iniciativa privada y las políticas económicas del presidente chileno frente al legado de Gabriel Boric. Kast respondió con un discurso centrado en el Estado de derecho, la inversión y la necesidad de garantizar el orden. Aseguró que Chile estaba de vuelta en el mundo y animó a los empresarios españoles a invertir en su país.
El encuentro no fue una excepción dentro de la trayectoria internacional de la presidenta madrileña. Ayuso ya había entregado la misma distinción a Javier Milei y Daniel Noboa, además de reconocer a dirigentes venezolanos como Juan Guaidó y Edmundo González. La propia presidenta presentó estas condecoraciones como una expresión de afinidades en torno a la libertad, la democracia liberal y la cooperación económica. La izquierda madrileña, en cambio, criticó que se empleara una distinción institucional para reconocer a dirigentes de la derecha internacional.
Para Kast, la visita se produce en su primera gira europea desde que asumió la Presidencia. Su agenda incluye encuentros políticos y económicos destinados a reforzar las relaciones comerciales de Chile, además de su participación en actividades empresariales y una recepción con el rey Felipe VI. El viaje ofrece al presidente una oportunidad para proyectar una imagen de estabilidad fuera de su país, mientras su Gobierno afronta dificultades políticas internas.
La medalla recibida en Madrid incorpora una última paradoja a una trayectoria marcada por el debate sobre el orden y la libertad. Kast ha llegado democráticamente a la Presidencia de Chile, pero nunca ha ocultado su voto favorable a la continuidad de una dictadura. Ayuso ha decidido reconocer precisamente su compromiso con las instituciones y las libertades. La ceremonia del lunes no resolvió esa contradicción histórica, aunque sí dejó constancia de las afinidades políticas que ambos dirigentes quisieron reivindicar públicamente.
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