Una delegación de Naciones Unidas había solicitado visitar cárceles australianas durante estas fiestas. Sin embargo, el pase fue denegado en primera instancia, hasta que pudieron acudir a algunas prisiones de las demarcaciones estatales de Nueva Gales del Sur y Australia Occidental.
Al final, pudieron ir durante 12 días a algunas cárceles, pero quedaron horrorizados de lo que allí vieron. En total, durante su permanencia en el país visitaron 16 instituciones y entrevistaron a cerca de un centenar de prisioneros, así como representaciones gubernamentales, incluyendo contactos con delegaciones judiciales y comités de la sociedad civil.
La delegación estuvo presidida por la abogada ucraniana, la doctora Ganna Yudkivska, y la persona que ejerce como su mano derecha, el neozelandés Matthew Gillet. Ambos pusieron en valor la independencia del proceso judicial australiano, pero, en la práctica, se vieron obligados a poner en entredicho el tratamiento dispensado a algunas de las personas encarceladas, sobre todo refugiados, indígenas, menores de edad o personas con discapacidad.
Los delegados manifestaron su descontento asegurando que que Australia estaba violando el tratado internacional sobre los derechos que amparan a los refugiados y emigrantes que reclaman asilo político y pusieron de manifiesto los problemas psicológicos que acarreaban y que podían agudizarse en esas condiciones.
En declaraciones a este periódico, el psicólogo Juan Carlos Guzmán, residente en Melbourne, dijo que eran ineludibles los obstáculos que padecen estas personas y habló sin tapujos sobre las autoridades del territorio norteño a la hora de impedir la entrada de responsables de la ONU. Lo calificó como un caso único, y es que es la primera vez en 30 años que altos cargos de Naciones Unidas se enfrentan a trabas tan evidentes en un país.
En otro orden de cosas, la delegación ponía de manifiesto que desde el pasado mes de marzo, al 42% de los prisioneros no se le inculpaba ningún delito. En paralelo, Yudkivska afirmaba que “casi la mitad de los que sufren condenas de prisión se encontraban bajo fianza, siendo discriminados por razones populistas solo para atraer la atención de los medios informativos australianos”. Además, destacaba que “de acuerdo a las investigaciones realizadas, éstas demuestran que la estancia en prisión de periodos breves incremente las posibilidad de que se vuelvan a cometer delitos”.
Mayor número de muertes desde 1979
En el caso de las personas indígenas, la delegación advertía del aumento alarmante de nativos recluidos en las cárceles y, sobre todo, el trato que reciben. Una de las últimas semanas las cárceles lanzaban el mayor número de nativos fallecidos en prisión desde 1979.
A pesar de ello, Yudkivska matizaba que las prisiones donde los aborígenes estaban recluidos estaban bien acondicionadas y ponía en valor los programas de rehabilitación que estaban a disposición de los detenidos.
No obstante, los inspectores de la delegación criticaron el modus operandi de las autoridades gubernamentales quienes desde un principio se negaron a explicar nada a la ciudadanía sobre las personas recluidas.
El académico neozelandés, por su lado, comparaba la situación del sistema penitenciario australiano al de un país "que se encuentra en situación semejante a los daños provocados por un huracán o grandes inundaciones".
La doctora enfatizaba que el tratamiento dispensado a los menores de edad y jóvenes de 13 años o más "daña la reputación del sistema australiano". Además, destacaba que los menores de 10 años podrían ser inculpados de ofensas criminales bajo las jurisdicciones de la mayoría de los Estados y Territorios australianos
Los inspectores de la delegación que supervisaron las condiciones de las personas con discapacidad dijeron al respeto que en el sistema australiano no había suficientes psiquiatras para atender la demanda.
En la misma línea, averiguaron que en algunas demarcaciones estatales los servicios sanitarios eran muy limitados en las instituciones penitenciarias.
La doctora Ganna Yudkivska
Ucraniana de nacimiento, se hizo notar en el mundo gracias a dos premisas: el respeto a las leyes internacionales y en favor de Derechos Humanos.
Su impresionante carrera comenzó en Ucrania en tiempos de paz y, desde entonces, no ha parado de viajar por los cinco continentes estrechando lazos y, como en este caso, poniendo la cara colorada si es necesario.
Forma parte de una sociedad internacional y es vicepresidenta del Grupo de trabajo de Naciones Unidas, así como del Grupo de Trabajo que examina Detenciones Arbitrarias.
También ha destacado en su carrera como jueza relacionada con los Derechos Humanos en Europa.
Sus estudios se centran en la universidad de Kiev y en Francia, donde cursó un máster.
