Benjamin Netanyahu puede perder las elecciones, abandonar el despacho que ha ocupado durante más tiempo que ningún otro primer ministro israelí y convertirse en un capítulo cerrado de la historia política de su país. Pero hay algo mucho más difícil de desalojar del poder que al propio Netanyahu: la concepción de Israel como un Estado cuya seguridad pasa por mantener la superioridad militar y el control sobre los territorios palestinos. Una idea que no nació con el actual mandatario, que ha encontrado respaldo en amplios sectores de la sociedad israelí y que amenaza con sobrevivir a su salida del Gobierno. Porque los hombres pasan, incluso aquellos que parecían eternos, pero las estructuras que levantan y los consensos que consolidan pueden sobrevivirles durante generaciones.
A las puertas de las elecciones del próximo 27 de octubre, Israel se enfrenta a una paradoja que trasciende la disputa electoral. Buena parte de la oposición reclama el final de la era Netanyahu, pero deshacerse del primer ministro no equivale necesariamente a terminar con la ocupación, la expansión de los asentamientos o la centralidad del Ejército en la vida política. La batalla por el poder gira alrededor de los fallos de seguridad del 7 de octubre de 2023, las guerras posteriores y el desgaste de unas instituciones sometidas a profundas tensiones. Sin embargo, el futuro de millones de palestinos continúa subordinado, en buena parte del debate político israelí, a las prioridades de seguridad del Estado.
La contradicción ha quedado especialmente expuesta con la presentación, el pasado 18 de octubre, de una nueva doctrina de seguridad nacional por parte de Netanyahu. El documento oficial plantea priorizar la prevención y la ofensiva sobre la contención y la defensa, contempla ataques anticipatorios y apuesta por reforzar la autonomía armamentística israelí. La propuesta llega después de tres años de operaciones militares desde Gaza hasta Irán y cuando el país se dispone a decidir quién dirigirá su Gobierno durante la próxima legislatura.
Pero el debate no se limita al actual Ejecutivo. El antiguo jefe de inteligencia militar Tamir Hayman, director del Institute for National Security Studies (INSS), ha publicado un análisis sobre la transformación del pensamiento estratégico israelí en el que plantea interrogantes sobre la relación entre identidad nacional, democracia y uso de la fuerza. Su reflexión no constituye una doctrina oficial, pero pone sobre la mesa una cuestión que las elecciones difícilmente resolverán por sí solas: hasta qué punto Israel ha terminado normalizando la guerra como instrumento recurrente de su política exterior.
Cambiar de primer ministro sin cambiar de política
Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor y exintegrante del gabinete de guerra de Netanyahu, se ha convertido en una de las principales alternativas al primer ministro. Al frente de Yashar, presenta una candidatura centrada en la integridad institucional, la responsabilidad política y la recuperación de la confianza ciudadana. Su trayectoria militar le permite disputar a Netanyahu uno de sus principales argumentos electorales: la capacidad para garantizar la seguridad de Israel.
Sin embargo, Eisenkot no representa una ruptura completa con el pensamiento estratégico que ha definido la actuación militar israelí durante décadas. Durante su carrera estuvo vinculado a la denominada doctrina Dahiya, asociada al empleo de una fuerza devastadora contra infraestructuras en territorios desde los que operan organizaciones armadas. En el ámbito político, sus propuestas mantienen importantes ambigüedades sobre la creación de un Estado palestino y la continuidad de determinados asentamientos en Cisjordania.
Las diferencias entre ambos dirigentes existen. Eisenkot ha criticado la violencia de colonos extremistas, cuestiona la gestión de Netanyahu y plantea recuperar la confianza de los aliados internacionales. Pero la coincidencia en prioridades fundamentales de seguridad muestra los límites de una alternancia basada exclusivamente en sustituir al dirigente. Cambiar las formas de gobernar no significa necesariamente alterar la relación entre Israel y los territorios que ocupa.
Un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, publicado el 15 de octubre, subraya precisamente esa continuidad. Aunque distingue las propuestas de Netanyahu de las de sus principales rivales, señala que buena parte de la oposición judía comparte posiciones como el rechazo a un reconocimiento inmediato del Estado palestino y la defensa de una amplia libertad de actuación militar en la región.
La cuestión, por tanto, no es únicamente quién dirigirá Israel después del 27 de octubre. Es qué margen existe para transformar una política de seguridad que atraviesa las principales alternativas de Gobierno.
El sionismo nacionalista y la normalización de la ocupación
La consolidación de esa cultura política tiene raíces mucho más profundas que la carrera de Netanyahu. El sionismo, movimiento histórico que defendió la autodeterminación nacional judía y dio origen al Estado de Israel, forma parte de la identidad institucional del país. Sin embargo, sus distintas corrientes han mantenido posiciones muy diferentes sobre las fronteras, la democracia, la religión y los derechos palestinos. El problema surge cuando determinadas interpretaciones nacionalistas convierten la identidad del Estado en justificación de una dominación territorial permanente.
Esa visión ha adquirido una influencia decisiva en las últimas décadas, especialmente a través del movimiento de colonos, los partidos religiosos ultranacionalistas y las políticas destinadas a consolidar la presencia israelí en Cisjordania. Para estos sectores, la ocupación no constituye necesariamente una situación provisional pendiente de una negociación, sino una expresión legítima de sus reivindicaciones territoriales e históricas.
La consecuencia es una realidad en la que millones de palestinos viven sometidos a un sistema de restricciones, controles militares y desigualdad jurídica, mientras los asentamientos israelíes continúan condicionando la viabilidad de un futuro Estado palestino. No se trata simplemente de una disputa ideológica entre dos relatos nacionales. Existe también una dimensión jurídica que el Gobierno israelí rechaza asumir.
En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó, mediante una opinión consultiva, que la presencia continuada de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal. El tribunal también estableció que la expansión de los asentamientos vulnera el derecho internacional y que Israel debe poner fin a su presencia ilegal con la mayor rapidez posible.
La seguridad nacional, por tanto, no constituye una autorización ilimitada para ocupar territorios, anexionarlos o impedir la autodeterminación de otro pueblo. Esa distinción resulta esencial cuando buena parte del debate israelí continúa formulando el futuro palestino principalmente como una cuestión de seguridad.
Una sociedad donde la paz ha perdido terreno
La permanencia de estas posiciones no puede explicarse únicamente por las decisiones de los gobiernos. El escepticismo ante una solución política al conflicto también ha arraigado en sectores importantes de la sociedad israelí, especialmente después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y las guerras posteriores.
Los datos permiten observar la magnitud del cambio. Según una encuesta publicada por Pew Research Center en junio de 2025, solo el 21% de los israelíes consideraba posible la coexistencia pacífica de Israel con un Estado palestino independiente. En 2013, esa proporción alcanzaba el 50%. Entre los ciudadanos judíos israelíes, apenas el 16% contemplaba esa posibilidad, frente al 40% de los ciudadanos árabes.
La distancia entre ambos grupos evidencia que Israel no constituye una sociedad políticamente uniforme. También existen diferencias profundas entre la izquierda, el centro y la derecha. Pero las cifras reflejan una pérdida de confianza en la posibilidad de una solución negociada y una progresiva consolidación de posiciones favorables a mantener el control militar como garantía de seguridad.
Las actitudes hacia los asentamientos resultan igualmente reveladoras. En otro estudio, Pew constató que el 53% de los judíos israelíes consideraba que los asentamientos en Cisjordania contribuían a la seguridad del país, una percepción mucho menos extendida entre los ciudadanos árabes israelíes. La ocupación, rechazada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, encuentra así justificaciones políticas y sociales que no dependen exclusivamente del actual Gobierno.
El trauma provocado por los asesinatos y secuestros del 7 de octubre ayuda a comprender parte de ese endurecimiento. Pero comprender el origen del miedo no significa aceptar cualquier política adoptada en su nombre. La protección de los civiles israelíes y el reconocimiento de los derechos palestinos no son objetivos jurídicamente incompatibles, aunque el debate político los presente con frecuencia como si lo fueran.
La guerra como horizonte político
La doctrina presentada por Netanyahu confirma hasta qué punto la ofensiva militar ocupa un lugar central en la estrategia de su Gobierno. La prioridad concedida a los ataques anticipatorios, la superioridad tecnológica y la autonomía armamentística dibuja un Estado que aspira a conservar la capacidad de intervenir militarmente más allá de sus fronteras.
La actualidad proporciona un ejemplo. Este miércoles, 21 de octubre, el Financial Times ha informado de que Netanyahu impulsó preparativos para reanudar ataques a gran escala contra Irán, pero la operación prevista para comienzos de mes no siguió adelante ante la oposición de Donald Trump. El episodio revela la persistencia de la opción militar en la política regional israelí y, al mismo tiempo, los límites que introduce su dependencia estratégica de Washington.
El debate sobre esta orientación no debería limitarse a si las operaciones militares proporcionan ventajas inmediatas. También plantea qué consecuencias tiene convertir la superioridad armada en el principal instrumento de relación con los vecinos. Las sucesivas guerras han causado enormes pérdidas humanas, desplazamientos y destrucción, con consecuencias especialmente graves para la población palestina.
Una estrategia puede alcanzar objetivos militares sin resolver las causas políticas de un conflicto. Puede destruir infraestructuras, debilitar organizaciones armadas y ampliar temporalmente el control territorial sin ofrecer una respuesta a las reivindicaciones nacionales de millones de personas.
Ahí aparece la gran contradicción de la doctrina de seguridad israelí: la aspiración a garantizar una protección duradera mediante instrumentos que, por sí solos, no pueden producir una solución política. Una contradicción que persistiría incluso aunque Netanyahu abandonase el Gobierno.
El país que quedará después de Netanyahu
El próximo 27 de octubre, los israelíes elegirán un nuevo Parlamento. Las urnas determinarán la correlación de fuerzas entre el Likud, sus aliados ultraderechistas y religiosos, las fuerzas opositoras y los partidos que representan a distintos sectores de la población árabe israelí. No está decidido quién conseguirá formar Gobierno, y la fragmentación parlamentaria puede complicar las negociaciones posteriores.
Las diferencias entre los distintos bloques importan. La composición del próximo Ejecutivo condicionará la independencia institucional, el avance de los asentamientos, la actuación frente a la violencia de los colonos y las relaciones con Washington. No todas las alternativas defienden las mismas medidas ni ofrecen respuestas equivalentes a los problemas democráticos del país.
Pero el alcance real de cualquier cambio deberá medirse también en otros terrenos: el respeto al derecho internacional, el futuro de la ocupación, los derechos de la población palestina y la disposición a buscar una solución política al conflicto.
Netanyahu ha desempeñado un papel decisivo en la consolidación de una estrategia basada en la superioridad militar, la expansión de los asentamientos y el rechazo a un Estado palestino en las condiciones reclamadas por sus representantes. Sin embargo, atribuirle en exclusiva las responsabilidades de una política desarrollada durante décadas supondría ignorar la continuidad de esas decisiones bajo gobiernos de distintas orientaciones y el respaldo que han recibido de sectores importantes de la sociedad.
La democracia israelí conserva voces críticas, organizaciones pacifistas y ciudadanos que se oponen a la ocupación. La existencia de esas posiciones demuestra que el rumbo político del país sigue siendo discutido. Pero la alternancia electoral, por sí sola, no garantiza el fin de una ocupación ni transforma automáticamente una concepción de la seguridad construida durante generaciones.
Netanyahu puede dejar de ser primer ministro. Puede cambiar la composición del Gobierno, modificarse el discurso diplomático y abrirse una nueva etapa política. La cuestión decisiva será si esa nueva etapa altera también la relación de Israel con los palestinos. Porque después de Netanyahu puede seguir Netanyahu. No necesariamente el hombre, sino la política que lo precedió, que él profundizó y que podría sobrevivir a su marcha.
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