Todo empezó con una historia de 579 palabras sobre un cantante húngaro, unos delfines y el lago Balatón. Una noticia difícilmente destinada a sacudir los cimientos de internet. Tres años después, sin embargo, aquel artículo publicado por un modesto medio regional se encuentra en el centro de una batalla que puede ayudar a decidir cuánto vale la materia prima con la que se construye la inteligencia artificial.
Like Company, editora de varios portales informativos húngaros entre los que se encuentra Balaton Környéke, acusa a Google de haber utilizado contenido protegido de sus publicaciones para generar respuestas a través de Gemini —entonces todavía denominado Bard— sin autorización ni remuneración. El conflicto ha terminado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que celebró el pasado 10 de marzo su primera vista específicamente dedicada a inteligencia artificial generativa y derechos de autor.
La dimensión del demandante es pequeña. La del interrogante, no. Europa debe decidir ahora qué ocurre cuando una máquina lee, procesa, resume o aprende de una obra creada por otra persona. Y, sobre todo, en qué momento ese proceso deja de ser técnicamente aprendizaje para convertirse jurídicamente en utilización de una obra protegida que exige permiso o dinero.
La cuestión prejudicial enviada por un tribunal de Budapest al TJUE plantea precisamente si mostrar mediante un chatbot un texto parcialmente idéntico al publicado por un medio puede constituir una comunicación pública protegida por los derechos de propiedad intelectual. También pregunta si el entrenamiento de un modelo de lenguaje implica realizar copias de las obras utilizadas para desarrollarlo y hasta dónde alcanza la excepción europea que permite la minería de textos y datos.
Detrás de ese lenguaje jurídico hay una pregunta mucho más sencilla: ¿de quién es lo que sabe una inteligencia artificial?
Del clic a la respuesta
Durante dos décadas, la relación entre Google y los creadores de contenido estuvo sostenida por un intercambio relativamente fácil de entender. El buscador rastreaba páginas, organizaba la información y mostraba enlaces. A cambio, periódicos, comercios, blogs y millones de páginas recibían visitantes que podían después convertirse en lectores, suscriptores o consumidores.
La inteligencia artificial altera ese equilibrio. Google ya no tiene necesariamente que enviar al usuario hasta la página donde se encuentra una información. Sus sistemas pueden localizarla, procesarla y construir una respuesta antes de que el usuario abandone el buscador. La diferencia parece pequeña desde una pantalla, pero puede ser enorme desde una cuenta de resultados.
Un estudio del Pew Research Center sobre casi 69.000 búsquedas realizadas en Google mostró hasta qué punto puede cambiar el comportamiento del usuario. Cuando aparecía un resumen generado por inteligencia artificial, los internautas hicieron clic en un resultado tradicional en apenas el 8% de las visitas. Cuando no aparecía ese resumen, el porcentaje ascendía al 15%. Y solo en el 1% de las páginas con AI Overview los usuarios pulsaron directamente sobre alguno de los enlaces citados en la respuesta generada por Google.
Es ahí donde el debate sobre los derechos de autor se encuentra con el debate sobre el dinero. Para un editor, una fotografía, una investigación, una crítica o una noticia tienen un coste de producción. Si una inteligencia artificial puede utilizar ese trabajo para ofrecer al usuario la información que buscaba sin que este tenga que visitar la fuente original, el contenido conserva su valor para la plataforma pero puede perder parte de su capacidad para generar ingresos para quien lo produjo.
Los datos de Cloudflare han detectado además una caída del tráfico que Google enviaba a sus clientes del sector informativo durante 2025. En su muestra, las referencias a páginas de noticias procedentes del buscador fueron en marzo alrededor de un 9% inferiores a las de enero, y en abril la caída alcanzó aproximadamente el 15%. La compañía advierte de que la tendencia coincide con la expansión de los resúmenes generados por IA, aunque eso no permite atribuirles por sí solos toda la reducción.
El eslabón más débil
El problema no afecta a todos los medios por igual. Los grandes grupos editoriales han empezado a negociar directamente con las compañías de inteligencia artificial y a convertir sus archivos en una nueva fuente de ingresos. OpenAI, por ejemplo, mantiene acuerdos con cabeceras y grupos como Associated Press, Axel Springer, Financial Times, News Corp, Condé Nast, Le Monde, Prisa Media, Reuters, The Atlantic o Vox Media, entre otros. En algunos casos, esos pactos permiten utilizar contenidos periodísticos para ofrecer respuestas dentro de ChatGPT y también para mejorar sus modelos.
Para un pequeño periódico local, sin embargo, la capacidad de sentarse a negociar es muy distinta. El mismo contenido que para una tecnológica puede tener valor como dato, contexto o información reciente puede resultar insuficiente para dar a su propietario poder de negociación individual. La paradoja es especialmente visible en el caso húngaro que ahora estudia el TJUE: una empresa editorial prácticamente desconocida fuera de su mercado se enfrenta a una compañía con escala global para discutir precisamente si el contenido que produce puede ser utilizado sin una licencia previa.
La cuestión se vuelve más delicada si el nuevo ecosistema de la IA termina premiando más a quienes sí consiguen cerrar acuerdos. Un estudio publicado este agosto, basado en más de 129 millones de citas generadas por siete plataformas de inteligencia artificial, concluyó que las páginas pertenecientes a editores con acuerdos con OpenAI recibieron de media un 48% más de citas en ChatGPT que las de editores sin licencia. El estudio no demuestra que el contrato sea por sí solo la causa de esa diferencia, pero apunta a una nueva brecha: además de negociar mejores condiciones económicas, los grandes grupos pueden acabar teniendo también una mayor presencia dentro de los propios asistentes de IA.
Ese desequilibrio explica por qué la discusión sobre derechos de autor es también una discusión sobre pluralismo y supervivencia empresarial. Si los resúmenes generados por IA reducen tráfico y los acuerdos de licencia quedan concentrados en grandes compañías, los medios locales, especializados o de menor tamaño pueden encontrarse atrapados entre dos pérdidas: menos visitas procedentes de los buscadores y menos capacidad para cobrar por el contenido que ayuda a producir las respuestas. En Francia, la principal organización de prensa ha denunciado precisamente este riesgo y sostiene que los resúmenes de IA ya están contribuyendo a caídas de tráfico de entre el 33% y el 38% en medios informativos, según datos citados del regulador audiovisual francés.
Poner precio a la materia prima
Los editores europeos han empezado a trasladar esa preocupación a Bruselas. El European Publishers Council presentó este año una denuncia contra Google por sus AI Overviews, al considerar que la tecnológica utiliza contenidos periodísticos sin consentimiento ni una compensación adecuada. Google rechaza esa interpretación y defiende que sus nuevas herramientas facilitan que los usuarios descubran información y páginas web.
La Comisión Europea también vigila el problema. En documentos publicados este año reconoce las preocupaciones de los medios por la pérdida de tráfico y el uso de sus contenidos sin una compensación apropiada, y mantiene abiertas actuaciones sobre las condiciones que Google impone a los editores y sobre el empleo de contenido online para desarrollar productos de inteligencia artificial.
El caso de Like Company llega, por tanto, en un momento en el que está cambiando algo más que la tecnología. Está cambiando la cadena de valor del conocimiento en internet.
Hasta ahora, gran parte de la información publicada en abierto podía ser rastreada bajo una especie de intercambio: las plataformas obtenían contenido que ordenar y los creadores recibían tráfico. La IA generativa introduce otra posibilidad: que las plataformas utilicen ese mismo material para fabricar un producto nuevo —una respuesta— capaz de competir por la atención con la fuente de la que procede.
El TJUE no decidirá por sí solo todo ese modelo económico. Su sentencia tendrá que responder a cuestiones concretas de propiedad intelectual y a unas circunstancias determinadas. Pero establecerá límites que pueden condicionar cómo se entrenan y funcionan los modelos en Europa, qué derechos pueden ejercer los propietarios de contenidos y hasta dónde deberán llegar en el futuro los sistemas de licencias.
Por eso detrás de un pequeño artículo húngaro sobre delfines se esconde una disputa mucho mayor. La inteligencia artificial puede convertir cantidades prácticamente ilimitadas de información en respuestas, productos y negocio. Europa tiene ahora que decidir si esa materia prima puede recogerse libremente o si, antes de utilizarla, alguien tendrá que llamar a la puerta de su propietario y preguntar cuánto cuesta.
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