El Gobierno ha tratado de cerrar filas en torno a la actuación de sus servicios de inteligencia durante la crisis migratoria de Ceuta. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sostenido este jueves que no existió información previa y precisa que permitiera anticipar la magnitud de la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, una afirmación que sitúa al Ejecutivo en una posición intermedia entre las versiones enfrentadas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Durante su comparecencia a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso, Bolaños ha defendido la actuación gubernamental y ha asegurado que el Ejecutivo trabaja "sin descanso" para devolver la normalidad a la ciudad autónoma. Al mismo tiempo, ha atribuido parte del desencadenamiento de la crisis a la difusión en redes sociales de una sentencia del Tribunal Supremo que, según su versión, fue tergiversada y acompañada de dos informaciones falsas: que la frontera estaba abierta y que quienes entraran a nado en Ceuta no serían devueltos.
La intervención del ministro se produce después de que Robles asegurara el martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había informado el 29 de julio a la Delegación del Gobierno de una convocatoria para entrar a nado en Ceuta, mientras Marlaska había negado que existiera un informe o aviso que permitiera prever un episodio de semejante dimensión.
La fórmula empleada por Bolaños pretende, por tanto, encajar ambas versiones: pudo existir información sobre movimientos o sobre un posible intento de entrada, pero no una advertencia previa, concreta y suficientemente precisa sobre el volumen extraordinario que finalmente alcanzó la crisis. Una interpretación similar había defendido el portavoz socialista Patxi López, al considerar que las versiones de Robles y Marlaska podían ser compatibles.
Un Gobierno que intenta cerrar la grieta del CNI
La comparecencia de Bolaños ha adquirido una dimensión política que trasciende las competencias de Presidencia y Justicia. El debate sobre el funcionamiento del CNI se ha convertido en el epicentro de una controversia interna que ha expuesto públicamente las diferencias entre dos miembros del Consejo de Ministros.
Robles defendió ante la Comisión de Defensa que los agentes del CNI destinados en Ceuta hicieron "la labor que les es exigible" y que la información disponible fue compartida y analizada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Delegación del Gobierno. La ministra insistió en que el 29 de julio se trasladó información sobre una convocatoria para entrar a nado al día siguiente.
Marlaska respondió que no existía ningún informe que permitiera "atisbar" lo que finalmente ocurrió. Su argumento fue esencialmente operativo: si el Ejecutivo hubiera conocido de antemano la posibilidad de una llegada de decenas de miles de personas, habría activado medidas extraordinarias de seguridad, como ya sucedió durante la crisis de 2021.
Bolaños ha evitado situarse expresamente a favor de uno u otro ministro. Su tesis —"no hubo información previa ni precisa de tal magnitud"— introduce una distinción fundamental entre conocer un riesgo y conocer su dimensión. En materia de inteligencia, esa diferencia puede determinar la respuesta institucional: una alerta genérica sobre movimientos migratorios no equivale necesariamente a una previsión operativa de una entrada masiva.
El problema político permanece, sin embargo, abierto. Porque si hubo información previa sobre una convocatoria, la cuestión ya no es únicamente qué sabía el CNI, sino qué se comunicó, a quién, cuándo, con qué nivel de concreción y qué decisiones se adoptaron después.
La tesis gubernamental: bulos, redes y efecto llamada
Bolaños ha colocado otra pieza en el relato oficial del Ejecutivo: la circulación de información falsa como uno de los factores que contribuyeron a desencadenar la llegada masiva.
Según ha explicado, una sentencia del Tribunal Supremo fue "tergiversada" en redes sociales y se difundieron dos falsedades: que la frontera de Ceuta estaba abierta y que quienes consiguieran entrar a nado no serían obligados a regresar. "Dos bulos provocaron la entrada masiva", ha resumido.
La tesis coincide parcialmente con la explicación ofrecida por Robles, quien también vinculó el episodio a la difusión en redes de una interpretación de una resolución judicial y a la celebración en Marruecos de la Fiesta del Trono.
El Gobierno pretende así desplazar parte del foco desde una eventual imprevisión institucional hacia un fenómeno más complejo, en el que confluyen redes sociales, desinformación, expectativas migratorias y movilización colectiva.
Pero la explicación de los bulos no resuelve por sí misma la controversia sobre la prevención. Incluso cuando una información falsa contribuye a precipitar una crisis, permanece la pregunta sobre la capacidad del Estado para detectar, evaluar y neutralizar con rapidez señales que puedan anticipar un episodio de semejante magnitud.
“Recuperar la normalidad” en una ciudad tensionada
Bolaños ha presentado como prioridad inmediata la recuperación de la normalidad en Ceuta. "Estamos trabajando sin descanso para recuperar la normalidad en la ciudad", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de preservar el orden público y garantizar las capacidades de las instituciones y los servicios públicos.
El ministro ha rechazado, no obstante, las expectativas de una solución inmediata: "Quien diga que esta situación tan compleja se soluciona en un santiamén no tiene ni idea".
La afirmación refleja una realidad administrativa difícil. La crisis no termina cuando cesa la entrada irregular. Comienza entonces una segunda fase marcada por la atención humanitaria, los procedimientos de retorno, la protección de los menores, la presión sobre los servicios públicos, las consecuencias judiciales y la recuperación de la convivencia.
Bolaños ha defendido, en este sentido, una respuesta que combine seguridad y asistencia humanitaria. Ha reclamado atención a personas que son "seres humanos, titulares de derechos, que merecen ser atendidos con humanidad" y ha advertido contra los discursos racistas.
La dimensión judicial también forma parte de esta ecuación. El Consejo General del Poder Judicial ya había reclamado refuerzos para los órganos judiciales de Ceuta ante el incremento de la carga de trabajo derivada de la crisis.
La solidaridad autonómica, otra batalla del Ejecutivo
El ministro ha reivindicado además la necesidad de una respuesta coordinada entre las distintas administraciones. "Ejercemos y reclamamos solidaridad a las Comunidades Autónomas", ha señalado, antes de rechazar que pueda considerarse patriótica la negativa a colaborar.
El mensaje adquiere especial relevancia en una crisis que ha situado de nuevo en primer plano el reparto territorial de responsabilidades migratorias. Ceuta, por su reducido tamaño y su particular posición geográfica, no dispone de capacidad ilimitada para absorber por sí sola las consecuencias de una entrada extraordinaria.
La solidaridad territorial se convierte así en una cuestión de Estado: no solo por la distribución de menores no acompañados, sino por la necesidad de impedir que una frontera exterior de la Unión termine transformándose en un problema exclusivamente soportado por una ciudad autónoma.
Bolaños ha insistido en que el 90% de quienes entraron ya han regresado a Marruecos, aunque la situación de quienes permanecen en Ceuta continúa siendo uno de los principales desafíos de la Administración.
La oposición cuestiona la capacidad de anticipación
Las explicaciones del ministro no han satisfecho a los grupos de la oposición y tampoco han disipado las dudas planteadas sobre la coordinación interna del Estado.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha situado el foco precisamente en las incógnitas que siguen abiertas: cuántas personas entraron realmente, por qué se produjo el cese de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional y, sobre todo, cómo pudo el Estado verse sorprendido por un episodio de semejante dimensión. "¿Cómo nos pilló desprevenidos?", ha planteado.
Legarda ha advertido además de que la crisis ha deteriorado la solidaridad europea y ha cuestionado la agilidad de la respuesta gubernamental. Su intervención ha apuntado a una cuestión esencial: una política de seguridad nacional no se mide únicamente por su capacidad de reaccionar cuando la crisis ya ha estallado, sino también por su capacidad para anticiparla.
Desde ERC, Francesc-Marc Álvaro ha definido la situación como una "policrisis" y ha cuestionado la ausencia de referencias explícitas a Marruecos en la intervención de Bolaños. El diputado republicano ha considerado manifiestamente mejorable la gestión del Ejecutivo y ha reclamado explicaciones sobre la actuación del presidente Pedro Sánchez.
La pregunta que ha sintetizado su intervención ha sido precisamente la que se ha instalado en el debate político desde el choque entre Defensa e Interior: "¿Quién tiene razón: Robles o Marlaska?".
Desde Junts, Josep Pagès ha acusado al Ejecutivo de incapacidad y de no haber protegido adecuadamente la frontera europea. El diputado ha puesto el acento en la supuesta descoordinación entre Policía y CNI y ha llevado el debate hacia la relación con Marruecos: "¿Qué sabe Marruecos?".
La crítica de Junts ha incidido especialmente en la batalla interna entre Defensa e Interior, convertida ya en uno de los principales símbolos de las dudas sobre la gestión gubernamental.
Vox eleva el tono y el PP habla de “invasión”
La intervención más dura ha correspondido a Pepa Millán, portavoz de Vox, que ha acusado al Gobierno de haber "eliminado el Estado de Derecho» en Ceuta y ha definido la crisis como un «acto de guerra". La diputada ha responsabilizado directamente a Bolaños y a Sánchez y ha planteado una pregunta recurrente en el debate sobre la política española hacia Marruecos: "¿Qué le deben a Marruecos?".
El discurso de Vox ha llevado la crisis al terreno de la soberanía y la confrontación, presentándola como consecuencia directa de decisiones políticas del Ejecutivo.
El PP, por su parte, ha mantenido una línea igualmente severa, aunque centrada en la gestión y en la responsabilidad política. Cuca Gamarra ha acusado al Gobierno de abandonar a los ceutíes y de no ejercer adecuadamente el control de las fronteras. La dirigente popular ha calificado lo sucedido el 30 de julio como "la invasión más grave en las últimas cinco décadas de democracia" y ha denunciado una supuesta desprotección de los derechos y libertades fundamentales.
Gamarra ha aprovechado también la controversia entre Robles y Marlaska para denunciar las discrepancias públicas entre miembros del Ejecutivo y ha defendido que la solución pasa por el retorno de los migrantes.
El tono de la oposición contrasta con la narrativa gubernamental, que evita el concepto de "invasión" y sitúa la crisis en un marco de emergencia migratoria, humanitaria y de seguridad. Esa divergencia semántica no es menor: las palabras empleadas para describir una crisis condicionan también la respuesta política que se considera legítima frente a ella.
Una crisis que obliga a distinguir seguridad de propaganda
La comparecencia de Bolaños deja una fotografía compleja. El Gobierno intenta reconstruir una posición común después de que dos ministros ofrecieran públicamente versiones diferentes sobre el conocimiento previo del CNI. La oposición interpreta esas discrepancias como una prueba de descoordinación; el Ejecutivo las presenta, implícitamente, como diferencias aparentes entre información preventiva y conocimiento preciso de la magnitud del episodio.
Los hechos conocidos permiten afirmar que existió información de inteligencia sobre movimientos o convocatorias previas, según la versión de Defensa, pero también que Interior sostiene que no recibió una alerta concreta que permitiera anticipar una entrada de decenas de miles de personas. La existencia y el contenido exacto de las comunicaciones previas constituyen, por tanto, el núcleo pendiente de esclarecer.
La cuestión no es meramente partidista. En cualquier sistema democrático, la inteligencia tiene valor precisamente porque debe convertir señales dispersas en conocimiento útil para la toma de decisiones. Si la información existía pero no fue interpretada correctamente, existe un problema de evaluación. Si fue interpretada y no se trasladó adecuadamente, existe un problema de coordinación. Y si nunca alcanzó el grado de precisión necesario para prever el episodio, el debate debe centrarse en la capacidad de anticipación.
En todos los casos, la respuesta exige algo más que reproches cruzados.
El Gobierno prepara más explicaciones
La comparecencia de Bolaños forma parte de una ronda de intervenciones parlamentarias de varios miembros del Ejecutivo. Defensa ya había comparecido, y durante esta jornada están previstas también las explicaciones del ministro de Política Territorial y del titular de Sanidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 3 de septiembre para explicar en el Congreso la gestión de la crisis.
El Gobierno ha defendido que hasta nueve ministros darán cuenta ante las Cortes de las distintas dimensiones del episodio. La sucesión de comparecencias revela la amplitud de una crisis que afecta simultáneamente a la seguridad nacional, la política migratoria, la cooperación internacional, la sanidad, la justicia, la política territorial y la convivencia.
Bolaños ha reivindicado, en este contexto, la presencia del Estado en Ceuta y ha destacado que Sánchez ha visitado la ciudad cuatro veces, incluida una visita durante el actual episodio. "Es el momento en que el Estado está más presente", ha afirmado.
La frase encierra, sin embargo, una de las paradojas de esta crisis: la presencia del Estado después del desbordamiento no puede sustituir a la capacidad del Estado para anticiparse al desbordamiento. El problema es que una frontera no admite demasiados matices cuando la realidad llega de golpe. La seguridad nacional se juega precisamente en ese intervalo entre la señal y la respuesta
Mientras tanto, Ceuta continúa esperando aquello que Bolaños ha convertido en el horizonte de la actuación gubernamental: recuperar la normalidad. Una normalidad que, después de la magnitud de la crisis, no consistirá simplemente en que la frontera vuelva a estar tranquila, sino en que las instituciones recuperen también la confianza de una ciudadanía que quiere saber si el Estado estuvo realmente preparado cuando más falta hacía.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
