Bruselas, presionada por España, prepara la respuesta a la crisis energética derivada de la guerra de Irán

El conflicto derivado del ataque ilegal lanzado por Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán se está alargando mucho más de lo que preveían los agresores, que llegaron a hablar de pocos días. Las consecuencias, como sucede siempre que se da una crisis de estas magnitudes, las están pagando los trabajadores de la gran mayoría de países del mundo, víctimas de un alza de precios, impulsado por las grandes empresas que aumentan sus beneficios, en productos de consumo diario, como los combustibles, la alimentación e, incluso, las hipotecas.

El discurso económico oficial vende como inevitable el traslado el encarecimiento de las materias primas a los productos y servicios finalistas, justificando que la crisis de precios la pague el consumidor, propiciando así que las cotizadas, lejos de asumir una parte, acaben incrementando sus beneficios. Bruselas, una vez más, va tarde, pero prepara un paquete de medidas para dar respuesta, presionada por un grupo de países, comandado por España, que ya ha solicitado el establecimiento de un impuesto que recaude los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

“Somo unos cuantos países los que hemos dirigido una carta, precisamente a la Comisión Europea, para que se establezca, como se hizo en su momento durante la guerra de Ucrania, un impuesto a las empresas energéticas sobre sus beneficios extraordinarios derivados de esta situación de guerra”, ha puesto en valor el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. “Es normal que, si alguien tiene beneficios extraordinarios y, a la vez, el ciudadano tiene un impacto también extraordinario, se compense”, ha defendido este lunes, en una entrevista concedida a TVE.

“Eso supone que no es necesario hacer un desembolso extra de gasto público, sino que se redistribuyen esos beneficios hacia quienes están sufriendo ese impacto”, ha enfatizado, apostando porque la respuesta al encarecimiento de los precios lo paguen quienes están beneficiándose de la situación. La carta fue remitida por el vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, y sumaba a los gobiernos de Alemania, Italia, Austria y Portugal, todos ellos gobernados por la derecha, pero convencidos de que sean los que están especulando con la guerra los que paguen.

“La Comisión estará hoy mismo tramitándola y leyéndola”, ha adelantado Albares. Si bien ha apuntado que la propuesta “no es algo novedoso”. “Es algo que ya se hizo para paliar las consecuencias energéticas de la crisis gasística de la guerra de Ucrania y lo que se pide ahora es utilizar un instrumento similar perfeccionado, aprovechando los aprendizajes de aquel momento”, ha expuesto, deslizando que la decisión del Ejecutivo europeo podría ser similar, aunque con más prudencia, pues la situación todavía no alcanza los mismos niveles de gravedad, y perfección, evitando errores del pasado.

Energías verdes, Rusia y limitaciones al consumo

Los países europeos, muy dependientes de las energías fósiles, están sufriendo otro golpe a su suministro. España, la principal potencia en renovables, tiene claro que optará por las energías limpias para capear esta crisis mejor que sus aliados, pero en la Unión algunas voces empiezan a sugerir recuperar las relaciones comerciales con Rusia, siguiendo la estela de la estrategia impulsada por la Casa Blanca. Una opción que sería antagónica a la estrategia de estrangular las cuentas rusas como punto clave en la guerra de Ucrania.

Esta posibilidad cuenta con pocos adeptos y el plan que se trabaja en Bruselas busca evitar esta tesis hasta la última circunstancia. Antes, el Gobierno europeo prefiere establecer restricciones al consumo de combustible de la ciudadanía o la limitación de vuelos, tesis que están sobre la mesa si la situación se alarga en el tiempo. Aparte, también se estudia limitar la climatización de interiores, como en la anterior crisis energética, o recuperar el impulso del teletrabajo, reduciendo así el transporte. Además, se sopesan compras conjuntas de gas.