La más candente actualidad no tiene apenas espacio ni tiempo para otra cosa que no sea mirar a Oriente Próximo. Y no los tiene no solo por los miles de civiles que están siendo asesinados en las últimas semanas fruto de la guerra iniciada por Estados Unidos bajo las órdenes Donald Trump, sino también por la postura que están adoptando multitud de dirigentes políticos que rechazan condenar la escalada bélica orquestada desde Washington y también por las agresiones que está sufriendo el personal médico desplegado en las zonas de conflicto.
Según datos del Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA), en 2025 murieron un total de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes fruto de estos ataques, que se contabilizaron en 1.348. Unas cifras que invitan a la reflexión y que abren el debate sobre por qué estos equipos médicos presentes en todos los conflictos bélicos se convierten en un objetivo más para las fuerzas militares. Erik Laan, experto en incidencia política de Médicos Sin Fronteras (MSF), señala en declaraciones a ElPlural.com un cambio en la narrativa de las partes beligerantes. Lo que inicialmente se justificaba como “ataques por error”, ahora ha pasado a convertirse en un argumento basado en la “pérdida de protección” del Derecho Internacional Humanitario (DIH) de estas instalaciones. “Este cambio refleja a menudo una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil. La carga de la responsabilidad ha cambiado: en lugar de ser consideradas automáticamente civiles y, por lo tanto, protegidas, las comunidades y las instalaciones sanitarias deben ahora demostrar que no son objetivos militares”, destaca Laan.
En esta línea, tal y como reflejan los datos de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos, en 2024 se registraron 3.623 incidentes dirigidos contra la atención sanitaria, lo que supone un 62% más que en 2022. Sin embargo, este experto de MSF pone el acento en un detalle particular: el 81% de los incidentes de violencia contra la atención sanitaria se atribuyeron a grupos estatales. “Los grupos estatales son más propensos que los grupos armados no estatales a llevar a cabo ataques aéreos y utilizar explosivos, lo que constituye un riesgo para las instalaciones médicas, los desplazamientos del personal y el propio personal médico y humanitario”, advierte Laan. Al hilo de ello, este experto hace una llamada a que los Estados “cumplan con el Derecho Internacional”, así como que garanticen mecanismos para asegurar la protección médica a la población civil. “Los Estados también deben rendir cuentas cuando incumplan dichas leyes. Deben aceptar misiones independientes de investigación, llevar a cabo sus propias investigaciones y compartir los resultados de forma transparente”, insiste Laan.
Las fuerzas israelíes fueron responsables de la gran mayoría de los asesinatos
Ejemplo de todo ello es Líbano, país que está recibiendo en los últimos días buena parte de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel. “En 2024, 238 de los 944 asesinatos de trabajadores sanitarios que se produjeron en todo el mundo (el 25% del total) y 149 ataques (el 9% del total) tuvieron lugar en el Líbano”, señala Laan. Por su parte, en Palestina fueron asesinados otros 288 (el 31% del total) y se produjeron 729 de los 1647 ataques contra instalaciones médicas (el 44% del total en todo el mundo).
“Al menos el 53% de los ataques y el 67% del total de asesinatos de personal médico en esos dos años se produjeron en contextos en los que las fuerzas israelíes fueron responsables de la gran mayoría de los asesinatos”, subraya el experto de MSF a este periódico.
Atacar al personal sanitario es un desprecio total por la vida
Todo ello llevado a la práctica se convierte en la supresión de las infraestructuras y servicios esenciales, dificultando todavía más la vida de los civiles que sufren la peor parte de las guerras. “Atacar a la población civil, a los hospitales y al personal sanitario es un desprecio total por la vida y por el acto médico. Una violación del derecho internacional humanitario. Atacar un hospital es hacerlo contra el último reducto de humanidad”, lamenta Laan.
En este orden de cosas, este experto insiste en el cambio de relato adoptado, poniendo en el centro del argumentario de las partes beligerantes la “pérdida de protección” de las instalaciones médicas. “Este cambio suele reflejar una subordinación de la mitigación de los daños a la población civil a las alegaciones de necesidad militar. Estos ataques pueden derivarse de una interpretación errónea de las normas pertinentes del DIH, que aprovecha las ambigüedades tanto del derecho convencional como del derecho consuetudinario”, alerta el experto en incidencia política de MSF.
Las necesidades son enormes, los refugios están saturados
Pese a todo ello, Médicos Sin Fronteras no rebaja el ritmo. Tanto en su despliegue actual en Líbano, como en el resto de países en conflicto, esta ONG trata de cubrir el mayor número de necesidades básicas posibles por parte de los civiles. Jeremy Ristord, coordinador general de MSF, advierte en declaraciones a ElPlural.com que, pese a que sus equipos “están respondiendo”, “las necesidades son enormes”, y pone en el centro la importancia de la financiación de emergencias. “Decenas de miles de personas necesitan urgentemente protección, agua, artículos de primera necesidad y acceso a atención médica. Es imprescindible movilizar de inmediato financiación de emergencia y flexible para ampliar la respuesta a nivel nacional”, sostiene.
En este sentido, Ristord lamenta el estado en el que se encuentran los refugios en Líbano, forzando a buena parte de la población a dormir en los coches “o directamente en la calle”. Ante este escenario, la ONG ha desplegado clínicas móviles en diferentes zonas para prestar atención a las personas desplazadas. “Una de ellas recientemente establecida en Sidón realizó más de 70 consultas en un solo día, además de proporcionar primeros auxilios psicológicos”, comenta el coordinador general de la ONG. Asimismo, en Barja, donde se estima que unas 10.000 personas se refugian actualmente, “el equipo realizó 72 consultas médicas generales, 11 consultas de salud sexual y reproductiva y 13 sesiones de apoyo en salud mental”.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos por asistir a los peores parados en la guerra -los civiles-, el coordinador general de MSF hace un llamamiento claro, conciso y que refleja lo que ven sus ojos a diario: “La magnitud de la crisis exige una respuesta urgente y coordinada”. “MSF pide la movilización inmediata de financiación de emergencia y flexible para ampliar rápidamente la asistencia a las personas desplazadas y a las comunidades que las acogen”, remarca Ristord.