El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002-2010, ha sido condenado a una pena de prisión de 12 años que cumplirá de manera domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según ha adelantado la Agencia EFE y medios colombianos.
La sentencia suscribe que la juez del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, quien leerá el fallo a partir de las 14:00 hora local (19:00 GMT), dictaminó una pena de prisión domiciliaria a Uribe, en primera instancia, de 12 años de prisión, además de una multa adicional de más de 3.400 millones de pesos colombianos, lo que se traduce en torno a 822.000 dólares.
Sumada a la condena y la multa, la mgistrada ha inhabilitado al exmandatario colombiano por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La defensa de Uribe ya ha avanzado que recurrirá este fallo judicial al Tribunal Superior de Bogotá.
El caso judicial arrancó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
Uribe, primer presidente colombiano condenado
El exmandatario, a sus 73 años de edad, ha sido condenado a más de diez años de prisión domiciliaria por delitos que él y sus seguidores atribuyen a una persecución política. La figura de Uribe ha sido más que determinante en la historia reciente de la política de Colombia, dejando la herencia del poder de Bogotá sobre sus sucesores en el cargo, Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022), y el actual Gustavo Petro desde 2022.
Uribe se consolidó durante su mandato como un férreo defensor de la empresa privada, la inversión extranjera y la lucha contra el narcotráfico, quien destacó como lema de Gobierno su ‘Mano firme, corazón grande’.
Asimismo, sus controversias con la justicia no se ciernen sobre la actualidad, sino que se remontan a décadas atrás. En su etapa como gobernador de Antioquia a finales de los 90, ya resonaban sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Años más tarde, en 2009, salieron a la luz grabaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, políticos y periodistas.
Pese a que Uribe renunció a su escaño en 2020 y a su vida activa como tal en la política y el plano parlamentario, lo cierto es que nunca se fue del todo, y su influencia siguió calando en buena parte de la población colombiana, incluso influyendo en los candidatos y el voto de la derecha.
