El número de vuelos de expulsión de migrantes se ha disparado en Estados Unidos desde mediados de mayo, marcando un punto de inflexión en las políticas migratorias del nuevo Ejecutivo republicano. Según el recuento independiente que mantiene Thomas Cartwright, activista de Witness at the Border, solo en el mes de junio despegaron 209 vuelos con personas deportadas a bordo. Se trata del mayor volumen mensual desde que comenzó a recopilar estos datos en 2020, cuando decidió iniciar su propio sistema de monitoreo ante la falta de transparencia de las autoridades federales. La cifra representa un aumento del 54% respecto a la media de los seis meses anteriores. Y, por primera vez desde su llegada a la Casa Blanca, la Administración de Donald Trump ha conseguido implementar de forma efectiva el último eslabón de su estrategia migratoria: una deportación sistemática y a gran escala que supera incluso los registros de sus mandatos anteriores.
Hasta el mes de mayo, el promedio diario de vuelos de deportación apenas superaba los cinco por día, una cifra que no variaba sustancialmente respecto al último tramo de la Presidencia de Joe Biden. Entre febrero y mayo de 2025, la media diaria fue de 4,9 vuelos. En comparación, en junio del año anterior la cifra era prácticamente idéntica, con 4,8 vuelos diarios. Todo cambió a partir de la segunda mitad de mayo de 2025, cuando el ritmo se aceleró hasta alcanzar siete vuelos por jornada.
Detrás de esta transformación se sitúan varias reuniones internas en la Casa Blanca que, según han reportado diferentes medios estadounidenses, contaron con la participación directa de Stephen Miller. El exasesor de políticas de inmigración durante el anterior mandato de Trump —y considerado el principal arquitecto de sus medidas más restrictivas en esta materia— habría presionado para acelerar tanto las detenciones como las deportaciones.
Redadas masivas y vuelos en aumento
El cambio en la estrategia no solo se ha traducido en cifras, sino también en métodos. Desde finales de mayo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han intensificado las redadas, incluso en zonas habitualmente alejadas del radar de las autoridades migratorias, como obras de construcción o fábricas donde trabajan un gran número de migrantes
Al mismo tiempo, se ha confirmado un aumento progresivo en los vuelos destinados a devolver a sus países de origen a migrantes con órdenes de expulsión. La información de Cartwright, recabada a través de herramientas públicas de rastreo aéreo, indica que la mayoría de los vuelos fueron dirigidos hacia países centroamericanos, aunque también se han ampliado destinos en Sudamérica, África y otras regiones.
Los últimos registros superan ampliamente los picos anteriores. Hasta ahora, el récord se encontraba en los 193 vuelos realizados en septiembre de 2021, en plena operación de retorno de migrantes haitianos. Le seguía agosto de 2023, con 153 vuelos. Sin embargo, en aquellos casos se trataba de situaciones excepcionales. Lo ocurrido en junio de 2025 responde más bien a una planificación sostenida, articulada desde el poder ejecutivo y respaldada por una reforma fiscal que ha otorgado al ICE una capacidad presupuestaria sin precedentes.
De acuerdo al Centro Brennan para la Justicia, con sede en Nueva York, el nuevo presupuesto asignado al ICE supera los 100.000 millones de dólares. De esa cifra, aproximadamente 14.000 millones se destinarán directamente a operaciones de deportación. Para poner la cifra en contexto, el FBI contará con un presupuesto estimado de unos 10.100 millones en el mismo periodo fiscal. La DEA, por su parte, no llegará a los 3.000 millones.
Distribución geográfica
En cuanto a los destinos, Cartwright detalla que Guatemala, Honduras y El Salvador siguen siendo los principales receptores de personas deportadas. En conjunto, estos tres países acogieron 116 vuelos durante el mes de junio. En cambio, México experimentó una disminución notable: pasó de recibir 30 vuelos en mayo a solo 17 en junio. Los países sudamericanos en su conjunto recibieron 29 vuelos, mientras que África contabilizó 12. El resto de vuelos —un total de 35— se dirigieron a destinos variados repartidos por todo el globo.
Este cambio en el patrón geográfico no implica necesariamente un menor número de expulsiones hacia México. Según Cartwright, el número de devoluciones por vía terrestre ha aumentado de forma paralela, lo cual explicaría el descenso de los vuelos. También se ha observado un aumento en la ocupación de los albergues federales mexicanos, especialmente en los situados cerca de la frontera sur.
Más allá de las expulsiones internacionales, también ha crecido notablemente el número de vuelos internos operados por ICE Air, la aerolínea contratada por el Gobierno federal para la logística migratoria. En junio se registraron 697 vuelos domésticos —traslados entre centros de detención o recogidas desde distintas localidades—, lo que supone un incremento del 65% con respecto a la media de los seis meses anteriores.
El aumento pone de relieve la sobrecarga de la red de centros de detención que, aunque en expansión, ya se encuentra cerca de su límite operativo. Las cifras sugieren que el sistema migratorio estadounidense se está apoyando en una infraestructura saturada para ejecutar un plan que no muestra signos de desaceleración.
Deportaciones desde Guantánamo y uso de aviones militares
Entre los datos más llamativos del informe mensual de Cartwright, que consta de 50 páginas, se encuentra el aumento en el uso de aviones militares para llevar a cabo deportaciones. El pasado 27 de junio, siete de los diez vuelos programados fueron realizados en aeronaves del Ejército estadounidense. Estos aparatos, más costosos y con menor capacidad que los vuelos comerciales chárter, suelen utilizarse en casos especiales. Mientras que un avión comercial puede trasladar hasta 130 personas, uno militar solo puede albergar a unas 80.
Asimismo, el documento confirma que las operaciones desde la base militar de Guantánamo se mantienen activas. En junio, 78 personas fueron transferidas allí, mientras que 83 fueron expulsadas directamente desde la base en Cuba hacia sus respectivos países.
El futuro inmediato apunta a una intensificación aún mayor de las deportaciones. Tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de permitir la reanudación de las expulsiones a terceros países seguros, la Administración Trump tiene vía libre para aplicar una de sus medidas más controvertidas. Esto podría traducirse en el envío de migrantes centroamericanos a México, incluso si no tienen vínculos con ese país.
De hecho, Cartwright ya ha detectado movimientos en esa dirección. México está reubicando sus albergues federales desde ciudades fronterizas como Monterrey y Nuevo Laredo hacia el sur del país, en localidades como Tapachula y Villahermosa. El objetivo, según apunta el activista, es cumplir con el propósito estadounidense de alejar a los migrantes lo máximo posible de la frontera norte.
Una labor imprescindible ante la opacidad institucional
Thomas Cartwright se ha convertido en una figura clave para entender el alcance real de las políticas migratorias estadounidenses. A pesar de no contar con formación técnica en este ámbito —fue directivo en JP Morgan antes de volcarse en la defensa de los derechos de los migrantes—, su base de datos es una de las fuentes más utilizadas por medios y organizaciones de derechos humanos.
El sistema migratorio de Estados Unidos destaca por su opacidad. ICE no suele hacer públicos los nombres de los detenidos ni detalla la mayoría de sus operaciones. Aunque la agencia publica algunos comunicados de prensa, estos solo ofrecen una imagen parcial de su actividad. Frente a este vacío informativo, el seguimiento de Cartwright —basado en herramientas de rastreo de vuelos como FlightAware o ADS-B Exchange— se ha convertido en una herramienta esencial.
“Creo que estas personas merecen la dignidad de que por lo menos alguien esté prestando atención a lo que les está sucediendo”, declaró en una entrevista con The Atlantic. Su trabajo, además de servir como contrapeso a la falta de transparencia institucional, ha permitido a muchas familias, organizaciones y periodistas seguir la pista a sus seres queridos o conocer el alcance real de las políticas de deportación.