Los funcionarios de Prisiones realizan este miércoles una huelga general, que repetirán el 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre, para exigir al Gobierno una subida salarial, entre otras mejoras laborales. Los sindicatos acusan a Instituciones Penitenciarias de "humillarles" por prometerles una partida de 122 millones de euros para tres años, durante una reunión mantenida por ambas partes. Sin embargo, fuentes de Interior han negado a El Plural que se hicera tal propuesta económica.
De acuerdo con las citadas fuentes, en las reuniones mantenidas por el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se habló de "hipótesis, de los estudios técnicos para una reestructuración" de ese departamento y "lo que costarían esos cambios". También se trató sobre las subidas salariales aprobadas por el anterior Gobierno, del 1,7% para este año, el 2,25" para 2019 y el 2% para 2020.
Interior pone en valor que ha considerado "prioritarias" las reuniones con el colectivo "tras la complicada etapa anterior" .
Ortiz presentó "un estudio para actualizar Instituciones Penitenciarias"
Fuentes autorizadas de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a preguntas de El Plural, han coincidido con Interior en que en esas reuniones Ortiz puso a consideración de los sindicatos "un estudio técnico, antes de acudir a la función pública", en el que se plantea una actualización de conceptos salariales específicos, como peligrosidad, que datan de 2005, y por los que en una comunidad autónoma como el País Vasco, donde ETA estaba activa entonces, se pagaban determinados complementos. Desde entonces, esa clasificación no se ha modificado. Además, se habló de los aumentos salariales aprobados en marzo pasado por el Gobierno anterior para la Administración Pública y que se aplica también a los funcionarios de Prisiones.
Instituciones Penitenciarias subraya que en materia de mejoras laborales, el año pasado se han cubierto 700 nuevas plazas y se acaban de aprobar más de 900 para el próximo año, a través de un Real Decreto. La cifra es inferior a la necesidad estimada por los sindicatos, que cifran en 3.000 las plazas a cubrir.
