La implantación progresiva en apenas nueves meses del Ingreso Mínimo Vital no solo es una de las medidas sociales más importantes del Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Es mucho más que una medida social: es una medida humana, una seña de identidad de un Gobierno de izquierdas que ha trazado la línea de la solidaridad como una de sus directrices principales.

En el recién finalizado de marzo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha reconocido 203.838 prestaciones en el conjunto del territorio nacional que llegarán a un total de 565.195 beneficiarios, de los cuales 320.020 son adultos y 245.175 menores, con una cuantía media de 459,95 € por hogar para un total de 203.838 hogares, es decir, una inyección económica que solo en el mes de marzo ha superado a los 150.000.000 euros para las familias y personas más vulnerables de nuestro país.

A nivel nacional se han tramitado más del 75% de los 1,15 millones de solicitudes recibidas en nueve meses. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.  El abono de unos 152 millones de euros correspondientes a la nómina de marzo eleva a más de 920 millones el total desembolsado por la Seguridad Social en estos nueves meses.

Como medida social y solidaria que es el IMV está teniendo una importante incidencia en la lucha contra la pobreza infantil y en las consecuencias sociales del COVID.

Es necesario recordar que reducir la pobreza infantil era uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha del IMV. En marzo de 2021, el 37,61% de las personas que viven en hogares titulares de la prestación en Zamora son menores y casi el 70% de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de marzo tienen al menos a un menor en ellas. 

A la vista de los datos y de la evolución progresiva de la implantación del IMV hay que subrayar que la medida adoptada por el Gobierno el pasado mes de mayo de 2020, es una de las medidas más justas y más éticas que puede poner en marcha una sociedad dispuesta a no dejar a nadie atrás.

Y es necesario insistir en que se trata de una medida histórica porque nunca en España, a nivel estatal, había existido un ingreso con este diseño, cobertura y estructura. El IMV está revolucionando nuestras políticas sociales. Teniendo en cuenta el incremento de la situación de pobreza derivadas de la pandemia del Covid-19, y de manera en la población infantil de niños y niñas en hogares bajo el umbral de la pobreza, es una medida con importante incidencia en hogares sin ningún tipo de ingresos ni de ayudas, que ha empeorado con la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19.

El IMV es una propuesta que partió del PSOE en 2015, cuando Pedro Sánchez la incluyó en los Acuerdos de País. La aprobación del IMV por el Consejo de Ministros el pasado mes en mayo de 2020, hace tan solo 10 meses, es una de las medidas más necesarias para proteger a la población más vulnerable y en riesgo de exclusión, golpeada especialmente por la crisis de la emergencia sanitaria de la Covid-19.

Por ello hay que poner en valor que el Ingreso Mínimo Vital es mucho más que una medida social, es una medida cargada de solidaridad y humanismo porque que reduce la pobreza y fomenta la inclusión social. 

Una iniciativa pionera en España con la que el Gobierno progresista y de izquierdas da cumplimiento a las recomendaciones que, cada año y desde 2014, nos hace el Consejo de la Unión Europea a España: “Mejorar la cobertura y la eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada y el apoyo a las familias”.

Las últimas medidas introducidas por el Gobierno para mejorar el IMV, flexibilizan el concepto de unidad de convivencia en el Ingreso Mínimo Vital, para facilitar que el mayor número de hogares vulnerables accedan a esta prestación. Estas se enmarcan en el proceso de evaluación permanente del Gobierno de España para intentar mejorar la prestación y que llegue a los más vulnerables. Concretamente, facilitará la acreditación a personas en residencias itinerantes o compartidas, asentamientos, temporeros o personas sin hogar.

Antidio Fagúndez Campo es diputado del PSOE por Zamora