Aún queda tiempo, pero la margarita sigue deshojándose y el margen se estrecha poco a poco. El 26 de agosto expira el plazo para que los partidos lleguen a un acuerdo que desemboque en la confección de una candidatura que amarre los apoyos necesarios para definir a un nuevo president. En caso contrario, se activará el botón de la repetición electoral, prevista para el próximo 13 de octubre. En ello trabajan sin descanso los negociadores del PSC. La llave que abre la puerta a Salvador Illa del Palau de la Generalitat la tiene ERC y para ello, los socialistas catalanes han puesto toda la carne en el asador con su última oferta, que garantizaría el control total de la recaudación impositiva para la autonomía.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) vive uno de sus momentos más convulsos de la última década. La hecatombe del 12M provocó la dimisión del president en funciones, Pere Aragonès, y la salida -quién sabe si momentánea o no- del líder del partido, Oriol Junqueras. Escenario que cuadros contestatarios al exvicepresidente de la Generalitat han aprovechado para tomar las riendas programáticas y argumentales de la formación para corregir la deriva puramente progresista que había tomado la fuerza soberanista. La clase, por delante de la nación. Con los controles en manos de Marta Rovira ahora, el partido regresa a los postulados previos al procés, lo que implica la coexistencia con Junts y la reunificación del mensaje independentista.

El acercamiento al partido de Carles Puigdemont, que busca por todos los medios forzar la repetición electoral, dificulta sobremanera el entendimiento con el PSC. La “financiación singular” de Cataluña se asume como el principal escollo. Si bien Moncloa y Ferraz han hecho suyo ese concepto, no sopesan implantarlo en un único territorio. De hecho, exponen que cada autonomía tiene sus “singularidades”, sin cerrar la puerta de golpe a como mínimo estudiar la situación catalana.

La oferta del PSC

De hecho, entre la letra pequeña de esa “financiación singular” que describe el independentismo puede tener cabida la cuestión impositiva. Al menos así lo entienden los socialistas. Según publica El Confidencial, aludiendo a fuentes de la negociación, hay cuadros de Esquerra que están abiertos a materializar un acuerdo con el PSC, pero no será gratis. Recuerdan que durante estos años han arañado al Ejecutivo los indultos y la amnistía y ahora esperan sacar petróleo con la “financiación singular”. Incluso hay quién se muestra más optimista y habla del “cupo catalán”, a pesar del rechazo inicial del ala socialista.

El encaje será complejo, pero en el PSC trabajan a destajo para neutralizar los cantos de sirena de Carles Puigdemont y atraer a los republicanos al redil. Para ello, los socialistas estarían dispuestos a concretar una de las reivindicaciones históricas del independentismo catalán que, a la postre, permitiría consolidar la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Este organismo es uno de los más objetos más preciados del soberanismo desde hace más de tres lustros. En esta frecuencia, ambas partes podrían vibrar en la misma onda.

Desde el equipo negociador republicano transmiten que las ofertas en términos de financiación y autogobierno que pueda presentar el PSC suponen una “ocasión única” para beneficiar a Cataluña y no pueden dejarlas pasar. No obstante, esgrimen que ERC no es una formación de corte puramente independentista, sino que cuenta con una idiosincrasia de izquierdas. De ahí se desprende que una suerte de coalición -o tripartito- con los comunes y el PSC no se haga tan pesado de digerir. Incluso creen que con el pacto del Parlament con Junts ya han “cumplido” con la parte neoconvergente y se ponen como objetivo no conducir a Cataluña a unas nuevas elecciones.

El plan que manejan los socialistas, con el ‘ok’ de Madrid, es que esa Hacienda catalana tenga una tarea real, dado que su estructura actual está sobredimensionada. La ATC cuenta con 852 trabajadores, siendo sólo 23 inspectores. De esta manera, se aumentaría el número de inspectores nuevos con la incorporación de 150 sólo en este 2024. Asimismo, se negocia en paralelo la transfusión de varios centenares de inspectores de la AEAT a la ATC. A los dos años se convocarían oposiciones para engordar la estructura fiscal y económica propia de la Generalitat.

En este sentido, desde el PSC, según el citado medio, exponen que el traspaso de toda la recaudación de impuestos ya está prevista en el Estatut y no en la porción anulada por el Tribunal Constitucional, por lo que se asume como plenamente legal. No obstante, a partir de ahí, se buscará el encaje final. Es en este punto donde aparece lo mollar de la cuestión; la cantidad de dinero que habría que enviar a la Hacienda española tras la recaudación. En ello trabajan ambos equipos negociadores, que trabajan en un mecanismo a modo de “consorcio al 50% entre el Estado y Cataluña”. No obstante, los republicanos quieren que la gestión sea exclusiva del Govern.

Esquerra se parapeta tras el Estatut, argumentando que dispone que la Agencia Tributaria de Cataluña sea la responsable de tutelar los tributos propios de la región y los cedidos por el Estado. Precisan, además, que la Generalitat “participará, en la forma que se determine, en los entes u organismos tributarios del Estado responsables de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos estatales cedidos parcialmente”. A este precepto se aferran los republicanos para justificar que la normativa deja abierta la puerta a una mayor transferencia de competencias, dado que no se circunscribe a gestionar un consorcio o ente equivalente.

El independentismo justifica que este plan no se asemeja al denominado “cupo vasco” sino que cristaliza las competencias previstas por el ordenamiento jurídico y que no terminan de llegar. En cualquier caso, los republicanos certifican que, en caso de concretar este pacto, transferirían al Estado una parte de la recaudación dado que para ese momento contarían con un líquido que ahora, según denuncian, se les quita. Aun con todo, defienden que estas reivindicaciones no mermarán a otros territorios, remachando que el principio de solidaridad seguirá intacto porque se destinará una parte sustancial de los impuestos que se pagan en la región.

El bloqueo de Junts

Aunque la negociación con ERC cuenta con el ruido externo que imprimen los neoconvergentes. Carles Puigdemont busca la repetición electoral, argumentando que una hipotética abstención del PSC de Salvador Illa allanaría su investidura tras sellar un nuevo acuerdo independentista. El expresident quiere la restitución y así ha sido desde el minuto cero, pese a que se comprometiera a dar un paso a un lado en caso de derrota. Aquello cayó en saco roto. La historia es bien diferente en la actualidad, con ofertas tentadoras sobre la mesa de los republicanos para reconstruir un nuevo frente soberanista.

El último ofrecimiento del que fuera Molt Honorable, de hecho, fue una suerte de “regreso unitario” de los fugados. Puigdemont siempre ha imaginado su regreso a Cataluña cargado de simbolismo y con tintes incluso mesiánicos. No obstante, según avanzaba El Mundo, el expresident está dispuesto a compartir la fotografía junto a la secretaria general -y líder de facto- de Esquerra, Marta Rovira. Oferta confeccionada para torpedear la investidura de un Salvador Illa que echa el todo por el todo sabedor de las interioridades de una ERC que continúa en guerra civil.