Hacienda va tras las cuentas del 1-O y ya ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que pide que se investigue cuánto dinero público se destinó al referéndum ilegal y que Carles Puigdemont y sus exconsejeros sean sometidos a un expediente de responsabilidad contable para que respondan con su patrimonio personal.
Hacienda pretende que se aplique la misma forma de actuar que con Artur Mas y sus exconsejeros respecto al del 9N, por la que se les reclama una fianza de 5,2 millones de euros.
Las subvenciones a ANC y Òmnium
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha enviado un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que pide que se inicien “las actuaciones oportunas” para determinar los contratos y actos administrativos del cesado Govern para la organización del referéndum. En su denuncia, la Agencia Tributaria pide que se incluyan las ayudas y subvenciones públicas concedidas a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
Hacienda cita la Ley 4/2017, de Presupuestos de Cataluña, que avaló la "dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña".
El Govern ocultó la financiación
El Govern aprobó, además, los decretos de convocatoria del referéndum y de medidas complementarias y autorizaba la aprobación de los gastos, "incluyendo la puesta a disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que se disponga".
Según Hacienda, "estamos en presencia de una actuación consciente de utilización de medios humanos y materiales, de recursos públicos dirigidos a la consecución de una finalidad manifiestamente conocida y reconocida judicialmente como ilegal". La Agencia denuncia que hubo un "ánimo de ocultación de la financiación" del referéndum por parte del Govern, por lo que "no resulta en este momento posible la definición cierta de la cuantía de los daños producidos”.
