A la profesión que más se parece la profesión de juez es a la de médico porque, llegado el caso, nuestras vidas están en sus manos; también se parece a la de policía, pero solo en las autocracias y dictaduras, no en las democracias. Para cualquier sociedad es vital que sus médicos sean buenos y sus jueces sean justos, pues le va en ello su propia supervivencia.

Naturalmente, ni todos los médicos ni todos los jueces rozan la excelencia, pero habrá que convenir en que la mayoría de ellos intentan hacer bien su trabajo: si no fuera así, se sabría de inmediato porque el escándalo sería mayúsculo ante la insoportable cantidad de damnificados judiciales y sanitarios. Los casos en los que cabe sospechar mala praxis en estas profesiones de tan alto voltaje ético existen, ciertamente, pero son raros. Y más raro aún que, cuando existen, sean simultáneos; cuando tal cosa sucede, saltan las alarmas: alarmas sanitarias si se descubre una concentración inusual de malos médicos en un territorio, alarmas democráticas si se detecta una concentración inusual de causas judiciales insuficientemente fundadas cuyo nexo común es, pongamos por caso, un presidente del Gobierno de quien las derechas piensan que es un maldito autócrata que está llevando al país a la quiebra democrática y la bancarrota territorial.

El ‘Perro’ y la rabia

La coincidencia en el tiempo de tres casos judiciales que afectan al presidente Pedro Sánchez ha disparado las alarmas en dirigentes y ciudadanos que simpatizan con la izquierda. No así, en cambio, en quienes simpatizan con la derecha, cuya fe en la ambición, el cinismo y la maldad del presidente es tan ciega e inquebrantable que consideran perfectamente legítimo transitar cualquier camino que conduzca a su defenestración, pues ‘muerto el Perro, se acabó la rabia’.

Configuran este irrepetible triunvirato judicial el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el caso del hermano de Pedro Sánchez y el caso del Fiscal General nombrado por Pedro Sánchez. Los encausados tienen, claro está, sus propios nombres y apellidos, pero es difícil sustraerse a la sospecha de que estarían siendo investigados por la justicia no por llamarse Begoña Gómez, David Sánchez o Álvaro García, sino por tener la vinculación que tienen con el presidente del Gobierno.

Aunque desde la derecha gustan de empaquetar en el mismo fardo el caso del exministro José Luis Ábalos, aquellos tres y este son diametralmente distintos: los indicios de corrupción y/o corruptelas son inequívocos en quien fuera hombre de confianza del presidente, mientras que resultan irrelevantes, inconsistentes, inverosímiles o directamente imaginarios en los casos de Gómez, Sánchez y García.

Un plus de respetabilidad

Todavía es pronto para tener la certeza de que los instructores de estas tres causas estén teniendo un comportamiento abiertamente parcial, pero no lo es para albergar la enojosa, la descorazonadora, la persistente sensación de que ninguno de ellos aprobaría un examen de apariencia de imparcialidad. Tal vez sean imparciales, pero desde luego no lo aparentan.

Algunos jueces están dilapidando el plus de respetabilidad que por definición ostenta -todavía- el Poder Judicial, un plus simétrico, por cierto, al plus de irrespetabilidad que, no siempre con justicia, pesa cada día más sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El sistema puede, hasta cierto punto y ya veremos hasta cuándo, soportar el descrédito de unos gobernantes y legisladores que siempre pueden ser sustituidos por otros, pero difícilmente puede sobrevivir si la gente deja de confiar en la imparcialidad y rectitud de unos jueces a quienes, por definición, bendita definición, nadie puede sustituir por otros.  

A la ciencia jurídica le ocurre un poco como a la técnica periodística o a la praxis arbitral, que nunca es del todo exacta, aunque eso en absoluto significa, como por desgracia cree demasiada gente, que este país esté lleno de jueces, periodistas o árbitros deshonestos. Aunque no siempre lo consigan, casi todos intentan hacer bien su trabajo. Son raros los casos de praxis profesional sospechosa porque un juez instruya su caso pensando no en la justicia sino en los telediarios, un periodista escriba su artículo pensando no en la verdad sino en las ventas o un árbitro pite un penalti pensando no en el reglamento sino en el mercado de apuestas. 

Ángulos ciegos

En la justicia como en el periodismo hay gente que decidido ha explorar -y explotar- a fondo los ángulos ciegos en cuyo invisible arco es posible una praxis profesional blindada por la impunidad: hay ‘fake news’ que lo son, sí, pero no tanto como para que su autor pueda ser condenado por la justicia o expulsado del oficio; hay autos, providencias, indagaciones judiciales que obedecen a espurios móviles políticos o emocionales, sí, pero no tanto como para que el juez de turno pueda ser formalmente acusado de prevaricación.

Lo que ahora le está ocurriendo o parece estarle ocurriendo al secretario general de los socialistas ya le ocurrió en su día a dirigentes y altos cargos de Podemos, Compromís o los Comuns, sin que la deficiente praxis judicial tuviera consecuencias ni disciplinarias ni, por supuesto, penales para los jueces que incurrieron en ella. Es difícil, por otro lado, encontrar casos de hostigamiento o investigaciones judiciales prospectivas cuyas víctimas hayan sido dirigentes o altos cargos de la derecha.

Y aun así, los partidos políticos y los sectores más conservadores de la judicatura no cesan de rasgarse las vestiduras proclamando que en esta España sanchista la justicia está no meramente amenazada, sino AMENAZADA, así, en mayúsculas, tal como figuran en el enfático título del libro que acaba de publicar el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Ciertas derechas recuerdan un poco a esos dirigentes del Barcelona convencidos de que el Real Madrid tiene comprados a los árbitros, pese a que los únicos indicios contrastados e inequívocos de que un club haya pagado a un dirigente arbitral son los que señalan… al Barcelona.