El Gobierno provocó la indignación de la oposición cuando anunció su intención de saltarse el cauce parlamentario y permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegir a sus propios representantes. De momento, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, ha matizado sus intenciones al presentar la propuesta de la comisión de expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el Consejo de Ministros.

El ministro abre la ronda de contactos
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, Ruiz-Gallardón ha insistido en su disposición a negociar con los grupos parlamentarios cualquier punto de la reforma, incluido el sistema de elección de los vocales, ya que considera que el consenso es "extraordinariamente importante", más en las actuales circunstancias que vive el CGPJ tras la dimisión de su anterior presidente Carlos Dívar. En este sentido, ha anunciado que esta misma tarde iniciará una ronda de contactos con todos los grupos políticos, porque la intención del Ejecutivo es aprobar la reforma en marzo de 2013, antes de que en septiembre de ese año concluya el mandato del actual Consejo.

El informe propone una mayoría elegida por los propios jueces
En cualquier caso, el informe plantea que doce de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por y entre los propios jueces y los otros ocho por el Parlamento, dejando así la mayoría a los magistrados -en su mayor parte conservadores-. El proyecto propone asimismo que sólo el presidente del Supremo tenga dedicación exclusiva y situación de servicios especiales en su carrera, y que los otros 20 vocales sigan ejerciendo sus respectivas profesiones, lo que a juicio del ministro dotará de máxima eficiencia al funcionamiento de la institución. Los criterios de profesionalización para garantizar la independencia, máxima transparencia y eficacia, han marcado los cambios previstos en esta propuesta, que todavía no es el anteproyecto de la reforma, y que cambia también algunos de los requisitos para acceder a la presidencia del TS y al CGPJ.

Otros puntos del informe
Así, para ser elegido presidente del Supremo, cualquier magistrado deberá contar con una antigüedad mínima de 3 años en la categoría de presidente de Sala, y de tratarse de un jurista, se exigirán 25 años de experiencia, para así -ha indicado el ministro- "llevar la excelencia" a la presidencia del alto tribunal. Se crea también la figura del vicepresidente del Supremo, que no formará parte del CGPJ, y que será el sustituto del presidente para evitar duplicidades y problemas como los que se han planteado ahora en el Consejo tras la dimisión de Dívar.

Niega "voluntad de interferencia" para suceder a Dívar
En cuanto a la designación del sucesor de Dívar al frente del CGPJ -ha sido relevado en funciones por el vicepresidente Fernando de Rosa- en la reunión del poder judial el próximo martes, el ministro ha negado cualquier "voluntad de interferencia" por parte de su Gobierno. En ese sentido, la vocal del órgano Margarita Robles ha advertido de que no aceptarán injerencias externas de ningún tipo en la elección del presidente de este órgano y del Tribunal Supremo, "por si alguien tuviera la tentación". En una rueda de prensa en Tarazona junto a otros tres vocales del Consejo -Félix Azón, Antonio Monserrat y Manuel Almenar-, Robles ha insistido en que el CGPJ va a hacer un esfuerzo para nombrar presidente en un pleno extraordinario el próximo martes desde el sentido de la responsabilidad y sin aceptar injerencias externas, ni del Gobierno ni de cualquier otro órgano que pueda pretender influir de alguna manera.