UGT ha denunciado que el Gobierno central y los autonómicos dieron por concluida la campaña de lucha contra incendios forestales el pasado fin de semana, con más de cien incendios activos. En Galicia, donde cuatro personas fallecieron, se “despidió a unos 936 efectivos pocos días antes de declararse esa situación”, y lo mismo sucedió en Asturias y Castilla y León, que dieron por finalizadas “las contrataciones de la práctica totalidad de su plantilla a primeros de octubre, dejando a la zona Noroeste del país en una clara situación de precariedad”.

Un plan estatal de prevención
En una rueda de prensa, este martes, UGT ha reclamado la “coordinación y organización de planes específicos destinados a la prevención de incendios forestales, a través del cuidado y la limpieza de los bosques, que el Gobierno tiene que llevar a cabo, son solo la base del trabajo que debe realizarse junto con las comunidades autónomas”.

El sindicato ha indicado que los grandes incendios forestales superan las 500 hectáreas, con casi una treintena de fallecidos y 450 focos repartidos en toda la región.

“Los incendios en Galicia, Asturias y Castilla y León ha sobrepasado la capacidad de los servicios contra incendios forestales de las comunidades” y ha quedado a la vista “la falta de previsión de las administraciones autonómicas, que realizan despidos o finalizaciones de contrataciones a los bomberos forestales”, y ante emergencias como ésta hay falta de personal y de medios.

El tercer peor año del decenio

El sindicato denuncia que “hay zonas que han finalizado su campaña contra incendios el pasado 15 de octubre (Puerto del Pico, Iglesuela, La Palma, Daroca, Prado de los Esquiladores)”.

En Galicia, se han rescindido casi 1.000 contratos en las últimas semanas, a pesar de que los expertos y sindicatos han advertido de las consecuencias, según datos citados por UGT.

“Castilla y león cerró su campaña de alto riesgo por incendios forestales a primeros de octubre, finalizando contrataciones a más del 70% de la plantilla que participa en la época de máximo riesgo, quedando solo el personal contratado a fijo discontinuo para atender las emergencias. León y Zamora están operativos al 55%; Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca, al 30%”, ha explicado el sindicato.

Según los datos recopilados por UGT, 2017 es “el tercer peor año del decenio” con “22 grandes incendios forestales sobre la media de 17, aunque lejos de los 41 de 2012 y los 35 de 2009”.

“La concentración de la masa forestal quemada se concentra en la zona noroeste, con 58,33%, frente al 22% de las comunidades del interior, el 17,03% del mediterráneo y el 2,64% de Canarias”, apunta UGT, que pide al Gobierno fijar partidas para la ayuda a las autonomías, que son las que tienen las competencias en materia de incendios forestales. Además, regular el sector a nivel estatal, unos 25.000 trabajadores que reclaman la cualificación de bombero forestal.

No se reconoce a los bomberos como servicios de emergencia
UGT ha exigido a las empresas o administraciones que gestionan el sector que coticen por dicho personal dentro del CNAE correspondiente a la ley, como personal de los servicios de emergencia, y no como vienen realizando la mayoría en los correspondientes a silvicultura. 

"No les interesan los bomberos"

Joaquín Sáez Murcia, coordinador de Bomberos de UGT, denunció que las administraciones demuestran que “no les interesan los bomberos, a pesar de que ellos son los que se están quemando las pestañas permanentemente”, y ha exigido “respeto y que se tenga en cuenta” a estos trabajadores, “porque perdemos muchas vidas y muchos padecen enfermedades provocadas por su trabajo”. De ello depende, ha subrayado Sáez Murcia, “la seguridad de los ciudadanos”.

"Se mira a los montes sólo cuando Santa Bárbara truena"
Ángel Rubio Gómez, coordinador de Silvícultura y Bomberos Forestales de UGT, ha pedido al Gobierno central y a las autonomías que se preocupen de los montes” los 365 días del año” y “no sólo cuando Santa Bárbara truena”, cuando “hay fallecidos, desgraciadamente”. Ha pedido que el personal sea contratado durante todo el año, que es lo que se requiere. “¿Le pedimos a los médicos que se vayan a casa cuando no les necesitamos?”, ha preguntado Rubio a modo de reflexión, antes de destacar que hay comunidades autónomas que “invierten en la extinción entre 70 y 100 millones de euros”.

La secretaria de Administración Autonómica y Local, Joana Mor Biosca, ha pedido un marco regulador a nivel nacional, que implique a todas las autonomías. “Ahora estamos aquí por lo que está pasando en Galicia o Asturias, si no, no estaríamos hablando de ello”.