La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación sobre las declaraciones de dirigentes de ERC, Adelante Andalucía y el BNG, que incluían insultos contra la Casa Real, denunciados por la asociación monárquica Concordia Real Española.

La Fiscalía considera que las acusaciones de organización criminal dedicadas a la Casa Real por parte del vicepresidente de Cataluña, Pere Aragonés, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, no son injuriosas ya que están amparadas por la libertad de expresión, según adelanta El Confidencial.

Los insultos a la Familia Real

En el caso de Aragonés, declaró que la Familia Real son "una organización criminal" y aseguró que la Monarquía "solo puede ser corrupta por definición". Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, advirtió que su partido seguiría pidiendo "que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción". La exdirigente de Podemos Teresa Rodríguez, presidenta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía llamó "ladrón" tanto al Rey emérito como a su hijo Felipe VI y aseguró que la Monarquía está "corrupta hasta el tuétano".

Los casos de Otegi o los neonazis

El Ministerio Público reconoce que se trata de afirmaciones rechazables, pero que no tienen recorrido penal porque entran en el terreno de la crítica y no constituyen delito, en concordancia con sentencias anteriores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como la que obligó al Estado español a indemnizar a Otegi al considerar que llamar al rey "jefe de los torturadores" cuando ejercía como portavoz de su grupo del Parlamento Vasco no suponía difundir un discurso de odio o incitación a la violencia que justifique una pena de prisión. 

Los fiscales han citado, además, la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el castigo penal a la negación de actos contra la humanidad, como el cometido por los nazis contra los judíos durante la segunda guerra mundial. El alto tribunal destacaba que la libertad de expresión es válida también para las ideas que "contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte de él".