La guerra entre la Generalitat y Hacienda llegó a su máxima expresión este miércoles, después de que Pere Aragonès. vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, anunciara ante los medios que llevaría al Gobierno Central ante los tribunales por el impago de los adelantos de 2019. 

Además, a fin de potenciar una mayor presión, el dirigente catalán realizó un llamamiento al resto de comunidades autónomas para que se sumaran a su prerrogativa. La Generalitat reclama el pago de 874 millones en concepto de adelantos pendientes de pago a la Administración autonómica pues, ha criticado, "el Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación". "Llevaremos al Gobierno a los tribunales por los adelantos del 2019, que son nuestros", sentencian.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha sido uno de los que ha apoyado la premisa que llegó desde Cataluña. El popular ha alegado que la reclamación de Aragonès evidencia que el Ministerio de Hacienda ha provocado un "problema global" y no descarta "ninguna vía". Así, a la espera de ver si se suma a la denuncia presentada por la Generalitat, el Gobierno ve cómo los problemas se le acumulan y las críticas llegan desde distintos frentes. 

El gallego se suma así a la preocupación mostrada públicamente por comunidades como Asturias, Cantabria, Extremadura y Aragón. En el caso de la Xunta se reclaman 700 millones de "forma urgente". "El Gobierno gallego no va a renunciar a ninguna vía para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos en defensa de los intereses de todos los gallegos", remarcan. 

Conocida la advertencia del vicepresidente catalán, desde Hacienda recordaron que la liquidación pendiente del IVA, fruto de un cambio normativo desarrollado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, "también se arreglaba en los Presupuestos" ya que, han recordado estas fuentes, se contabilizaba en los ingresos autonómicos un mes adicional pese a que "hubo mucha burla".

Además, Hacienda insiste: el proble existe, pero esta actualización requiere de un Gobierno que no esté en funciones.