Este jueves publicábamos una información según la cual una serie de diputados, en concreto media docena, habían ignorado la petición de la Comisión del Estatuto de los Diputados para que aclararan su situación, en principio incompatible o dudosa, entre sus cargos en el Congreso y las actividades que pretendían mantener de manera paralela (aquí el enlace). Una serie de diputados rebeldes entre los que destacaban la número dos del PP, al menos en el organigrama, María Dolores de Cospedal, el expopular Pedro Gómez de la Serna, más conocido por sus labores como comisionista junto al exembajador Gustavo de Arístegui, y un personaje poco conocido para el gran público fuera de Málaga y Huelva, José María García Urbano, número uno del PP en las listas por la primera de esas provincias, además de alcalde de Estepona, y al tiempo nada menos que titular del Registro número uno de la capital onubense.
Mostrábamos en la crónica la extrañeza ante esta situación, ya que por ley era obligatorio explicar ante la Comisión estas irregularidades, y allí donde se daban incompatibilidades dejar uno de los cargos. En los tres casos las salidas han sido diferentes según ha sabido ELPLURAL.COM en fuentes del propio Congreso.
Espantá antes del tercer aviso
En el caso de Cospedal, la incompatibilidad, ya informamos el pasado uno de abril en una crónica inicial, la Comisión había advertido que su cargo de dipudata era incompatible con el de Vocal del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid y pedía aclaraciones. Cospedal mantuvo silencio hasta que este mismo jueves se ha sabido en el Congreso que había presentado su renuncia al cargo taurino.
Nosotros mantuvimos hasta el último momento la duda porque en el Congreso se nos decía que no había presentado esta renuncia, y al tiempo la web de la Comunidad de Madrid de este organismo seguía recogiendo su nombre entre los vocales.
Todo por el puesto…, que paga mejor
Igualmente sonoro resultaba el silencio del diputado-alcalde-registrador José María García Urbano. Político, como decíamos, ubicuo, capaz de ser al mismo tiempo alcalde en Estepona, registrador de la propiedad en Huelva, y diputado en Madrid. A él, la Comisión del Estatuto del Congreso le había advertido no que fuera incompatible su actividad como alcalde y diputado, sino que lo era la de registrador y la de diputado, e incluso se le señalaban los artículos del reglamento y la LOREG que así lo especificaban.
García Urbano mantenía también silencio según pasaban los días. De hecho, nos aseguraban que su contestación no había llegado el miércoles. Pero al final, en esa duda, y posiblemente estimulado ante la evidencia de que esta legislatura tiene plazo de vida más bien corto, el prolífico personaje ha elegido dejar el escaño y quedarse con el registro. En las explicaciones dadas en Málaga el propio García Urbano ha dicho que anteponía la alcaldía de Estepona. El problema con esta explicación es que su incompatibilidad no era, como decimos, con la de edil, sino con la de registrador. Dedicación por la que, según medios andaluces, en 2014 percibió 320.000 euros. Cantidad imposible de confirmar, porque como se ve en su no declaración de bienes y rentas obligatoria en el Congreso, dejó en blanco todas las casillas correspondientes a especificar estas cantidades.
Mutis por el foro
Y por último, está el caso de Pedro Gómez de la Serna, que simplemente se ha mantenido en su postura de silencio total. Protección que utiliza desde que se descubrió que tenía una empresa, SCARDOVI, que con la colaboración del exembajador Arístegui, se dedicaba a ayudar ante las autoridades locales a empresas españolas que actuaban en el extranjero. La Comisión del Estatuto le había pedido que aclarara el objeto social y entregara un Estatuto de la empresa.
Una vez más, ante la evidencia de que a la legislatura le queda una semana, Gómez de la Serna, que ya fue repudiado por su partido, y está integrado en el Grupo Mixto, ha elegido dejar pasar los días que le quedan en el Convento.
