La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado una propuesta dirigida a la ciudadanía para frenar los efectos de la inflación y la crisis económica: un cheque de 300 euros para los más vulnerables.
"La inflación está golpeando a las familias. Se nota al hacer la compra o a la hora de cuadrar las cuentas a final de mes", ha comenzado introduciendo Díaz que, aún reconociendo que el Gobierno de Pedro Sánchez actuó con "rapidez y determinación", la situación requiere más esfuerzos, por lo que apuesta por "reforzar la protección frente a una crisis internacional.
A través de sus redes sociales, Díaz ha dado algunas pinceladas sobre las medidas que próximamente pondrá sobre la mesa del Gobierno de coalición: "Para reforzar la protección de la ciudadanía, apostamos por un cheque de 300€ para las personas más golpeadas por la crisis, como se ha puesto en marcha en Francia. Ante la subida de los precios por la inflación, toca proteger a las familias y su poder adquisitivo", ha anunciado como primer punto.
En segundo lugar, y en materia de transición ecológica y movilidad sostenible, ha abogado por reducir a la mitad el precio del transporte público ante el aumento del precio de los carburantes por la guerra de Ucrania: "Ante el aumento del precio de los carburantes, reducir un 50% el abono transporte", ha proseguido.
“Además, proponemos establecer un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas”, matiza.
Como última propuesta, Díaz también señala a las grandes empresas energéticas, las cuales han estado en el ojo del huracán desde que comenzó la crisis y, ahora deberán “hacer una contribución extra”: “Proponemos incrementar 10 puntos el tipo de sociedades para recaudar entre 1.500M y 2.000 M€”, adelanta la ministra.
Díaz se pone en la piel de la ciudadanía
Dichas medidas van en sintonía con la situación delicada que sufren actualmente los bolsillos de los trabajadores y las economías familiares. Por este motivo, la vicepresidenta segunda del Gobierno entiende que la población “no puede pagar” esta “inversión social y ecológica” en unos momentos tan “complicados”. “Las medidas excepcionales en un momento excepcional nos tienen que ayudar a llegar a ser la sociedad que queremos. Un país que mire al futuro y recupere la esperanza avanzando en el día a día”, concluye.
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