Con la vista puesta en el adelanto electoral previsto para el 29 de noviembre, este pasado fin de semana la extrema derecha anticipó una de sus primeras reformas en caso de que Vox llegara al Ejecutivo. El diputado de la extrema derecha Jose María Figaredo llamaba a una reforma del sistema de pensiones, que considera “quebradas”, y hacía alusión a la privatización de este sistema que, de forma mensual, abona su pensión a cerca de 10 millones de personas en España.
Unas palabras que se produjeron pocas horas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral y que ya han encontrado la crítica en el mismo jefe del Ejecutivo. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado los dos nuevos decretos de vivienda, Sánchez ha querido trasladar un mensaje de “absoluta tranquilidad” a los españoles y ha defendido que el actual sistema de pensiones tiene “una extraordinaria salud”. En esta línea, el presidente del Gobierno ha recriminado que derecha y extrema derecha siembren “preocupación” sobre la viabilidad del sistema, a la vez que ha advertido de que esto es la antesala de “un modelo de recortes”.
Esta reacción del Gobierno llega después de que Figaredo, en una entrevista concedida a El Debate, defendiera que “el sistema de pensiones es un zombi”. “Lo han quebrado. En 1988, la comisión del Pacto de Toledo diagnosticó con precisión las debilidades del sistema, y en casi 30 años no se ha aplicado ninguna medida correctora”, sostuvo el diputado de Vox. Una afirmación que toma bastante distancia de la realidad si se atiende a las reformas que se han aprobado en las últimas décadas.
En 2011, la reforma amplió la edad de jubilación a los 67 años y amplió el periodo de cálculo de la pensión de los últimos 15 a 25 años. Dos años después, en 2013 el Partido Popular (PP) dio luz verde a una reforma de pensiones con múltiples recortes, fruto de la mayoría absoluta de la que disponía entonces. Esta reforma semi congeló las pensiones de por vida y contaba con un “factor de sostenibilidad” para vincular la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en el futuro.
Al margen de ello, desde 2021 el gobierno progresista de coalición ha aprobado diferentes reformas de pensiones. Entre ellas, el Gobierno volvió a vincular la subida de las pensiones al IPC y reforzó el sistema a través de un aumento de los ingresos, con más cotizaciones sociales. Frente a todo ello, “la solución que plantea Vox requiere una reforma estructural hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual, como han hecho con éxito otros países europeos”. “El gasto en pensiones, la deuda, los costes salariales y la dependencia energética constituirán graves condicionantes en el futuro”, sostenía Figaredo.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tildado de “indignantes” las palabras del diputado de Vox y ha asegurado que el Gobierno “no va a permitir ni un paso atrás en derechos con esa garantía de revalorizar las pensiones de acuerdo a ley”.
Siguen las acusaciones de "pucherazo"
En otro orden de cosas, además de aventurar lo que podría pasar con el sistema público de pensiones, desde la extrema derecha insisten en las acusaciones de “pucherazo” y “fraude electoral”, a la vez que animan a no votar por correo.
"Es evidente que tenemos todas las reservas posibles, pero no nos asiste la inventiva cuando hablamos del voto por correo, nos asiste la experiencia", ha lanzado en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.
En esta línea, considera que Vox tiene que advertir “de estos precedentes”, mientras que insiste en “hacer un esfuerzo” y “votar presencialmente”, como ya hizo este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal.
Con ello, Millán ha mencionado las nacionalizaciones derivadas de la 'ley de nietos', que Vox considera un intento de alterar el censo electoral, como también las regularizaciones de inmigrantes. "Tenemos que tener todas las reservas posibles, porque el Gobierno y Sánchez pueden hacer cualquier cosa que esté a su alcance para permanecer en el poder, tenemos experiencias que nos dan razones para pensar que el Ejecutivo puede hacer cualquier artimaña", ha esgrimido.
Los de Abascal ya solicitaron el lunes a la Junta Electoral Central (JEC) que cumpla con el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspendió cautelarmente el derecho al voto exterior de los nacionalizados en virtud de la llamada 'ley de nietos' y no les incluya en el censo para las elecciones y al Alto Tribunal que tome medidas para "garantizar" que la suspensión cautelar del voto de extranjeros nacionalizados se aplique.
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