El Gobierno de coalición, que se vanagloria de haber colocado el acceso a la vivienda como uno de los pilares del Estado, ha engañado a decenas de ciudadanos a los que prometió no desahuciar de los pisos públicos, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en los que residen. El Ministerio de Seguridad Social, responsable de este organismo, y el Ministerio de Vivienda se comprometieron a frenar estas actuaciones e incorporar estos inmuebles, además de otros 800 vacíos, a la recientemente fundada Casa47. Sin embargo, la promesa ha resultado ser falsa.
Múltiples familias que habitan en estos inmuebles estaban siendo notificadas con órdenes de desalojo y los que se encontraban vacíos se estaban subastando, acabando en manos de fondos buitres, grandes especuladores e, incluso, el arquitecto imputado de la trama Gürtel. Una acción del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que penetró en la sede del organismo, consiguió frenar las actuaciones y obtener el compromiso de los departamentos de Elma Saiz y Isabel Rodríguez de que no habría desahucios y que las viviendas dejarían de malvenderse, pasando a incorporarse al parque público.
Nos sentimos estafados
“Tras varias horas de encierro y una reunión entre representantes del Sindicato, vecinas afectadas y los dos Ministerios, han accedido a las demandas: fin de las subastas de vivienda pública por parte de la TGSS y que las, al menos, 800 viviendas vacías que dispone la Tesorería pasen a formar parte del parque público de vivienda a través de Casa 47 con un alquiler asequible y permanente”, anunciaba la organización de vivienda, que además añadía que se producirían reuniones entre las partes para supervisar la evolución de la situación.
Todo esto, según ha denunciado el Sindicato de Inquilinas, ha resultado ser mentira. Una gran artimaña montada en el momento de la acción de protesta para acallar a los vecinos, pero cuyo acuerdo derivado se ha esfumado. “Nos sentimos estafados”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, revelando que los vecinos de la TGSS están recibiendo cartas de la subdirectora del organismo en las que reconoce que “no se ha operado ninguna actuación administrativa que altere el contenido ni la eficacia de los actos administrativos válidamente dictados” y, por lo tanto, “no puede paralizar las actualizaciones dirigidas a su recuperación mientras la vivienda permanezca bajo su ámbito de gestión”.
No permitiremos que se expulse a las inquilinas de las viviendas de la TGSS
Es decir, agarrándose a un subterfugio legal, la número dos de la TGSS certifica que los procedimientos de desahucios y las subastas de viviendas públicas van a seguir adelante, lo que supone un incumplimiento directo de los Ministerios de Seguridad Social y Vivienda. Una mentira que se extendió a los medios de comunicación y a la sociedad civil, a la que se trasladó que el acuerdo alcanzado con el sindicato era cierto. Por desgracia, no es la primera vez que pasa, pues Leyre Iglesias, presidenta de Casa47, ya mintió a las organizaciones, en marzo de 2026, cuando garantizó que no se subastaría más vivienda pública.
“No permitiremos que se expulse a las inquilinas de las viviendas de la TGSS”, dejan claro desde el Sindicato. “A pesar de estas promesas vacías y los titulares electoralistas, las inquilinas organizadas tienen claro que resistirán cualquier intento de desahucio, tanto en vía administrativa como las que llegan por vía judicial”, garantizan. “Esta lucha ya no es solo por sus viviendas, sino también por todo el parque público que se está privatizando mientras el Gobierno se llena la boca hablando del derecho a la vivienda”, zanja la organización.
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