Las víctimas del colegio Alborada, en Alcalá de Henares (Madrid), salieron con “muy buena impresión” de la reunión que mantuvieron el pasado martes, 3 de febrero, con el secretario de Estado y Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.
El encuentro tuvo una duración aproximada de una hora y media en la que los familiares pudieron expresarles su preocupación y el responsable ministerial les correspondió “desde el acompañamiento”, tal y como confirman fuentes de ambas partes.
Conscientes de que el Ministerio debe respetar los procesos judiciales -así lo reconoce, de hecho, el propio departamento- los familiares agradecen el trato y la atención recibida, y aseguran que es muy contraria a la que les ha aportado hasta el momento el Gobierno de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso.
“Fue completamente distinto, la Comunidad no nos ha hecho caso (…) y el Ayuntamiento de Alcalá no ha tenido ninguna deferencia hacia nosotros. No nos han dicho nada, contactado con las familias, ni dado ningún tipo de apoyo”, lamentan. “Y parece que vamos a tener que seguir esperando sentados”, prevén. Asimismo, ponen en valor la disposición desde el primer momento del secretario, a quien contactaron vía redes sociales y aceptó a reunirse con ellos.
Previa reunión, voces del departamento que dirige Sira Rego se referían a un trabajo llevado a cabo “desde la discreción y respetando el marco jurídico y las competencias”. Siempre teniendo claro que “hay que conocer este tipo de casos para poder elaborar reformas y trabajar con el objetivo de intentar generar marcos que permitan que este tipo de situaciones no se repitan”.
Sigue el curso judicial
El ‘caso Alborada’, que sigue el curso judicial, encuentra su origen en “aproximadamente” septiembre de 2024, cuando algunos docentes habrían dado la voz de alarma. Hablaban de comportamientos “extraños” o “inadecuados” de un ex cuidador. Todo se limitaban a “avisos” hacia la persona involucrada para que “depusiera” su actitud, pero en ningún momento se activaron “protocolos” ni “medidas”,
Con todo, no es hasta mayo de 2025 cuando el colegio toma medidas tras la denuncia de una profesora. La versión del centro es distinta: “Actuamos en cuanto tuvimos constancia”. “Cuando salió la noticia, en el momento en que una persona nos comunica lo que ha visto y lo que puede haber ocurrido, lo que ella considera, se acude a la Policía”.
Las víctimas han agradecido, incluso con un comunicado público; y no descartan dar más pasos en este sentido para “hacer más ruido” -que este periódico no puede revelar por ahora- la implicación de partidos como Izquierda Unida y especialmente Más Madrid, así como de los diferentes medios de comunicación que se han hecho eco de las actualizaciones.
La formación que en la Asamblea lidera Manuela Bergerot ha registrado varias preguntas sobre el dinero que recibe el espacio académico en calidad de concierto educativo de la administración Sol, mientras que el entorno de los niños mantiene las dificultades que están teniendo para avanzar con un tema que, aseguran, no se limita al Alborada.
Asimismo, lamentan que la dirección no los acompañó en ningún momento. Lo más que hicieron fue adjudicar profesionales “afines”, reuniones colectivas y, sobre todo, intentar que lo que había pasado no escapara a las cuatro paredes: “En las aulas cuando nos atendían se encontraban lo que se conoce como Mec, madres que llevan a sus hijos al colegio, pero como que se casan con él”, relatan.
“Se metían en las reuniones para hacer, digamos, el papel. Lloraban como que la situación estaba dañando al colegio e intentaban tranquilizarnos”. “Decían que creían en la palabra de Dios y que no pasaba nada”, concretan. Y como estas, otras situaciones similares, según ha tenido constancia este periódico tras consultar varios mails internos, decenas de testificales y testimonios en primera persona.
En términos estrictamente políticos, el subdirector del Alborada, Javier Doncel, es a su vez alcalde de Anchuelo por el Partido Popular. El Gobierno madrileño, bajo liderazgo de Esperanza Aguirre, cedió una parcela de terreno público de 24.000 metros cuadrados para levantar el edificio.
En la capital regional aparecen otros dos colegios -el Arenales y el Cambrils-, en su caso con una polémica añadida, y es que podrían haber incurrido en ampliaciones irregulares. De esta manera lo puso de manifiesto el PSOE de Madrid (PSOE-M) en el Ayuntamiento de Madrid, de José Luis Martínez Almeida.
La Comunidad de Madrid continuó concediendo ayudas y subvenciones a este centro, concertado y con vínculos históricos con el Opus Dei. La información pública solamente alcanza desde 2022 y reúne un total de nueve concesiones de cerca de 125.000 euros en total.
Si está afectado/a por el 'caso Alborada' y no sabe dónde acudir puede dirigirse a las siguientes direcciones:
Correo Electrónico: afectadosalborada@gmail.com
X: @afect_alborada
Instagram: afectadosalborada_