El juzgado de instrucción número uno de Santiago de Compostela investiga la supuesta retención ilegal de monjas de clausura originarias de la India en el convento de las Mercedarias, situado en el centro histórico de la capital gallega, tras una denuncia de una exreligiosa. La Iglesia lo niega.

Las monjas no habían conseguido abandonar el convento
La denuncia se remonta al pasado 7 de enero, cuando un exreligiosa relató en dependencias policiales de Madrid que varias de sus compañeras querían abandonar el convento y, hasta el momento, no lo habían conseguido. La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa reconoce que "toda persona tiene derecho a cambiar o abandonar su confesión religiosa.

Las amenazaron
Según la versión de las dos monjas, estaban retenidas contra su voluntad y cuando expresaron su deseo de abandonar el convento,  la madre superiora les amenazó diciéndoles que estaban en una situación irregular en España y, si se marchaban, serían deportadas a la India. Ambas llegaron al convento de Santiago cuando eran adolescentes. La Policía Nacional las liberó el pasado fin de semana y se encuentran en una casa de acogida bajo custodia judicial en Madrid.

El caso en manos de la Justicia gallega
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha informado este martes de que el pasado viernes se recibió un atestado del departamento de Extranjería y Fronteras, y esta unidad de la Policía Nacional se puso en contacto con la magistrada Ana López-Suevos, que autorizó que se comprobase que las mujeres que viven en este cenobio están en él por voluntad propia. Tras hablar con algunas de ellas, fueron en total tres las que expresaron su deseo de abandonar el centro, algo que hicieron el sábado, y en todos los casos acompañadas por una comitiva judicial, señala la misma fuente.

Dos mujeres deportadas aunque tenían permiso de residencia
Las indagaciones se centran ahora en conocer si es cierta la denuncia, y en descubrir el motivo por el que dos mujeres de la India con permiso de residencia fueron deportadas en 2011. También se trata de averiguar si las monjas que este fin de semana decidieron dejar este monasterio tenían acceso a su documentación para poder salir del centro libremente. La versión de las religiosas que dejaron el centro es que sufrían amenazas y coacciones.

La operación sigue abierta, aunque por el momento no ha habido detenciones y tampoco ha sido nadie citado a declarar.

El Arzobispado lo niega
El Arzobispado de Santiago ha señalado que el verano pasado dos religiosas pidieron la exclaustración y ésta comenzó a tramitarse. Ambas, originarias de la India, iniciaron un proceso llamado de "discernimiento", planteándose la posibilidad de dejar la comunidad, y así lo solicitaron formalmente después de las últimas Navidades, concretamente el 14 de enero, precisa la nota.

La solicitud fue a la superiora, que dio curso a esta cuestión y, "en ningún caso", en esta dispensa de votos se pidió "abandonar" el cenobio antes de que se llevaran a cabo todos los trámites correspondientes, "al menos nunca lo hicieron constar a la autoridad diocesana".

Las diligencias, subraya el Arzobispado en un comunicado remitido a la prensa, no iban a demorarse más de un mes desde la remisión de la documentación a la congregación correspondiente de la Santa Sede, la cual "quedó concluida a nivel diocesano el pasado 21 de enero". Por esta razón, ha "sorprendido" la denuncia de la otrora religiosa y "el revuelo informativo".

Las religiosas mercedarias de Santiago que proceden de fuera de España viajan cada siete años a sus países de origen por un tiempo de dos meses regresando a la comunidad, concluido ese período, "voluntaria y libremente".

El alcalde se enteró por casualidad
Las religiosas que ahora dejaron el convento de las Mercedarias estuvieron hace un año y medio, señala el Arzobispado, con sus familias de origen, y "regresaron libre y voluntariamente", y se especifica que no son "recién llegadas", dado que forman parte de la comunidad mercedaria desde hace entre 15 y 17 años.

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha incidido en la necesidad de que avance la investigación, puesto que urge el esclarecimiento al ser "hechos de extrema gravedad". El primer edil ha explicado que tuvo constancia de lo sucedido de manera colateral, a través de una consulta acerca de cómo proporcionar un techo a personas en situación vulnerable.