El magistrado Juan Carlos Peinado impuso este sábado la apertura de juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, además de otras diligencias como la retirada de su pasaporte e interrogatorios judiciales periódicos. Bajo el criterio del togado, existe "riesgo de fuga" que requiere la aplicación de estas medidas cautelares ante las que no cabe recurso ni de las defensas ni de la Fiscalía. Por ello, la última bala de Begoña Gómez para evitar el juicio es que los superiores de Peinado, es decir, la Audiencia Provincial de Madrid, revoca alguna de sus decisiones.
El abogado de la esposa de Sánchez solicitó en mayo al juez Peinado que, antes de seguir adelante con el procedimiento para enviarla al banquillo, esperase a las respuestas de la Audiencia de Madrid sobre los numerosos recursos que hay sobre la mesa, lo cual suele ser, además, lo normal, que los instructores judiciales esperen a conocer la decisión de la instancia superior antes de proceder a las últimas decisiones. "La estimación de cualquiera de los recursos pendientes obligaría a retrotraer las actuaciones a un momento anterior al que actualmente se encuentra el procedimiento, con el consiguiente dispendio de tiempo y medios judiciales que ello comportaría, así como el perjuicio que dicha situación ocasionaría a todas las partes personadas", argumentaba Antonio Camacho, exministro socialista y abogado de Gómez. Peinado, no obstante, ha hecho caso omiso.
A la espera de la Audiencia de Madrid
La Audiencia de Madrid tiene pendiente su veredicto sobre los recursos presentados contra varias de las decisiones de Peinado, entre ellas, la de procesar a Begoña Gómez y o de que un jurado popular enjuicie el caso. Tanto las defensas como la Fiscalía alegaron contra estas iniciativas, esta última denunciando continuos excesos del juez y tras haberle reclamado de manera insistente que archive la causa, sin éxito.
Anteriormente, el tribunal provincial ya le anuló a Peinado en febrero de este 2026 una primera resolución que emitió con el objetivo de transformar la causa en un proceso con jurado popular. La Audiencia de Madrid le reprochó que ese dictamen evidenciaba una "falta de fundamentación", y le afeó que ni siquiera había hecho esfuerzo argumentativo alguno para justificar esa decisión. En marzo, el togado volvió a la carga y la decisión volvió a ser recurrida, ahora pendiente de resolución.
La instrucción contra Begoña Gómez echó a andar en abril de 2024 y, desde entonces, la Audiencia de Madrid ha avalado a Peinado para seguir adelante con la línea principal de sus pesquisas, aunque le ha desautorizado en varias ocasiones al tirar por tierra los intentos de extender sus indagaciones y al vetar algunas de sus decisiones. Por ejemplo, el tribunal le prohibió continuar con sus deseos de investigar el rescate de la aerolínea Air Europa y la relación profesional de la esposa del presidente con el Instituto de Empresa (IE), y ha levantado imputaciones que, a su criterio, no eran procedentes, como las de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); de Juan José Güemes, alto cargo de IE y consejero autonómico durante los Gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre; y de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
De la misma manera, la Audiencia Provincial de Madrid desautorizó la intención de Peinado de abrir un segundo juicio contra Begoña Gómez por malversación y vetó el registro que ordenó en la casa y compañías del empresario Juan Carlos Barrabés cuando estaba ingresado en el hospital por una enfermedad. El tribunal le dijo al instructor que había vulnerado sus derechos fundamentales y que esa medida había sido tomada sin que fuese urgente. "No se puede obtener la verdad real a cualquier precio", fallaron.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
