Este martes el Consejo de Ministros aprobará el ascenso del actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste Arenillas, al siguiente escalafón: general de brigada. Con este movimiento, del que ha informado elDiario.es y que se produce en un momento en el que la UCO se encuentra en el foco de numerosas investigaciones como las que rodean a Begoña Gómez, al exfiscal general del Estado o en el propio ‘caso Koldo’, entre otras, se abre así un proceso de reestructuración y sucesión en el órgano interno de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil.
En el momento de conocerse la noticia, ElPlural.com ha contactado con la UCO con el fin de ampliar detalles sobre cuál es el siguiente paso a dar después de que la jefatura quede libre, cuánto tiempo se puede prolongar esto último y, en general, una valoración sobre el conjunto del procedimiento. Sin embargo, la UCO se ha negado a dar declaraciones al respecto. Pese a ello, lo que sí se conoce es que en las próximas semanas la unidad anticorrupción deberá mover ficha obligatoriamente con el fin de colocar a alguien en su cúpula. Al hilo de ello, según ha podido saber El País, fuentes del instituto armado colocan los motivos de este movimiento como parte de los relevos por ascenso que se producen de forma anual.
En este sentido, cabe señalar que el pasado mes de octubre los generales de brigada Francisco Javier Sánchez Gil -en la Jefatura de Servicios Técnicos- y Arturo Prieto Bozec -máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana- pasaron a la reserva, tras cumplir los cuatro años que marca la ley como general de brigada. Tras ello, el generalato quedaba desierto, por lo que se puso en marcha el proceso para encontrar relevo. Entre los candidatos, figuran aquellos coroneles que han superado los dos últimos cursos de ascenso al generalato, algo que Yuste había conseguido. Además, sobre el caso del actual jefe de la UCO, cabe destacar que era el número 1 de su promoción, por lo que las posibilidades de optar al ascenso eran mayores, aunque le corresponde a un órgano colegiado la tarea de fijar el orden de preferencia. De esta forma, es este órgano el que elabora una lista de candidatos a la Dirección de la Guardia Civil, pasando posteriormente esta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lo consensúa junto a la titular de Defensa, Margarita Robles.
No obstante, cabe destacar en este punto que el ministro del Interior no tiene por qué adjudicar las plazas de general de acuerdo al orden que fije el órgano colegiado, aunque si no lo hace, lo debe justificar. Un ejemplo de ello se reflejó en el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos que llegó a recurrir hasta en dos ocasiones la decisión de Interior que ponía por delante de él las candidaturas de otros tres oficiales de la Guardia Civil. Pese a ello, en el caso de Yuste, Grande-Marlaska sí seguirá el orden establecido por el órgano, de forma que los dos ascendidos serán el todavía coronel Yuste y el oficial que ocupaba el segundo puesto en la lista.
Tras todo ello, el siguiente paso será el de la elección del nuevo jefe de la UCO, tarea que le compete a Interior. En el caso de Yuste, llegó a la jefatura cuando el último en el cargo, Alfonso López Malo, ascendió a general de brigada para ostentar la Jefatura de Policía Judicial. Sin embargo, en ese momento la UCO no se encontraba en el foco de la actualidad mediática y política vinculada a las múltiples causas abiertas como las que ahora sacuden a la esposa del presidente del Gobierno o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, o al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La doble velocidad en el 'modus operandi' de la UCO
Independientemente de cuál sea la fecha en la que se nombre a la nueva cabeza de la UCO, cierto es que estos últimos movimientos en la estructura interna de la unidad de la Guardia Civil coinciden con las múltiples investigaciones abiertas por presunta corrupción en las que, aunque este órgano adquiere un papel determinante, no juega con las mismas cartas en todas las causas.
Con el telón de fondo de que este lunes 1 de diciembre se cumplen 157 días en los que la UCO sigue sin aportar el informe que le solicitó Anticorrupción sobre la causa que rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, continúa siendo llamativa la celeridad con la que la UCO trabaja en unas causas y los retrasos y lentitud que se están apareciendo en otras. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado 23 de noviembre la brigada de la Guardia Civil que dirige el teniente coronel Antonio Balas admitió en las páginas de El Mundo que no ha iniciado todavía la investigación sobre González Amador para esclarecer si, además de fraude fiscal y falsedad documental, el novio de la responsable de Sol pudo incurrir en corrupción en los negocios. Lejos de asumir responsabilidades, la justificación de ello recayó en los retrasos de la Justicia, tal y como alegaron.
Mientras siguen pasando los días sin un informe y ni siquiera un inicio de la investigación sobre González Amador, la UCO aprieta el acelerador en otras causas como la que señala al ex secretario de Organización de los socialistas. El pasado 18 de noviembre se conocía que los agentes de la UCO habían señalado a Cerdán y a su “entorno familiar" por haberse beneficiado de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de la obra pública bajo investigación del Tribunal Supremo (TS) por medio de cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito; un montante que habría ascendido a cerca de 8.000 euros. Con ello, situaron a la mujer de Cerdán como contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran -una cooperativa de Antxon Alonso- y Koldo en 2015, por lo que recibió 9.500 euros. También la hermana del excargo socialista, Belén, quien, según la UCO, recibió de Servinabar “entre febrero y junio de 2020 un total de 22.324,51 euros". Como tercer señalado, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, contratado por la empresa entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.
Algo similar sucede en la investigación que centra el foco en Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En este caso, la UCO sí que respondió con mayor celeridad a la petición del juez Peinado, instructor del Juzgado Número 41 de Madrid, el cual constaba de más de un centenar de correos electrónicos en 34 páginas de extensión en clave de investigación a la asesora de la mujer del presidente del Gobierno en Moncloa, Cristina Álvarez y quien intercedió en hasta una quincena de patrocinadores para la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), esencialmente, con el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio. En un plazo que dio el juez de dos días a la UCO, esta entregó dicho informe el pasado 29 de septiembre después de que Gómez, además de su asesora y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, no acudiesen a la cita con Peinado para confirmar el jurado popular que juzgaría a Gómez ateniéndose a un artículo de la Ley de Juzgados.
En este mismo orden de cosas, pero con otra causa diferente, la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también es prueba de este modus operandi a dos velocidades por parte de la UCO. El pasado 12 de noviembre se conocía que la UCO había acortado una conversación entre dos colaboradores con el fin de reconducir su acusación a García Ortiz. Los agentes de la UCO dedujeron en uno de sus atestados que Diego Villafañe, máximo colaborador de García Ortiz y responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, aludió a una presunta promoción profesional de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, la misma noche en la que se produjo la filtración del correo que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso envió al Ministerio Público reconociendo un doble fraude fiscal. Sobre ello, cabe recordar que la fiscal provincial estuvo imputada en la causa.
De la conversación extraída por la UCO y que trascendió en sede judicial, se suscribe que Villafañe escribió a Rodríguez: “Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. A lo que esta contestó: “Ay, en qué estarás pensando”. El miembro del Ministerio Público respondió que “todo bueno”. Una conversación de la que la UCO ha deslizado que la colaboración de la fiscal provincial en el presunto delito de revelación de secretos podría tener la consecuencia directa de su futuro ascenso laboral. No obstante, la conversación no acababa en este punto. Tal y como mostró la abogada del Estado y defensa del fiscal general, Consuelo Torres, había una parte eliminada. La realidad sitúa que Rodríguez tenía un asunto de corte personal y médico que le estaba relatando a Villafañe. A preguntas de la letrada, el coronel Antonio Baladas ha argumentado que se omitió por “motivos de privacidad”.
Al margen de estas causas, pero de reciente actualidad, el nombre de la unidad de la Benemérita ha vuelto a resonar estos últimos días en el marco del ‘caso mascarillas’ que sacude a la Diputación de Almería (PP). El pasado miércoles los agentes encontraron 7.620 euros en efectivo del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, escondidos en la despensa de su hermana. En concreto, la UCO señaló que el popular tenía esta cantidad en fajos de billetes de 50 euros con una etiqueta que ponía "este dinero es de Javier Aureliano". Cabe recordar que Javier Aureliano fue detenido el pasado 18 de noviembre por su implicación en una trama de mordidas y blanqueo de dinero a cambio de adjudicaciones públicas amañadas en la Diputación de Almería. Además, la UCO encontró armas en la casa del exvicepresidente de la Diputación y del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez López. La Guardia Civil intervino en una despensa de la casa de la hermana del exvicepresidente, que tenía 7.620 euros en fajos. También distintas anotaciones de distintas empresas para intentar conseguir mordidas con dinero a la baja.